Al menos 19 agencias federales han puesto en marcha o están considerando poner en marcha un sistema de seguimiento de las solicitudes de exención religiosa para las vacunas obligatorias, según una revisión de los avisos del Federal Register realizada por The Epoch Times.
Las agencias incluyen los departamentos de Justicia, Salud y Servicios Humanos, Transporte y Hacienda.
La Fundación Heritage, un grupo conservador, fue la primera en informar sobre la medida y advirtió que podría ser un plan piloto de prueba para controlar a todos los trabajadores federales. El sistema rastrea las solicitudes de exención religiosa de los empleados de las agencias federales, así como cualquier contratista, consultor, pasante y voluntario asociado a ellos.
Basándose en su revisión del nuevo sistema de seguimiento (y en la elección de la poco conocida Agencia de Servicios Previos al Juicio para implementar la base de datos), la Fundación Heritage calificó el sistema como una «prueba» para una base de datos a nivel nacional de todas las solicitudes de exención religiosa realizadas por los trabajadores federales. La Agencia de Servicios Previos al Juicio recopila información y hace recomendaciones sobre los acusados recién arrestados en el sistema penal federal.
«Es probable que la Administración Biden esté utilizando estas agencias para probar sigilosamente una política que pretende desplegar en todo el gobierno», escribieron los abogados de la fundación en un análisis del sistema de seguimiento.
Los avisos del nuevo sistema de seguimiento solo se hicieron públicos en el Federal Register, el diario del gobierno federal. La noticia del sistema suscitó las críticas de varios funcionarios conservadores.
«La Administración Biden debe desmantelar inmediatamente la base de datos orwelliana», escribió el fiscal general de Misuri, Eric Schmitt, en un comentario público que publicó en regulations.gov. «No hay libertad más sagrada en nuestra Constitución que la libertad de expresión y la práctica religiosa».
Calificó la medida de «alarmante» y dijo que tenía «un efecto escalofriante sobre el ejercicio de la religión de los ciudadanos». El fiscal general dirigió sus declaraciones específicamente al secretario de Transporte, Pete Buttigieg.
«En lugar de dar al público tiempo suficiente para opinar sobre la conveniencia o la legalidad de la recopilación de esa información personal, la base de datos del Departamento de Transporte, en particular, entró en vigor el mismo día en que se publicó», dijo Schmitt.
Las 19 agencias que anunciaron la puesta en marcha del sistema de seguimiento no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Ninguna de las notificaciones publicadas en el Federal Register anunciando los sistemas de seguimiento indica por qué se estaban rastreando las exenciones religiosas o qué planea hacer la Administración Biden con la información recopilada.
Las descripciones del sistema de seguimiento de exenciones religiosas no nombran específicamente la vacuna contra la COVID-19 como una de las órdenes. Sin embargo, los avisos sí afirman que el nuevo sistema responde a las directrices emitidas por el recién creado Grupo de Trabajo para la Seguridad de la Fuerza Laboral Federal bajo la orden ejecutiva de Biden, que estableció la vacunación obligatoria contra la COVID-19 en todo el país.
«Este sistema de registros mantiene la información personal religiosa recopilada en respuesta a las solicitudes de acomodación religiosa para la excepción religiosa del requisito de vacunación por mandato federal en el contexto de una emergencia de salud pública o un incidente similar de salud y seguridad, como una pandemia, epidemia, desastre natural o nacional o regional», dice uno de los avisos.
El sistema de seguimiento incluirá nombres e información religiosa personal, según los avisos.
«Como el mayor empleador del país, con más de cuatro millones de empleados civiles y militares, el gobierno federal ha recibido decenas de miles de solicitudes de exención religiosa», escribió The Heritage Foundation en su informe actualizado.
«Ahora parece que un número cada vez mayor de agencias federales están guardando y conservando los nombres de esas personas, la información religiosa, la información de identificación personal y otros datos almacenados en listas de múltiples agencias gubernamentales».
La semana pasada, la Corte Suprema anuló la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que obligaba a vacunar contra la COVID-19 a los empleados de las empresas privadas con más de 100 empleados.
Sin embargo, el tribunal no anuló la orden de vacunación para los profesionales sanitarios o los miembros del ejército. Esos empleados solo pueden evitar la vacuna contra la COVID-19 solicitando una exención religiosa.
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