Durante la conmemoración del 109 aniversario de la revolución mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el ascenso de almirantes, jefes, capitanes, oficiales, tropa y marinería. Sin embargo, tres militares están vinculados con casos de corrupción, espionaje y presunta violación a derechos humanos, señaló la revista Proceso.
Este 20 de noviembre se llevó a cabo la entrega de reconocimientos y ascensos de las fuerzas armadas en Palacio Nacional en la cual ascendieron 6479 hombres y 1699 mujeres. Además, en la misma ceremonia, 22,166 hombres y 3601 mujeres recibieron condecoraciones por su servicio dentro de las fuerzas armadas mexicanas, según informes de la presidencia.
En la ceremonia López Obrador entregó 9 insignias correspondientes al cargo de General de División que según la ley orgánica del ejército y fuerza aérea mexicanos en su artículo 128 es el grado más alto de los mandos superiores solo un peldaño por debajo del Secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
En su discurso el Jefe de las Fuerzas Armadas dijo que los ascensos premian la perseverancia de 10 hasta 45 años de servicio ininterrumpidos y reitero el compromiso de cumplir con orgullo las nuevas tareas asignadas para la nueva transformación de México. No obstante, tres de los nuevos Generales de División Militar estuvieron involucrados en escándalos durante la administración pasada.
Se trata de Francisco Ortega Luna, relacionado con el caso de la masacre de Tlatlaya en 2014; Pedro Almazán Cervantes, acusado por tener nexos con el narco de Guerrero; y José Sigfrido Valencia Rodríguez, vinculado con la adquisición de un software que supuestamente fue utilizado para espiar candidatos durante las elecciones presidenciales.
Francisco Ortega Luna quien ocupaba el cargo de al General Brigadier Diplomado del Estado Mayor fue uno de los militares señalados como parte de la cadena de mando involucrados en la ejecución extrajudicial de 22 personas, informó Sin Embargo.
El 30 de junio de 2014 elementos del Ejército Mexicano ejecutaron a 22 supuestos delincuentes, 21 hombres y una mujer menor de edad, en una bodega ubicada en la comunidad San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México. Investigaciones periodísticas, el testimonio de una sobreviviente y una recomendación de la CNDH develaron que en realidad la masacre fue el resultado de una orden que se dio a los militares del 102 Batallón de Infantería, informó un comunicado del Centro de Derechos Humanos.
Actualmente, Ortega, el ahora General de División Militar es Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, cargo que inició en diciembre de 2018.
Almazán Cervantes fue designado por el entonces gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, como secretario de Seguridad Pública, cargo que ocupó hasta el 31 de agosto de 2018. Mientras desempeñaba su puesto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), observó anomalías en el manejo de 222 millones 940 mil pesos transferidos al gobierno estatal en 2016 a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), según reportes de Proceso.
En mayo de 2017, 176 policías fueron despedidos por denunciar actos de corrupción de Almazán Cervantes. El último de los escándalos que enfrentó su administración fue su renuncia al cargo tras señalamientos de presuntos nexos con el narco. Sin embargo, fue despedido con honores de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado durante una ceremonia.
Sigifredo Valencia Rodríguez, el nuevo General de División Militar, ocupó el cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde se desempeñó como director general de Cuerpo Técnico de Control.
Una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el periódico Reporte Índigo, del primero de abril de 2018, señala que la oficina a su cargo adquirió un software de vigilancia por 4 millones 564 mil 252 dólares a la empresa Neolinx, que fue usado “para espiar a todos los candidatos”.
De acuerdo con el anexo técnico del contrato, el servicio permitía el acceso de 25 operadores simultáneos, con capacidad para 255 mil 500 búsquedas –sin límite de búsquedas diarias–, para teléfonos en redes 2G, 3G y 4G (LTE).
El extitular de la SEIDO, Alonso Israel Lira Salas, y el director general de Comunicación Social de la PGR, Rafael Lugo, fueron acusados por el excandidato panista Ricardo Anaya de usar recursos públicos para afectar las elecciones. En mayo de 2019 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió en definitiva y por unanimidad de votos que la PGR fue responsable de la campaña negra contra el candidato del Pan donde casualmente López Obrador resulto ganador de la contienda electoral.
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