Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el decreto de vacunación del presidente Joe Biden para todos los trabajadores y contratistas federales permite algunas exenciones religiosas o médicas, pero las agencias aún pueden despedir a ciertos empleados cuando ningún otro protocolo de seguridad sea suficiente.
«Puede haber circunstancias en las que una agencia determine que la naturaleza de las responsabilidades de un empleado requiere protocolos de seguridad reforzados si se les proporciona una excepción legalmente requerida», según la nueva orientación publicada en el sitio web del Grupo de Trabajo para una Fuerza Laboral Federal más Segura del gobierno federal, emitida esta semana. «En algunos casos, la naturaleza del trabajo del empleado puede ser tal que una agencia determine que ningún protocolo de seguridad distinto de la vacunación es adecuado. En tales circunstancias, la agencia puede denegar la adaptación solicitada».
El grupo de trabajo dijo que, en la mayoría de los casos, los empleados no vacunados tendrían que mantener el distanciamiento social, someterse a pruebas regulares y usar mascarillas. Pero algunas agencias pueden requerir más medidas en algunos casos, dependiendo del trabajo del empleado.
“La determinación de si una excepción es legalmente requerida incluirá la consideración de factores tales como la base del reclamo; la naturaleza de las responsabilidades laborales del empleado; y los efectos razonablemente previsibles en las operaciones de la agencia, incluida la protección de otros empleados de la agencia y del público del COVID-19”, dijo el grupo de trabajo en la actualización.
Al crear una excepción médica o religiosa, los empleados deben firmar y declarar que sus respuestas son precisas, de acuerdo con una plantilla de muestra proporcionada por el grupo de trabajo.
“Cualquier tergiversación intencionada ante el gobierno federal puede resultar en consecuencias legales, incluida la terminación o remoción del servicio federal”, decía uno de los formularios.
Para aquellos que buscan (pdf) una exención religiosa, el formulario les pide a los empleados que digan por qué se oponen a recibir la vacuna anti-COVID.
«Para tener derecho a una posible excepción, primero debe establecer que su negativa a ser vacunado se basa en una creencia sincera de naturaleza religiosa», decía el formulario de muestra. «Una negativa a ser vacunado no reúne los requisitos para una excepción si se basa en preferencias personales, preocupaciones sobre los posibles efectos de la vacuna u opiniones políticas».
Los funcionarios de la Casa Blanca confirmaron a principios de este mes que todos los empleados y contratistas del poder ejecutivo deben estar completamente vacunados antes del 8 de noviembre con cualquiera de las tres vacunas disponibles en EE.UU.
En un memorando (pdf) publicado el 1 de octubre, la Oficina de Gestión de Personal (OPM) de la Casa Blanca aconsejó a los trabajadores federales que no deberían esperar hasta el último minuto para vacunarse porque «otros eventos a menudo interfieren incluso con planes bien diseñados».
«Los empleados que se nieguen a vacunarse o a presentar una prueba de vacunación están sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir la expulsión o el despido del servicio federal», decía la carta. «La única excepción es para los individuos que reciben una excepción legalmente requerida de acuerdo con los procesos establecidos de la agencia».
El 9 de septiembre, Biden anunció amplias medidas dirigidas al gobierno federal, el sector de la salud y las empresas privadas. Mientras tanto, varios estados liderados por republicanos y trabajadores federales presentaron demandas contra la administración Biden, argumentando que su decreto equivale a una extralimitación federal.
Un grupo de empleados federales presentó una demanda contra Biden en septiembre, argumentando que su orden ejecutiva afecta injustamente a las personas de fe cristiana. Otros demandantes argumentaron que el decreto de la vacuna no menciona la «inmunidad natural» otorgada por una infección previa de COVID-19.
COVID-19 es la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
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