Los múltiples hostigamientos y amenazas a diputados de oposición en la Asamblea Nacional son parte de la política de represión contra cualquier forma de disidencia que el régimen de Nicolás Maduro ha desplegado en los últimos años en Venezuela, señaló este miércoles Amnistía Internacional (AI).
«Repetida y sostenidamente las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro han intentado desmantelar cualquier forma de disidencia política por medio de graves violaciones de derechos humanos, que han incluido el uso de la tortura, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Amnistía ha tenido conocimiento de lo que podría suponer la desaparición forzada de los diputados Gilber Caro y Víctor Ugas, detenidos por supuestos agentes del Estado el 20 de diciembre de 2019, refirió la organización en un boletín.
«Si bien ambos fueron presentados ante un juez, las autoridades negaron a sus familiares cualquier información sobre el lugar de su detención», anotó.
Asimismo, señaló, las campañas de estigmatización y amenazas contra miembros de la oposición, como los ataques contra la diputada Delsa Solórzano, son ejemplos que se suman al persistente acoso e intimidación de diputados de oposición y trabajadores de la Asamblea Nacional que han sido detenidos arbitrariamente.
«La escalada de violencia en Venezuela se ve reflejada en la situación de vulnerabilidad que día a día atraviesan las personas venezolanas. Decenas de miembros de la oposición se han visto forzados a huir y pedir asilo ante las amenazas por parte del Gobierno de Maduro», declaró Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Añadió que «casi cuatro millones de venezolanos abandonaron el país hacia diferentes lugares de la región y cerca de 145,000 se encuentran en la Argentina».
La oficina regional de AI indicó que «continuará alerta ante esta nueva crisis política alrededor de la Asamblea Nacional y ante el riesgo de que se repitan detenciones arbitrarias u otros ataques que puedan incluir agresiones a diputados y periodistas, campañas de estigmatización, restricciones de la libertad de movimiento, amenazas a su integridad física, tortura y allanamientos ilegales».
Finalmente, AI llamó a la Misión de la ONU encargada de investigar a los responsables de haber cometido crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones a derechos humanos en Venezuela a poner atención a esta nueva ola de represión.
«Las autoridades venezolanas deben recordar que estas violaciones a derechos humanos pueden constituir crímenes bajo el derecho internacional que no quedarán impunes», puntualizó.
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