La oficina de un alguacil de Texas anunció que se presentaron cargos por delitos graves en relación con los vuelos de inmigrantes ilegales desde San Antonio a Martha’s Vineyard en Massachusetts organizados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el otoño pasado.
La investigación fue iniciada en septiembre por el alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, un demócrata respaldado por el Texas Organizing Project, de extrema izquierda, que se opone a la deportación de inmigrantes ilegales y apoya el fin de los “encarcelamientos masivos”.
Una declaración dada a conocer a The Epoch Times dijo que la Oficina del Alguacil del Condado de Bexar había presentado oficialmente un caso penal completo ante la Oficina del Fiscal de Distrito del condado con respecto a la reubicación de 49 “migrantes”.
“El cargo presentado es restricción ilegal, y se presentaron varias denuncias, tanto de delito menor como de delito grave. En este momento, el caso está siendo revisado por la oficina del fiscal. Una vez que haya una actualización disponible, se dará a conocer al público”, dice el comunicado.
Pero la declaración no decía quién fue acusado.
Mientras tanto, el principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley de California calificó como un «secuestro» el transporte de inmigrantes ilegales fuera de los estados y anunció una investigación sobre vuelos similares a Sacramento, donde supuestamente llegaron inmigrantes ilegales con documentación de Florida.
Ambas investigaciones parecen estar dirigidas al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien recientemente lanzó una candidatura a la presidencia. El popular gobernador de Florida ha rechazado la inmigración ilegal sin restricciones.
Salazar dijo en Twitter el otoño pasado que había abierto una investigación sobre aquellos “que atrajeron y transportaron” a los migrantes que cruzaron ilegalmente a Texas.
El condado de Bexar incluye a San Antonio, un enclave liberal en un estado rojo.
El fiscal del condado de Bexar, Joe Gonzales, también es un demócrata que recibió dinero de un Comité de Acción Política (PAC) financiado por George Soros, según Fox News.
Abogados de Derechos Civiles en Boston presentaron una demanda colectiva federal de derechos civiles el año pasado contra DeSantis, el secretario del Departamento de Transporte de Florida, el secretario Jared Perdue, el Estado de Florida y sus “cómplices, desafiando el esquema fraudulento y discriminatorio para transportar a casi 50 personas inmigrantes vulnerables, incluidas mujeres y niños, desde San Antonio, Texas hasta Martha’s Vineyard sin refugio ni recursos disponibles”, según un comunicado.
La demanda se presentó en nombre de una clase de inmigrantes afectados, incluidos los inmigrantes varados en Martha’s Vineyard y Alianza Americas, una red de organizaciones dirigidas por inmigrantes que apoyan a inmigrantes en todo Estados Unidos, según el comunicado.
Una mujer identificada por los medios de comunicación como Perla Huerta, exagente de contrainteligencia del ejército de EE.UU., presuntamente entregó tarjetas de regalo de McDonald’s por valor de USD 10 a unas 50 personas, según la demanda.
A los inmigrantes ilegales, muchos de los cuales eran venezolanos, supuestamente se les dijo que, si estaban dispuestos a abordar aviones a otros estados, recibirían servicios sociales.
DeSantis se atribuyó el mérito de enviar los aviones de Texas a Massachusetts. Recientemente solicitó que se desestimara la demanda contra él y el estado.
En septiembre, el director de comunicaciones del gobernador dio una declaración a los medios en la que decía que los vuelos eran parte del “programa de reubicación de Florida para transportar inmigrantes ilegales a destinos santuario”.
“Estados como Massachusetts, Nueva York y California facilitarán mejor el cuidado de estas personas a las que han invitado a nuestro país al incentivar la inmigración ilegal mediante su designación como ‘estados santuario’ y el apoyo a las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden”, según la declaración.
La Legislatura de Florida, controlada por los republicanos, destinó USD 12 millones para transportar inmigrantes ilegales fuera del estado.
La solicitud de presupuesto de DeSantis en diciembre nombró a Martha’s Vineyard y Delaware, el estado natal del presidente Joe Biden, como destinos para enviar inmigrantes ilegales.
Martha’s Vineyard es una isla elegante donde habitan ricos y famosos. El expresidente Barack Obama compró allí una propiedad de USD 12 millones en 2019.
Mientras tanto, el fiscal general de California Rob Bonta, un demócrata, anunció el 2 de junio que está investigando las circunstancias que rodean el transporte de inmigrantes ilegales a su estado.
“Si bien esto aún está bajo investigación, podemos confirmar que estas personas estaban en posesión de documentación que supuestamente era del gobierno del estado de Florida”, dijo.
“El secuestro sancionado por el estado no es una opción de política pública; es inmoral y repugnante”, dijo.
Bonta denominó a los líderes estatales o a los particulares que transportan inmigrantes ilegales a otros estados como “crueles” y “odiosos”.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, y el exgobernador de Arizona, Doug Ducey, también enviaron inmigrantes ilegales a ciudades controladas por los demócratas, algunas de las cuales se han declarado “ciudades santuario”.
Abbott ha criticado la política de fronteras abiertas de Biden, política que los conservadores tachan como la responsable de la crisis de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera sur con México.
El reportero de The Epoch Times, Frank Fang, contribuyó a este artículo.
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