El expresidente Donald Trump parece estar sentando las bases fácticas para apelar la causa federal abierta contra él en Washington por presunta interferencia en el recuento de los votos electorales tras las elecciones de 2020.
El 11 de septiembre, sus abogados presentaron una moción solicitando a la jueza que preside el caso, Tanya Chutkan, que se recusara del caso basándose en sus comentarios en casos anteriores que, según los abogados, indicaban que prejuzgaba el caso contra el 45º presidente.
No hay indicios de que la juez tenga intención de recusarse. De hecho, tal petición podría incluso exacerbar cualquier antagonismo que pudiera tener contra el presidente Trump. No obstante, es importante que los abogados planteen estas cuestiones porque la moción serviría para «preservarlas» en caso de que el próximo juicio se salde con una condena y la defensa quiera presentar una apelación, según William Shipley, abogado defensor y ex fiscal federal que ha representado a muchas personas acusadas en relación con la protesta y los disturbios del Capitolio de EE. UU. del 6 de enero de 2021.
El incidente del 6 de enero entra en el caso Trump, en el que el abogado especial Jack Smith sostiene que el presidente Trump intentó perturbar el recuento de los votos electorales por el Congreso ese día, incluso animando a la gente a acudir a protestar al Capitolio. Sin embargo, la imputación no llegó a acusarlo de conspirar para obstaculizar al gobierno por la fuerza, delito que entra dentro del estatuto de conspiración sediciosa.
La jueza Chutkan ha impuesto algunas de las penas más duras en los casos del 6 de enero, incluso superiores a las solicitadas por los fiscales. Durante las audiencias de sentencia, ha descrito los acontecimientos de aquel día de la forma más dramática.
«Me impresiona de nuevo tanto el horror de lo que estaba ocurriendo aquel día como lo cerca que estuvimos de no cumplir una de las funciones básicas de nuestra democracia, que es el traspaso pacífico del poder», dijo durante una sentencia, añadiendo más tarde:
«Esto no fue ni más ni menos que un intento de derrocar violentamente al gobierno, al gobierno elegido legal, legítima y pacíficamente, por parte de individuos enfadados porque su hombre perdió».
Aunque muchos manifestantes se enfrentaron a la policía y algunos irrumpieron en el edificio, las imágenes de seguridad disponibles muestran que iban desarmados, salvo por algunos palos y sprays de pimienta, y que la policía los desalojó del edificio al cabo de varias horas. No está claro cómo podrían haber derrocado al gobierno.
Los abogados del presidente Trump señalaron varios comentarios en los que la jueza insinuaba sus opiniones sobre la culpabilidad de su cliente en los hechos.
«Veo las imágenes de las banderas y las pancartas que llevaba la gente y los sombreros que llevaban y el atuendo. Y la gente que asaltó el Capitolio estaba allí por fidelidad, por lealtad a un hombre, no a la Constitución —de la que la mayoría de las personas que comparecen ante mí parecen lamentablemente ignorantes— ni a los ideales de este país, ni a los principios de la democracia. Es una lealtad ciega a una persona que, por cierto, sigue siendo libre a día de hoy”.
El comentario «sugiere directamente (y por supuesto incorrectamente en opinión de la defensa) que el presidente Trump es culpable de los acontecimientos de ese día y que no debería estar libre», dijo el abogado.
«Esta sería una interpretación natural de sus comentarios en cualquier contexto, pero es especialmente relevante aquí, donde la jueza Chutkan dirigió sus declaraciones a un acusado al que estaba a punto de condenar a una larga pena de prisión. De hecho, sus comentarios sugieren que llegó a la conclusión, antes de este caso, de que el presidente Trump es más merecedor de una pena de prisión que el acusado al que estaba sentenciando».
Durante otra audiencia de sentencia, la jueza pareció sugerir que el presidente Trump era responsable de la violencia del 6 de enero, a pesar de su petición explícita a los manifestantes de que se expresaran «pacífica y patrióticamente» y de que «se fueran a casa en paz».
«Es cierto, … has hecho una observación muy buena, que ya se ha hecho antes: que no se ha acusado a las personas que los exhortaron y alentaron y reunieron para que fueran a actuar y a luchar. … Yo no tengo ninguna influencia en eso. Tengo mis opiniones, pero no son relevantes», dijo la jueza.
«La mayoría de los observadores razonables entenderían las declaraciones de la jueza Chutkan… tanto como una determinación previa a la causa de hechos controvertidos (que el presidente Trump ‘exhortó’, ‘animó’ o ‘alentó’ a otros a actuar ilegalmente) como una sugerencia de que el presidente Trump puede y debe ser procesado basándose en esos hechos», dijeron los abogados.
Señalaron que la recusación tiene un «umbral bajo» de mera apariencia de parcialidad, en el que un observador razonable «podría» cuestionar la imparcialidad de la jueza.
Sin embargo, es la propia jueza la que decide sobre el asunto, señaló el Sr. Shipley en un post en X.
«Le corresponde a ella decidir si necesita recusarse del caso por los motivos expuestos», dijo.
La defensa no puede superar fácilmente su decisión.
«La Corte de Apelación está facultada para sustituirla, pero no sin una apelación adecuada ante esta que le confiera jurisdicción para actuar. Si deniega la moción, no es una orden apelable. Su negativa sería una cuestión que se plantearía en apelación después del juicio, pero no antes», explicó.
La jueza dio de plazo a la fiscalía hasta el 14 de septiembre para responder a la moción, y luego tres días a la defensa para responder a la respuesta.
Aparte del caso de Washington D.C., el presidente Trump también se enfrenta a un juicio en Georgia que también tiene que ver con sus intentos de impugnar las elecciones de 2020, así como a un juicio en una corte federal de Florida en el que el Sr. Smith le acusó de conservar indebidamente algunos documentos de defensa nacional de su época en el cargo, así como a un juicio en Nueva York en el que se le acusa de registros contables falsos relacionadas con su campaña presidencial de 2016.
Hasta ahora, las imputaciones no parecen haber afectado a sus resultados en las encuestas. En cuanto a las primarias del Partido Republicano, ha ido aumentando su ventaja sobre los demás candidatos, mientras que su foto policial de Georgia ha sido un éxito de recaudación de fondos. Sin embargo, los gastos legales relacionados con el litigio han supuesto una importante sangría para las arcas de su campaña.
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