ANÁLISIS: Análisis de la imputación contra Trump

Análisis de noticias

El 9 de junio de 2023, el abogado especial Jack Smith dio a conocer una acusación de 38 cargos contra el expresidente Donald Trump y Waltine Nauta, un valet personal que trabaja en el resort Mar-a-Lago de Trump. Los primeros 31 cargos se refieren únicamente a Trump y se basan en la Ley de espionaje.

De los cargos restantes, cinco acusan a Trump y a Nauta en forma conjunta con respecto a la ocultación de documentos sujetos a una citación del gran jurado. Los dos cargos finales, uno de los cuales acusa a Trump y el otro a Nauta, se refieren a declaraciones falsas. En total, Trump está acusado de 37 cargos en la acusación y Nauta de seis cargos.

Mucha atención se ha centrado en los 31 cargos imputados en virtud de la Ley de Espionaje. Al contrario de lo que indica el nombre Ley de Espionaje, la mayor parte de la Ley no está relacionada con el espionaje. Trump ha sido acusado en virtud de la sección e de la Ley 18 U.S.C. 793, que establece que es ilegal retener intencionalmente información de defensa nacional y no “entregarla al funcionario o empleado de Estados Unidos con derecho a recibirla”. Esta sección de la Ley de Espionaje no requiere que Trump comparta información de defensa nacional con nadie, ni siquiera que tenga la intención de compartirla con nadie. Simplemente requiere que tenga posesión no autorizada de información de defensa nacional y que no la devuelva. Tampoco requiere explícitamente que la información sea clasificada.

Cargos por Ley de Espionaje

Trump está acusado de haber retenido y no devuelto 31 documentos separados que contenían, entre otros, información supuestamente “sobre las capacidades nucleares de un país extranjero” e información “sobre la planificación de contingencia militar de Estados Unidos”. Smith alega que, en al menos dos ocasiones, Trump compartió aspectos de los documentos de defensa nacional que retuvo indebidamente con personas ajenas. En primera instancia, en julio de 2021, se supone que Trump compartió la información con un autor que en ese momento estaba escribiendo un libro y que, con la aparente aprobación de Trump, estaba grabando su conversación.

Smith cita una breve transcripción de la conversación y sugiere que Trump compartió información militar con el autor porque quería desacreditar las afirmaciones públicas hechas por un alto oficial militar contra Trump. Se informa que ese funcionario es el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto. La transcripción cita a Trump diciéndole al autor: “Esto es extraoficial”, “excepto que es altamente confidencial”, antes de agregar “Secreto. Esta es información secreta”. Con respecto al estado de la información, se cita a Trump diciendo: “Mira, como presidente, podría haberla desclasificado… Ahora no puedo, ya sabes, pero esto sigue siendo un secreto”.

En una segunda instancia de intercambio de información de defensa nacional, Smith alega que en agosto o septiembre de 2021, Trump mostró un mapa clasificado sobre un conflicto en curso en un país extranjero a un representante de su comité de acción política. No se nombra al representante, pero Smith alega que Trump le dijo al representante que no debería mostrarle el mapa y que no se acercara demasiado. Si bien el representante parece estar cooperando con Smith, no hay indicios de que haya una grabación de este segundo incidente.

Si bien estos dos incidentes se ven muy mal para Trump, no hay evidencia concreta de que Trump haya mostrado a las partes involucradas información real de defensa nacional en lugar de simplemente jactarse. Dicho esto, Smith no parece haber incluido los incidentes en la acusación por razones legales (la Ley de Espionaje no requiere que la información se muestre a nadie), sino más bien para dar forma a la narrativa pública en la que Trump es imprudente.

También cabe señalar que Smith no acusó a Trump en virtud de la Ley de Registros Presidenciales (PRA), ni citó la PRA, que exige que los registros presidenciales se entreguen a la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) al final de una presidencia. Se alega que Trump llevó estos registros a su propiedad de Mar-a-Lago cuando dejó la Casa Blanca. En enero de 2022, luego de recibir demandas de NARA, Trump devolvió 15 cajas de documentos a NARA. Estas cajas supuestamente contenían 197 documentos que estaban marcados como clasificados.

El 9 de febrero de 2022, NARA informó la presencia de los 197 documentos clasificados al Departamento de Justicia (DOJ). Esto llevó al FBI a abrir una investigación sobre Trump, lo que a su vez llevó a un gran jurado federal a emitir una citación para cualquier documento restante con marcas de clasificación que pudiera haber estado en posesión de Trump.

Un punto que se ha pasado por alto en gran medida es que la citación del gran jurado fue para documentos con «marcas de clasificación«, lo que significa que el estado de clasificación real era irrelevante para lo que buscaba la citación. Esta parece haber sido una elección de palabras muy deliberada por parte del Departamento de Justicia, ya que negó las posibles afirmaciones de Trump de que los documentos habían sido desclasificados.

Mientras que Trump puede tener defensas para los cargos de la Ley de Espionaje -por ejemplo, alegando que ciertos documentos no necesitaban ser devueltos bajo la PRA, que estaba autorizado a tener los documentos, o que el propio NARA estuvo involucrado en el embalaje de cajas en la Casa Blanca que luego fueron trasladadas a Mar-a-Lago- los cargos restantes, todos los cuales se refieren a la respuesta de Trump a la citación del gran jurado, son mucho más peligrosos para Trump.

Como para subrayar este punto, Smith no acusó a Trump de ningún delito durante el período de tiempo antes de que se emitiera la citación del gran jurado el 11 de mayo de 2022. Aunque no sabemos qué habría sucedido si Trump cumplió con la solicitud de NARA y devolvió todos los registros presidenciales entre el momento en que NARA los exigió por primera vez, en mayo de 2021, y cuando se emitió la citación un año después, la implicación es que Trump podría haber evitado problemas legales si lo hubiera hecho.

Supuestos delitos procesales

El riesgo legal más grave que enfrenta Trump se relaciona con presuntos delitos procesales en relación con la citación del gran jurado. Los delitos procesales son delitos contra el proceso judicial, a diferencia de los delitos subyacentes. Dicho de otra manera, los delitos procesales tienen que ver con la forma en que Trump respondió a la citación y no con si Trump retuvo o no documentos clasificados, ni con si compartió información clasificada con alguien.

Específicamente, Trump y su valet personal, Nauta, están acusados de conspiración para obstruir la justicia, retención de un documento o registro, ocultación corrupta de un documento o registro, ocultación de un documento en una investigación federal, plan para ocultar y hacer declaraciones falsas. Debido a que todos estos son delitos procesales, Trump no puede valerse de defensas como que tenía derecho a retener documentos bajo la PRA o que había desclasificado todos los documentos pertinentes. Ninguno de esos argumentos es relevante ya que de lo que se le acusa a Trump es de sus acciones en respuesta a la citación.

Según Smith, dos abogados de Trump, incluido Evan Corcoran, le dijeron a Trump el 23 de mayo de 2022 que, para cumplir con la citación, tendrían que registrar todas las cajas enviadas a Mar-a-Lago. Según la acusación de Smith, Trump supuestamente trató de explorar formas de eludir la citación, como ignorarla o simplemente afirmar que no había otros documentos. Sin embargo, al final parece que Trump accedió a cumplir con la citación y ordenó a Corcoran que realizara un registro a las cajas, que estaban en una sala de almacenamiento en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago.

Smith, sin embargo, alega que antes de que Corcoran tuviera la oportunidad de registrar el depósito, Trump le ordenó a Nauta que transportara cajas de documentos entre el depósito y la residencia privada de Trump. Según Smith, Trump engañó a Corcoran “moviendo cajas que contenían documentos con marcas de clasificación para que [el abogado de Trump] no encontrara los documentos y se los presentara a un gran jurado federal”. Smith alega que el propósito de lo que estaba haciendo Trump era “mantener documentos clasificados que [él] había llevado consigo de la Casa Blanca y esconderlos y ocultarlos de un gran jurado federal”.

La teoría de Smith es que Trump retiró las cajas de la sala de almacenamiento para que Corcoran no pudiera registrarlas y para que los documentos relevantes nunca se devolvieran a NARA. Smith afirma que se trasladaron un total de 64 cajas de la sala de almacenamiento a la residencia de Trump, pero solo se devolvieron unas 30 cajas a la sala de almacenamiento. El efecto neto, según Smith, fue que Corcoran no habría encontrado, y de hecho no podría haberlo hecho, muchos de los documentos con marcas de clasificación que respondieran a la citación del gran jurado.

El 2 de junio de 2022, Corcoran realizó una búsqueda de dos horas y media en la sala de almacenamiento, durante la cual encontró 38 documentos con marcas de clasificación. Al día siguiente, Corcoran devolvió esos documentos a NARA a través del FBI.

Certificación de la citación

Si bien fue Corcoran quien realizó la búsqueda, él mismo no firmó la certificación de la citación. Una certificación de citación tiene por objeto certificar que se ha cumplido con una citación. En cambio, Corcoran le pidió a otra abogada de Trump, Christina Bobb, que fuera a Mar-a-Lago para firmar la certificación. Según Smith, Bobb fue traída en el último minuto, no había realizado ninguna búsqueda en las cajas, no había revisado la citación y tampoco había revisado los 38 documentos recuperados por Corcoran. No se sabe por qué Bobb accedió a firmar la certificación bajo pena de perjurio cuando aparentemente ella no sabía nada sobre el asunto.

En concreto, Bobb dio fe de que «Se llevó a cabo una búsqueda diligente de las cajas que fueron trasladadas de la Casa Blanca a Florida» cuando, según Smith, algunas de esas cajas nunca fueron registradas ya que habían sido trasladadas a la residencia de Trump. La afirmación de Bobb de que «todos y cada uno de los documentos que responden acompañan a esta certificación» también demostró ser incorrecta después de que el FBI aparentemente encontrara 102 documentos adicionales con marcas de clasificación durante la redada del 8 de agosto de 2022 en Mar-a-Lago.

En consecuencia, Smith ahora acusó a Trump de varios delitos de ocultamiento con respecto al movimiento de las cajas, así como de mentirle al gran jurado y al FBI porque supuestamente sabía que la certificación firmada por Bobb no era cierta. Según Smith, “Trump lo sabía porque había ordenado que se retiraran las cajas de la sala de almacenamiento antes de que [Corcoran] realizara la búsqueda de documentos con marcas de clasificación el 2 de junio de 2022, de modo que la búsqueda de [Corcoran] no incluiría y no incluyó todas las cajas de Trump que fueron retiradas de la Casa Blanca”.

En cuanto al papel de Nauta en el presunto ocultamiento, no queda claro en la acusación cómo o por qué Nauta habría sabido sobre la citación del gran jurado o la certificación incorrecta de la citación. Pero según el recuento final de la acusación, que acusa a Nauta de mentirle al FBI cuando afirmó que no había movido ninguna caja a la residencia de Trump, parece que Smith supone que Nauta debe haber estado al tanto del presunto plan. Suponiendo que Smith tenga imágenes de la cámara de seguridad de Nauta moviendo cajas del área de almacenamiento a la residencia de Trump, Nauta parece tener pocas defensas, al menos contra el cargo de mentirle al FBI.

Trump está posiblemente en una mejor posición que Nauta, ya que puede, y probablemente lo hará, culpar a sus abogados. A diferencia de Nauta, Trump no habló personalmente con el FBI. Trump podría argumentar que sus abogados manejaron todo el asunto y que él no sabía lo que exigía la citación, ni lo que decía la certificación de la citación. De hecho, es poco probable que Trump haya tenido algún papel en la redacción o aprobación del lenguaje utilizado en la certificación.

Trump podría argumentar, además, como parece haberlo hecho ya en Fox News, que tenía derecho a revisar las cajas que estaban bajo citación. Podría, por ejemplo, decir que simplemente estaba recuperando objetos personales y que no se llevó ningún documento con marcas de clasificación. Si bien Smith parece saber, por las imágenes de la cámara de seguridad, cuántas cajas se retiraron y se devolvieron al área de almacenamiento, es poco probable que sepa qué se tomó de esas cajas, si es que se tomó algo.

Trump podría afirmar que Corcoran nunca explicó los parámetros de la citación y que era tarea de Corcoran realizar una búsqueda diligente, no de Trump. De manera similar, podría argumentar que Corcoran no debería haber hecho que Bobb firmara la certificación sin buscar en otras partes de Mar-a-Lago. Incluso podría argumentar que la decisión de Corcoran de traer a Bobb para llevar a cabo la certificación en el último minuto es una admisión implícita de irregularidades por parte de Corcoran.

No sabemos qué hará Corcoran. Él podría asumir toda la culpa o podría estar de acuerdo con Smith en que Trump lo engañó. En última instancia, el destino de Trump con respecto a los presuntos delitos procesales parece depender de lo que Corcoran le dirá al jurado y de si el jurado le creerá a Corcoran o a Trump.

Lo que es indiscutible es que Trump está en un peligro legal real. A diferencia de los endebles cargos presentados por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Brag, en abril, los cargos presentados por Smith son serios y parecen estar respaldados por amplia evidencia documental. También está el asunto de Nauta, que puede decidir testificar contra Trump a cambio de clemencia. Esta perspectiva se ve reforzada por el hecho de que Nauta parece no tener defensa contra el cargo de mentir sobre las cajas de mudanza.

Aunque estos acontecimientos han puesto ahora a Trump en peligro legal, hay que tener en cuenta que nunca se ha perseguido a ningún funcionario con el mismo celo que a Trump. Por ejemplo, hasta años después de que dejara el cargo de vicepresidente, la NARA no se interesó por recuperar los documentos clasificados del presidente Joe Biden, algunos de los cuales se encontraron más tarde en su garaje de Delaware. Del mismo modo, nunca se tomaron medidas contra la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, a pesar de que en su servidor privado de correo electrónico se encontró un alijo de documentos con marcas de clasificación. En aquel momento, el entonces director del FBI, James Comey, afirmó infamemente que Clinton fue «extremadamente descuidada» pero que «ningún fiscal razonable presentaría un caso así». No cabe duda de que a Trump se le aplica un rasero muy diferente.

El análisis jurídico sobre la acusación contra Trump es el tema de un episodio de «Truth Over News» que se emitirá en EpochTV el 14 de junio de 2023.

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