La Policía Federal de Brasil registró este martes el despacho y residencia del diputado y sindicalista Paulo Pereira da Silva, conocido como Paulinho da Força, investigado por supuestamente recibir donaciones ilegales para sus campañas políticas entre 2010 y 2012.
Los agentes acudieron a la Cámara de Diputados para cumplir con una orden de allanamiento en el gabinete del diputado y en su residencia de la capital brasileña, mientras que en Sao Paulo otro grupo de policías realizó búsquedas en su despacho de la sede de la Força Sindical, una de las principales centrales obreras del país.
Las cuentas bancarias de Pereira da Silva también fueron bloqueadas por una orden de la Justicia Electoral, que sospecha que el político y dirigente sindical recibió entre 2010 y 2012 cerca de 1.7 millones de reales (unos 320,000 dólares) a través de «Caja 2», como se conoce la contabilidad paralela de las campañas.
Las investigaciones partieron de una delación de ejecutivos del grupo J&F, controlador, entre otras empresas, de la gigante cárnica JBS e involucrado en un serio escándalo de corrupción en Brasil.
Las investigaciones se centran en el período 2010-2012, cuando todavía no ejercía como congresista y no contaba con fuero privilegiado, aunque se sospecha que posteriormente continuó recibiendo dinero ilegal.
Pereira da Silva emitió un comunicado en el que manifiesta «desconocer los hechos» por lo que su residencia y despachos fueron allanados, mientras que el partido Solidaridade y la Força Sindical, ambos lideradas por él, se abstuvieron de comentar sobre el operativo policial.
En otro comunicado, la Policía Federal, sin citar el nombre del político, indicó que la operación «Dark Side», realizada este martes en Brasilia y Sao Paulo, maneja la hipótesis de que los «pagos fueron realizados por simulación de prestación de servicios de abogados y también mediante valores en especie con cambistas».
«Son operaciones financieras que se encajan en la tipología del lavado de dinero y, en especial, del fraccionamiento de las mismas operaciones financieras», resaltó la Policía.
En los últimos cinco años decenas de políticos y empresarios han sido condenados en Brasil por corrupción, especialmente desde el inicio de la Operación Lava Jato, que investiga millonarios desvíos en la petrolera estatal Petrobras y cuyas ramificaciones se han extendido a otros países de Latinoamérica.
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