Los abogados de la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, solicitaron el 4 de abril la ampliación de la supervisión sobre la Organización Trump, citando una declaración de perjurio de uno de los acusados.
En una carta separada, los abogados del estado también se opusieron a la suspensión de la ejecución de la sentencia de USD 454 millones del expresidente Donald Trump sobre la base de la fianza de USD 175 millones pagada.
Se ha programado una audiencia para el 22 de abril en la sala del juez de la Corte Suprema de Nueva York Arthur Engoron.
El fiscal general demandó a los ejecutivos de la Organización Trump en un caso civil en 2022 por inflar las cifras de los estados de situación financiera entre 2011 y 2021, defraudando a prestamistas y aseguradoras, y por tanto al Estado.
El expresidente Trump, sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr, el exinterventor Jeffrey McConney y el ex director financiero Allen Weisselberg fueron nombrados demandados junto a varias empresas del holding Trump Organization.
El pasado mes de febrero, el juez Engoron dictó una sentencia que incluía una indemnización de USD 464 millones, la mayor parte a cargo del presidente Trump, así como algunas prohibiciones a los acusados de hacer negocios en el Estado y la prórroga de la supervisión de la Organización Trump durante al menos tres años.
El Sr. Weisselberg aceptó recientemente un acuerdo de culpabilidad en un caso penal separado contra el presidente Trump, y el acuerdo implicaba declararse culpable de perjurio en su testimonio por el fraude civil.
Los abogados del Estado argumentan que esto justifica una investigación.
Kevin Wallace, abogado principal de aplicación de la oficina del fiscal general, solicitó dos cambios en la orden de monitorización para permitir que el monitor —actualmente la exjuez Barbara Jones— pueda compartir información con una de las partes sin la presencia de la otra.
El estado señaló que el monitor ya estaba autorizado a compartir información sin que ambas partes estuvieran presentes en virtud de una orden de noviembre de 2023, y solicitó que el mismo lenguaje estuviera presente en la orden actual.
El estado también solicita que se «ordene a la Sra. Jones que investigue ciertas cuestiones relacionadas con la reciente declaración de perjurio del acusado Allen Weisselberg».
Durante el juicio, el Sr. Weisselberg testificó sobre el ático triplex de la Torre Trump, y el estado está pidiendo que la Sra. Jones sea encargada de revisar la correspondencia que mencionó.
Los 10,000 pies cuadrados se informaron famosamente como 30,000 pies cuadrados en un artículo de Forbes después de que los ejecutivos de la Organización Trump hicieron lo que testificaron fue un error. Forbes había cotejado las afirmaciones con los registros de la ciudad y escribió que la Organización Trump estaba tergiversando el tamaño y el valor del ático.
El Sr. Weisselberg había enviado un correo electrónico a Forbes en 2016 con respecto a esta disputa de pies cuadrados, involucró a otro empleado para verificar la cifra y afirmó el número incorrecto. Declaró sobre esto en una declaración previa al juicio y en el estrado de testigos.
El estado argumentó que incluso después de que el Sr. Weisselberg se declarara culpable de perjurio, «los demandados aún no han tomado ninguna medida para cumplir con su obligación afirmativa de tomar ‘medidas correctivas razonables, incluyendo, si es necesario, la divulgación al tribunal'».
El estado pidió que se autorizara al monitor a recopilar archivos porque afirma que los acusados han «retenido información relevante y sensible».
Quieren que la Sra. Jones revise los archivos electrónicos recopilados para su presentación al fiscal del distrito de Manhattan que lleva el caso en el que el Sr. Weisselberg aceptó un acuerdo con la fiscalía, incluyendo por qué se presentaron o no determinados archivos.
Solicitan que esto se haga en un plazo de dos semanas.
En una carta separada, los abogados del estado se opusieron a la «suficiencia» de la fianza de USD 175 millones que el presidente Trump pagó para suspender el juicio.
Un tribunal de apelaciones había dictaminado que el presidente Trump podía depositar USD 175 millones en lugar de la totalidad de los USD 464 millones después de que los abogados argumentaran que era una «imposibilidad práctica» para los fiadores cubrir una fianza tan grande, explicando que habían tenido semanas de negociación con más de 30 fiadores que no aceptarían bienes inmuebles como garantía.
Los abogados del Estado habían argumentado que la defensa no proporcionó detalles de por qué los fiadores no cubrirían la fianza y sugirieron que los activos del presidente Trump no eran tan valiosos como él afirmaba.
El presidente Trump acudió a las redes sociales para afirmar que tenía casi USD 500 millones en efectivo, pero que quería utilizar el dinero en su campaña, no tenerlo inmovilizado en una apelación.
El Estado protesta ahora contra la excepción concedida por el tribunal de apelaciones.
«Los demandados o KSIC [Knight Specialty Insurance Company] deberán presentar una moción para justificar la fianza dentro de los 10 días siguientes al servicio de este aviso, de lo contrario la fianza quedará sin efecto, excepto que el fiador seguirá siendo responsable de la fianza hasta que se dé y se permita un nuevo compromiso», dice el aviso.
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