La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia calificó este lunes de «alarma nacional» el contexto político de Nicaragua, por casos como el asesinato de indígenas sin investigar, detenciones «ilegales» y juicios contra disidentes, carestía de la vida, y ataques a la prensa.
La Alianza Cívica fue contraparte del gobierno del presidente Daniel Ortega en dos negociaciones para superar la crisis sociopolítica, que terminaron sin éxito en 2018 y 2019.
En una declaración, la Alianza responsabilizó a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de la situación actual de Nicaragua, cuando faltan poco más de dos meses para las elecciones del 7 de noviembre, en las que la pareja sandinista buscará la reelección.
«La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia declara alarma nacional ante una serie de actos de represión del régimen Ortega-Murillo, que están ocasionando más sufrimiento al pueblo de Nicaragua», señaló la organización, cuyo aliado, el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), fue eliminado de la contienda electoral a inicios de mes, cuando era considerado el único partido de la oposición en la disputa electoral.
Asesinatos y detenciones
El primer punto que resaltó la Alianza fue el asesinato de entre 13 y 18 indígenas en el noreste de Nicaragua, denunciado la semana pasada por una ONG.
«Este asesinato masivo contra comunitarios indefensos se tipifica internacionalmente como crimen de lesa de humanidad», advirtió.
La organización opositora también refirió a ola de arrestos que inició a fines de mayo pasado, que ha llevado a prisión a unos 35 líderes opositores y profesionales independientes, incluyendo a siete aspirantes a la Presidencia y dos exguerrilleros sandinistas disidentes, sumados «a los otros 137 presos políticos que se encuentran encarcelados por exigir libertad y democracia», indicó.
«Esas detenciones ilegales han elevado la gravedad de las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses al desconocerse el paradero preciso de dichas personas, no conocer el estado de su integridad física, estar incomunicados, no recibir alimentos, no recibir visitas de familiares ni tener acceso a la defensa», resaltó la Alianza, que además rechazó «las audiencias secretas que se están ejecutando» contra los reos.
Asimismo repudió la reciente cancelación de personalidades jurídicas a 15 ONG, supuestamente para garantizar «control total y mayores restricciones al derecho de asociación y de participación ciudadana en el desarrollo del país».
Economía y libertades
La Alianza calificó de alarmante que «la carestía de la vida continúa en ascendencia (e) impacta severamente a los sectores populares, crece el desempleo con despidos en alcaldías y universidades, aumenta la pobreza, las inversiones no llegan, y al Gobierno solo le interesa financiar su aparato represivo».
Insistió en que «persisten ocupaciones ilegales a bienes y derechos de medios de comunicación independientes», y citó «el bloqueo de insumos al diario La Prensa», que fue allanado por la Policía a mediados de agosto.
La Alianza Cívica afirmó que este lunes «renovamos nuestro compromiso de luchas por la libertad, la justicia, el respeto a nuestras garantías constitucionales, y la salida del poder de esta dictadura».
La organización actualmente está compuesta por representantes empresariales, médicos y juveniles, que se oponen al régimen de Ortega.
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