La jueza de distrito Tanya Chutkan parece haber insinuado su actitud hacia la defensa del expresidente Donald Trump en el caso relacionado con los esfuerzos de Trump para revertir el resultado de las elecciones de 2020.
El sábado, la juez le negó a Trump más tiempo para responder a una orden de mordaza solicitada por los fiscales. Algunos comentaristas han interpretado la orden como una señal de la jueza Chutkan de que no tolerará las tácticas dilatorias por parte de Trump.
Dado que Trump es el principal contendiente para la nominación presidencial del Partido Republicano, el momento del caso tiene implicaciones importantes. Asegurar una condena antes de las elecciones puede perjudicar sus posibilidades. Algunos han dado la alarma por la orden porque podría significar que la jueza está permitiendo que consideraciones políticas afecten su juicio.
La regla en los tribunales de D.C. es que el acusado tiene 14 días para responder a las mociones, explicó el abogado defensor y exfiscal federal William Shipley. La juez puede acortar el plazo, pero Shipley cuestionó por qué esta juez insistió en darle a Trump solo tres días.
“Esto ya está creando un registro de parcialidad”, dijo en un tuit. “No hay motivo para que la juez anule la regla local sobre el plazo para responder a las mociones”.
El Sr. Shipley ha estado representando a docenas de personas acusadas en relación con la protesta y los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EE.UU., un incidente relacionado con el caso contra el Sr. Trump.
El caso fue presentado el 1 de agosto por el abogado especial Jack Smith, que presenta cuatro cargos: Conspiración para “perjudicar, obstruir y anular” la recolección y el conteo de votos electorales; conspiración contra el derecho al voto de los estadounidenses; obstrucción al conteo de votos electorales por parte del Congreso el 6 de enero de 2021; y conspiración para entorpecer el conteo de votos electorales (pdf).
Las acusaciones se basan en la suposición de que el Sr. Trump no creía genuinamente que la victoria en las elecciones le fue arrebatada ilegalmente y que sus intentos de revertir los resultados fueron, por lo tanto, fraudulentos y corruptos.
El Sr. Shipley predijo que el caso implicará un extenso descubrimiento. Es probable que Trump presente el argumento de que tenía razones para creer que el resultado de las elecciones fue ilegítimo y recurrirá a los depósitos de datos del gobierno federal en busca de cualquier cosa que pueda ayudarlo a presentar su caso.
“Estamos hablando de millones de páginas”, dijo Shipley.
El equipo legal de Trump podría alegar fácilmente que se necesitan años para revisar las pruebas y la juez tendría dificultades para oponerse.
“No es un tema en el que tenga mucho espacio para negarles lo que dicen que necesitan sin parecer poco razonable”, dijo Shipley.
“Eso crea un registro que la seguirá y será la base para un reclamo de ‘abuso de discreción’ que podría sacarla del caso”.
Desde esta perspectiva, la juez parece carecer de fundamentos sólidos para apresurar a la defensa en la respuesta a una moción.
“La cuestión es que el caso se va a prolongar durante años simplemente por el volumen de pruebas… Así que no tiene sentido al principio de este caso ahorrar 3 días en un calendario de información”, dijo el Sr. Shipley.
También argumentó que el equipo de Trump debería luchar contra la solicitud de orden de mordaza de Smith.
Los fiscales solicitaron una orden de protección el 4 de agosto que evitaría que Trump divulgue la información que va a conocer a medida que los fiscales le proporcionen las pruebas que tienen en su contra, así como información exculpatoria en posesión del gobierno.
“Tal restricción es particularmente importante en este caso porque el acusado ha emitido previamente declaraciones públicas en las redes sociales con respecto a testigos, jueces, abogados y otros asociados con asuntos legales pendientes en su contra”, dijeron los fiscales en su moción, señalando la declaración de Trump en Internet: “¡SI VAS POR MÍ, YO VOY POR TI!”
Pero el propósito de las órdenes de protección es evitar perjudicar al jurado y los fiscales se encuentran en un terreno inestable en ese sentido porque el gobierno “ha procesado a Trump en los medios durante años”, dijo Shipley.
“Prohibirle que comente sobre la evidencia en su contra es una violación a sus derechos de la Primera Enmienda”.
El abogado de Trump, John Lauro, se opuso a la orden de mordaza en una entrevista el domingo con CNN.
“La prensa y el pueblo estadounidense en una temporada de campaña tienen derecho a saber cuál es la evidencia en este caso, siempre que esta evidencia no esté protegida de otra manera”, dijo. “Entonces, vamos a oponernos”.
Trump se declaró inocente de los cargos y ha sostenido que la investigación pretende interferir con su candidatura presidencial de 2024.
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