En los alrededores de un predio con una estela de muerte y contaminación, miles de personas hacen su vida cotidiana en viviendas de clase media, escuelas públicas, iglesias, comercios y la propia estación del ferrocarril del oriental estado mexicano de Veracruz.
En el barrio La Estación del municipio montañoso de Córdoba, los restos de la fábrica de plaguicidas Agricultura Nacional de Veracruz S.A. (Anaversa) forman parte de la cotidianidad de una ciudad que quiere olvidar una tragedia que se cernió sobre la zona hace 27 años, pero que hoy sigue amenazando furtivamente a la población.
«Todo ha sido normal hasta ahorita, no hay ninguna enfermedad que hayamos adquirido ni nada», dice, confiado, Antonio Herrera Quiroz, un hombre que habita una vivienda desde hace tres décadas a un costado de Anaversa, la empresa que el 3 de mayo de 1991 se incendió, estalló y provocó una nube tóxica que se extendió a un tercio de la localidad.
La explosión habría consumido al menos 38.000 litros de sustancias altamente tóxicas, como ácido 24-D, pentaclorofenol, paraquat, paratión metílico y malatión, cuyas nubes negras invadieron al menos 18 colonias densamente pobladas.
Desde su casa de dos pisos, que habita junto con su esposa e hijo, el hombre minimiza las advertencias de que el siniestro causó graves e irreversibles daños a la salud de la población y al medioambiente con la dispersión de plaguicidas de toxicidad aguda y con la generación de dioxinas y furanos, sustancias altamente tóxicas y persistentes en el ambiente.
«Nosotros inclusive sembramos nuestros propios alimentos, aquí pasamos toda la noche y día en que fue la explosión y no sufrimos nada», ataja el sobreviviente del desastre que ha sido descrito como «el Bhopal mexicano», en alusión a la región de la India donde una fuga en una fábrica de pesticidas mató a 12.000 personas en 1984.
La Asociación de Asistencia a los Afectados por Anaversa estima que más de 1.500 personas han fallecido a consecuencia del accidente, pero oficialmente ninguna víctima mortal ha sido reconocida.
Y mientras don Antonio ayuda en las tareas del hogar, asegura que muchos se han querido colgar de la tragedia para su beneficio personal, pues -dice- sus vecinos tampoco sufrieron las consecuencias de la explosión y la gran mayoría sigue viviendo en el lugar.
El predio sobre la Avenida 11, entre las calles 21 y 23, fue cubierto por la maleza de años, pero su fachada principal luce inmaculada, como un sepulcro blanqueado en cuyo interior yacen sustancias químicas tóxicas persistentes y bioacumulables.
El lugar fue abandonado después del accidente; ni los particulares ni el gobierno se hicieron cargo de su remediación, pero la presidenta de la Asociación de Asistencia a los Afectados por Anaversa, Rosalinda Huerta Rivadeneyra, advierte que los habitantes continúan padeciendo afectaciones a su salud debido a la liberación de dioxinas.
«Este evento causó graves e irreversibles daños a la salud de la población y al medioambiente», asegura a Efe.
La activista afirma que las malformaciones que las víctimas presentaron tras el incendio fueron parecidas a las que tuvieron habitantes de Vietnam a raíz de la guerra química en la Operación Ranch Hand (1961-1971) durante la Guerra de Vietnam.
«Lo que vivimos es un holocausto silencioso; lo que se quemó hace 27 años es lo mismo que se utilizó en la guerra de Vietnam. Hay un grave impacto a la salud», explica.
La organización contabiliza al menos 10.000 casos de cáncer en tejidos blandos, entre los que se incluyen testículos, mama, cuello, riñón y cerebro; y enfermedades como diabetes, problemas renales y del corazón, pero ninguna autoridad reconoce la cifra.
«El predio de Anaversa, a pesar de aparecer en el listado de sitios contaminados por autoridades ambientales, está destechado y sin medidas que eviten la dispersión de contaminantes, exponiendo aun más a la población aledaña a la grave contaminación», alerta.
La organización ambientalista Asamblea Veracruzana de iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida) mantiene una lucha legal para obligar al Gobierno mexicano a reparar daños a la salud y al ambiente, pues -denuncia- el predio sigue contaminado por dioxinas y furanos.
«El Estado mexicano ha vulnerado varios derechos humanos: a un medioambiente sano, a la salud, a la vida, a la integridad personal, a la vivienda digna y al acceso a la justicia, entre otros», acusó.
Debido a la trascendencia social de los daños, LaVida interpuso a principios de este año a un juicio de amparo en forma colectiva contra las omisiones de las autoridades.
Y mientras el juicio se lleva a cabo en instancias oficiales, en la fachada de Anaversa, a más de un cuarto de siglo de la tragedia, luce un enorme letrero anunciando la venta del lugar al mejor postor.
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