![(Shane T. McCoy/Alguaciles de EE. UU. vía flickr) [CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ]](https://es.theepochtimes.com/assets/uploads/2020/09/50264908657_b8255520ed_c-795x447.jpg)
Los alguaciles de EE. UU. que realizan un examen de la cárcel de Washington que alberga a los acusados del 6 de enero encontraron «deficiencias» en ella, según revela un nuevo expediente judicial.
Muchas personas acusadas de delitos relacionados con el asalto al Capitolio de EE. UU. del 6 de enero están recluidas en el Centro de Tratamiento (CTF), incluido Robert Gieswein.
Los alguaciles realizaron una inspección sorpresa de la cárcel en el otoño de 2021. El alguacil en funciones de EE. UU. para el Distrito de Columbia, Lamont Ruffin, dijo en ese momento que los agentes encontraron «evidencia de fallas sistémicas», incluyendo evidencia de que el agua fue cortada a los reclusos como castigo, en otra parte de la cárcel, el Centro de Tratamiento Central.
También dijo que las condiciones en el CTF «se consideraron en gran medida [como] apropiadas y coherentes con las normas federales de detención de presos».
Sin embargo, el fiscal de EE. UU. Matthew Graves dijo en un nuevo documento en el caso de Gieswein que los alguaciles han estado supervisando las condiciones en ambas partes de la cárcel del Distrito de Columbia y que, en el tiempo transcurrido, «han observado deficiencias adicionales en su supervisión, incluyendo varias deficiencias en el CTF».
El tribunal ha ordenado al servicio que elabore un informe sobre las condiciones en la cárcel. El servicio proporcionará ese informe a los jueces federales en Washington a finales de esta semana, según Graves.
Pidió una semana más para responder en nombre del servicio con respecto a las condiciones en la cárcel «porque la información de ese informe está siendo verificada».
Los defensores públicos que representan a Gieswein dijeron que no se oponían a dar al gobierno una semana adicional para responder, pero pidieron al tribunal que no retrasara una audiencia prevista para el 19 de enero.
El Departamento Correccional del Distrito de Columbia (DOC), los alguaciles de EE. UU. y un abogado de Gieswein no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Las condiciones de la cárcel han sido juzgadas como deficientes durante meses, lo que ha provocado una orden de traslado de más de 400 reclusos del centro a otras cárceles.
El juez de distrito de EE. UU. Royce Lamberth, nominado por Reagan, declaró en octubre de 2021 a los funcionarios de la cárcel en desacato por violar los derechos civiles de un acusado del 6 de enero al impedirle el acceso a la atención médica. Al mes siguiente, ordenó la puesta en libertad del acusado por esta cuestión.
Por esas mismas fechas, varios acusados fueron sacados de sus celdas en camillas después de que, al parecer, los guardias comenzaran a rociar una sustancia química y no dejaran de hacerlo durante 15 minutos.
Los acusados se han quejado de una atención deficiente, que incluye supuestas agresiones por parte de los guardias, además de la falta de atención médica.
«Están siendo tratados como prisioneros políticos de un país del tercer mundo», dijo el representante Louie Gohmert (R-Texas) a The Epoch Times.
La representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), que recorrió la cárcel con Gohmert, dijo que los acusados son presos políticos a los que se les ha impedido hablar con sus abogados.
Greene dijo a The Epoch Times en una declaración enviada por correo electrónico que la nueva revelación «es más evidencia que prueba que las condiciones en el Gulag de DC son atroces e inhumanas».
«Esto es más evidencia que prueba que los detenidos del 6 de enero en prisión preventiva están siendo maltratados por ser partidarios conservadores de Trump. Y esto es más evidencia que demuestra que la alcaide adjunta, activista política de izquierda, Kathleen Landerkin, debe ser despedida e investigada inmediatamente. ¿Cuándo se unirá mi conferencia republicana a la lucha para detener el sistema de justicia de dos niveles en Estados Unidos que viola los derechos humanos?», añadió.
Los funcionarios del DOC han dicho que la agencia trabaja para garantizar los derechos constitucionales de los detenidos y que los problemas identificados por los alguaciles se arreglarían.
Un funcionario del DOC dijo al tribunal la semana pasada que, desde que entró en un memorando de entendimiento con los alguaciles, la agencia «ha trabajado incansablemente para corregir todas las deficiencias verificadas en sus instalaciones correccionales, incluyendo el CTF».
Eso incluye el aumento de la formación del personal sobre las políticas de la agencia, la auditoría de las hojas de inspección, la evaluación diaria de las condiciones y el desarrollo de una nueva política sobre cuándo y cómo se puede cortar el agua a los reclusos.
Además, un grupo de funcionarios, entre los que se encontraban representantes de la oficina de asesoría jurídica de la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, se reunió el 24 de diciembre de 2021 para discutir lo que el DOC ha hecho para corregir los problemas hasta la fecha y acordó reunirse al menos una vez al mes para garantizar el cumplimiento de los planes de rectificación, dijo el funcionario.
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