Análisis de noticias
Muchos presidentes han tenido familiares problemáticos.
Billy Carter, el hermano de Jimmy Carter que bebía cerveza y orinaba en público, se registró como agente del gobierno de Libia, lo que provocó una investigación del Senado.
Roger Clinton, hermanastro exconvicto de Bill Clinton, se ganó el nombre en clave del Servicio Secreto de «Dolor de Cabeza», posiblemente debido a payasadas como aceptar un Rolex de 50,000 dólares para presionar a favor del indulto del jefe del crimen Rosario Gambino.
Luego está Neil Bush, que fue investigado, aunque no acusado, por su papel en la quiebra de una entidad de ahorro y préstamo de 1000 millones de dólares durante la presidencia de su padre, George H. W. Bush.
Cuando George W. Bush era presidente, su hermano Neil firmó un acuerdo de consultoría con una empresa de semiconductores dirigida, en parte, por el hijo de Jiang Zemin, entonces secretario general del Partido Comunista Chino y líder supremo de China.
Una diferencia significativa en el caso de Hunter Biden es que coincide con los cargos federales contra el expresidente Donald Trump.
Los presuntos delitos de Hunter Biden se resolverán con una declaración de culpabilidad por dos delitos menores de evasión fiscal que darán lugar a libertad condicional, además de un cargo por posesión de armas que podría desestimarse mediante un programa de desvío.
Mientras tanto, Trump —el adversario político de Joe Biden en 2020 y posible candidato presidencial en 2024— se enfrenta a 37 cargos de delito grave relacionados con el manejo de documentos clasificados.
El hecho de que el acuerdo de culpabilidad del más joven de los Biden se anunciara apenas una semana después de que Trump fuera acusado ante un tribunal federal no hace sino agudizar el contraste.
Los críticos ven en estos casos una clara prueba del doble estándar del sistema judicial estadounidense. Las autoridades pasan por alto las fechorías e incluso los delitos de los poderosos. Al mismo tiempo, el sistema se esgrime como un garrote para avergonzar, acosar o incluso encarcelar a quienes se oponen a los poderosos.
Los defensores de Biden señalan que los hechos de cada caso y la gravedad de los presuntos delitos son muy diferentes, y que el fiscal que ofreció el acuerdo fue nombrado por Trump y mantenido en el cargo por Biden para evitar cualquier indicio de interferencia.
No importa. La percepción de un doble estándar podría afectar a las elecciones presidenciales de 2024 y, según los expertos, es casi seguro que provocará una mayor desconfianza en el Departamento de Justicia (DOJ) y posiblemente cambios en él en el futuro.
Los republicanos están enardecidos
Los líderes republicanos respondieron inmediatamente después de que se anunciara el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden, el 20 de junio, con la afirmación de que el acuerdo demuestra la existencia de un «sistema de justicia de dos niveles» en Estados Unidos, del tipo que sólo suele verse en países notoriamente corruptos.
«Yo, como decenas de millones de estadounidenses, estoy preocupado… por un sistema de justicia de dos niveles, como un conjunto de normas para los republicanos y otro conjunto de normas para los demócratas», dijo el ex vicepresidente Mike Pence en una entrevista televisada el 20 de junio.
«Un acuerdo ‘con favoritismo’ para Hunter [y Joe], mientras continúan su búsqueda para ‘atrapar’ a Trump, el oponente político de Joe. Ahora somos un país del tercer mundo», escribió Trump en un posteo en las redes sociales el 20 de junio.
Tulsi Gabbard, excongresista por Hawái que abandonó el partido Demócrata en 2022, fue más allá.
«Toda república bananera o dictadura tiene un sistema judicial de dos niveles. Los ‘de dentro’, como Hunter Biden, reciben un tirón de orejas, mientras que los dictadores utilizan las fuerzas de seguridad federales y las instituciones gubernamentales como su escuadrón de matones personal para perseguir a sus oponentes políticos», escribió Gabbard en Twitter el 21 de junio.
Esa idea, acertada o no, probablemente animará la retórica republicana durante algún tiempo, según los analistas.
«Es probable que los candidatos republicanos hagan su agosto con este acontecimiento», declaró a The Epoch Times el analista gubernamental y exfuncionario de inteligencia de la Marina Matt Shoemaker.
«Es probable que los candidatos republicanos de todo el país saquen el tema en campaña».
A pesar de los sermones, el impacto más probable del acuerdo sobre Biden en las elecciones es una recaudación de fondos inesperada para los republicanos, dicen algunos expertos.
Cuando se le preguntó si el acuerdo con Hunter Biden perjudicaría las posibilidades de reelección del presidente, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (D-N.Y.) , se mostró tajante: «No», declaró a The Epoch Times.
Jeffries dio la vuelta a la narrativa, diciendo que el intento republicano de impeachment de Biden probablemente sería contraproducente. «Lo único que conseguirá es poner de manifiesto que no tienen plan, ni visión, ni agenda», afirmó.
La representante Diana Harshbarger (R-Tenn.), que está convencida de que el acuerdo demuestra un doble sistema de justicia, no está tan segura de que vaya a hacer cambiar de opinión. «Bueno, eso está por ver. No puedo predecir el futuro», declaró a The Epoch Times.
«No hay absolutamente ninguna repercusión del acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden en la campaña presidencial de 2024 porque, en primer lugar, sólo los republicanos MAGA se preocupan realmente de Hunter o de sus delitos», dijo el analista político Andrew Lieb a The Epoch Times.
Los demócratas y los independientes son indiferentes al respecto, añadió. El verdadero valor del acuerdo de culpabilidad está en la recaudación de fondos.
«Sólo los republicanos se preocupan por el acuerdo, y por tanto sólo puede utilizarse como tema de conversación para irritar a su base y recaudar dinero», dijo Lieb.
De hecho, Trump recaudó más de 6.6 millones de dólares tras su imputación por cargos federales, según un correo electrónico de la campaña del 14 de junio a sus partidarios.
Sospechas confirmadas
El efecto más inmediato del acuerdo de culpabilidad, yuxtapuesto a la acusación contra Trump, es que tiende a confirmar la creencia generalizada de que en Estados Unidos existen realmente dos estándares de justicia.
Esa percepción existe en todo el espectro político, según Marie Eisenstein, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Indiana especializada en la confianza social y su impacto en las elecciones.
«En este país existe la percepción de que en realidad tenemos un sistema judicial de dos niveles, y que la ortodoxia aceptada —sea cual sea el tema—resulta ser más de centro-izquierda que de centro-derecha», declaró Eisenstein a The Epoch Times.
«Y entonces, si vas en contra de eso, es mucho más probable que te traten con dureza políticamente, en los medios de comunicación y, posiblemente, legalmente», dijo Eisenstein.
«El nivel de confianza en este país es el más bajo de todos los tiempos… Confiamos menos los unos en los otros, confiamos menos en nuestro gobierno que prácticamente nunca. Y creo que parte de ello es que no creemos que tengamos el mismo peso en la balanza de la justicia», dijo Eisenstein.
Esa percepción traspasa las fronteras políticas y sociales, según Eisenstein. Señala que muchos negros estadounidenses, que han tendido a ser políticamente liberales, ven desigualdad en el sistema judicial, y muchos cristianos conservadores blancos también.
«Todos lo aplican a cuestiones diferentes, pero ésa es la percepción», dijo Eisenstein.
Arreglar el sistema
El efecto a largo plazo del acuerdo de culpabilidad de Biden y la acusación de Trump puede sentirse más en el DOJ y el FBI que en las urnas.
Basándose en esos casos, y en la falta general de confianza en el sistema de justicia estadounidense, algunos candidatos han prometido tomar medidas correctoras si son elegidos.
«Si tengo el privilegio de volver a servir en la Casa Blanca… les prometo que vamos a limpiar la casa en todos los niveles superiores del Departamento de Justicia y del FBI», dijo Pence en una entrevista televisiva el 20 de junio.
«Y vamos a reunir a un grupo de hombres y mujeres íntegros que sean respetados a ambos lados del pasillo por su dedicación a la igualdad de trato ante la ley».
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, hizo una promesa similar justo después de anunciar su candidatura presidencial para 2024.
«No mantendría a Chris Wray como director del FBI. Habría uno nuevo el primer día», dijo DeSantis en una entrevista televisiva el 24 de mayo.
«Creo que el Departamento de Justicia y el FBI han perdido el rumbo. Creo que los han convertido en armas contra los estadounidenses que piensan como tú y como yo, y creo que se han vuelto muy partidistas. Parte de la razón por la que esto ha sucedido… es porque los presidentes republicanos han aceptado la patraña de que el DOJ y el FBI son independientes», dijo DeSantis.
«No son agencias independientes. Forman parte del poder ejecutivo. Responden ante el presidente electo de Estados Unidos».
El abogado especial John Durham, que recientemente publicó un informe sobre su revisión de la gestión del FBI de la investigación Trump-Rusia de 2016, ha dicho que debería haber cambios de normas en el FBI para que los agentes sean despedidos cuando mientan para hacer un uso indebido de los poderes de espionaje del gobierno en las investigaciones.
Sin embargo, todo esto puede ser más fácil de decir que de hacer.
Depende del Pueblo
«La verdadera dificultad, en mi opinión, es tratar de averiguar cómo responsabilizar a las personas de su conducta. No es un problema sencillo de resolver», declaró Durham ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el 21 de junio.
Los intentos anteriores de ejercer un control directo sobre el DOJ y el FBI han tenido a menudo el efecto contrario, haciéndolos parecer más partidistas en lugar de menos.
En 1973, en el punto álgido de la investigación sobre la irrupción y el encubrimiento del Watergate, el presidente Richard Nixon ordenó el despido del fiscal especial Archibald Cox, que había emitido una citación para las cintas de las conversaciones del Despacho Oval.
El propio Trump fue acusado de injerencia política en el FBI al despedir al director James Comey en 2017, al parecer por su gestión de la investigación sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 y la colusión con la campaña de Trump.
En última instancia, garantizar una justicia igualitaria depende del pueblo estadounidense, según Harshbarger. Señalando el acuerdo con Biden, dijo: «No harían eso por ti ni por tu familia. No harían eso por mí y mi familia».
«El pueblo estadounidense tiene que analizar sus opciones y elegir y decir: «¿Esto va a beneficiar a mi futuro en el futuro?».
Con información de Petr Svab y Reuters.
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