Los alcaldes demócratas de un puñado de ciudades santuario han solicitado USD 5.000 millones procedentes de los impuestos federales para ayudarles a soportar los abrumadores costes asociados a la afluencia de inmigrantes ilegales a sus comunidades.
En una reciente carta al presidente Joe Biden, consultada por The Epoch Times, los alcaldes de Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles y Nueva York afirman que el impacto financiero de la crisis fronteriza en sus comunidades ha sido inmenso y que sus necesidades superan con creces los 1400 millones de dólares de financiación adicional propuestos por el gobierno de Biden para ayudarles a hacer frente a la situación.
«En estos momentos, Denver está gastando casi 2 millones de dólares a la semana en refugio, la ciudad de Nueva York ha superado los 1700 millones de dólares de gasto y Chicago ha gastado más de 320 millones de dólares», afirma la carta conjunta, firmada por los cinco alcaldes: Brandon Johnson de Chicago, Mike Johnston de Denver, Sylvester Turner de Houston, Karen Bass de Los Ángeles y Eric Adams de Nueva York.
El flujo de personas a través de la frontera entre Estados Unidos y México ha alcanzado cifras récord, por lo que el número de refugios disponible ha disminuido en las comunidades más afectadas por la afluencia. Se ha informado de casos de inmigrantes ilegales que duermen en vestíbulos de comisarías de policía en Chicago, una terminal de cruceros se ha convertido en albergue en Nueva York y el número de solicitantes de asilo que llegan a Denver se ha multiplicado por diez, lo que ha reducido la capacidad de los albergues.
«Nuestras ciudades necesitan recursos adicionales que superan con creces la cantidad propuesta para atender adecuadamente a los solicitantes de asilo que entran en nuestras comunidades», escribieron los alcaldes, añadiendo que depender de los presupuestos municipales no es suficiente y que se han visto obligados a recortar servicios esenciales de la ciudad para atender las necesidades de las personas que entraron ilegalmente en el país.
«Solicitamos una asignación de USD 5.000 millones para cubrir los gastos en los que ya han incurrido nuestras ciudades y para seguir atendiendo al creciente número de personas que llegan a nuestras comunidades», añadieron.
Los alcaldes hacen otras peticiones en su carta, entre ellas acelerar «drásticamente» la autorización de trabajo a los inmigrantes ilegales para que puedan encontrar empleos legales una vez que cruzan la frontera.
«Sin un camino hacia el trabajo legal, sabemos que estos recién llegados no tendrán más esperanza que acabar sin hogar o dependiendo de las ayudas públicas a largo plazo», escribieron.
Los líderes demócratas también pidieron un «enfoque federal colaborador» que distribuya a los recién llegados en función de la «capacidad disponible compartida», lo que podría obligar a las ciudades no santuario -aquellas que no dan la bienvenida a los inmigrantes ilegales limitando o negando su cooperación con las autoridades federales de inmigración en asuntos como la deportación- a aceptar una parte.
Emilie Simons, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo a The Associated Press que el gobierno de Biden está trabajando en algunos de los temas planteados en la carta de los alcaldes.
«Estamos comprometidos a apoyar a las jurisdicciones locales que acogen a migrantes que han llegado recientemente al país. Vamos a seguir prestando apoyo de todas las formas posibles», dijo a la agencia, añadiendo que la administración está trabajando para reducir a 30 días el tiempo que se tarda en procesar a los inmigrantes ilegales.
La crisis fronteriza se ha convertido en un problema político para el presidente Biden, cuyas políticas fronterizas, según los republicanos, son laxas y han propiciado la entrada de cifras récord de inmigrantes ilegales en el país.
El gobierno de Biden ha respondido a la afluencia ofreciendo incentivos -como autorizaciones de trabajo- a las personas que solicitan entrar legalmente en el país.
También ha endurecido algunas normas destinadas a reducir el número de cruces fronterizos ilegales, como el anuncio en enero de que Estados Unidos empezaría a rechazar inmediatamente a los cubanos, haitianos y nicaragüenses que cruzaran ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
Los republicanos han dicho que esto es demasiado poco y demasiado tarde.
Abrirnos a un ataque terrorista
Alrededor de 10 millones de inmigrantes ilegales han entrado en Estados Unidos desde que el presidente Biden asumió el cargo, con aproximadamente 8 millones de detenciones y 1.7 millones de «fugitivos», o aquellos que eludieron la captura, según el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
En septiembre, más de 269,000 personas fueron detenidas cruzando ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, una cifra récord para un solo mes.
«Joe Biden ha creado esta crisis», dijo el senador Pete Ricketts (republicano por Nebraska) en una rueda de prensa esta semana después de que él y otros senadores del Partido Republicano visitaran la frontera entre Estados Unidos y México y se enteraran por la Patrulla Fronteriza que los agentes habían capturado a personas que cruzaban ilegalmente la frontera portando artefactos explosivos «hechos a medida para el terrorismo».
Ricketts dijo que, debido a lo que calificó de políticas fronterizas «fallidas» del Presidente Biden, en septiembre se detuvo a 18 personas incluidas en la lista de terroristas que entraron ilegalmente en Estados Unidos, y 172 el año pasado.
«Para poner esto en perspectiva, en años anteriores, ese número era de un solo dígito», dijo Ricketts.
«Nos estamos abriendo a un ataque terrorista».
Ricketts dijo que lo más importante que podría hacer la administración de Biden es restaurar la política de «Permanecer en México» de la era Trump.
«Tendrías consecuencias por venir aquí ilegalmente, y pondrías fin a las oleadas de personas que vienen aquí», dijo.
Bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), apodados el programa «Permanecer en México», los solicitantes de asilo debían esperar en México sus audiencias judiciales en Estados Unidos. El programa fue suspendido por el Presidente Biden.
La Casa Blanca no respondió a las peticiones de comentarios sobre las declaraciones en las que se culpaba al presidente de la crisis fronteriza.
En una solicitud de fondos suplementarios al Congreso el 20 de octubre, el presidente Biden pidió unos 13,600 millones de dólares para la protección de la frontera, incluido dinero para contratar a 1300 agentes de la patrulla fronteriza adicionales y 1600 nuevos funcionarios de asilo.
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