Un hombre mexicano que fue condenado por asesinar a un agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. demostró con éxito que se le proporcionó un abogado ineficaz, según dictaminó una corte de apelaciones de Estados Unidos.
La corte anuló la condena por asesinato del hombre.
Heraclio Osorio-Arellanes participó en 2010 en un intercambio de disparos con agentes estadounidenses en Arizona, en unas montañas al sur de Tucson. Brian Terry, uno de los agentes, murió. La muerte de Terry llevó a descubrir que una operación del gobierno estadounidense apodada “Rápido y Furioso” perdió el rastro de las armas que investigaba, incluidas las armas de fuego que se encontraron en la escena del tiroteo de 2010.
Tras el intercambio, Osorio-Arellanes huyó a México, donde permaneció casi siete años antes de ser detenido.
Dentro de una prisión mexicana, siguiendo el consejo de su abogado, Osorio-Arellanes confesó los delitos. Fue extraditado a Estados Unidos y recibió una condena.
Osorio-Arellanes afirma que se violaron sus derechos en virtud de la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, lo que significa que debería recibir un nuevo juicio. La enmienda prevé la asistencia de un abogado.
Un juez de distrito de EE.UU. no estuvo de acuerdo, poniéndose del lado del gobierno en contra de Osorio-Arellanes, pero la mayoría de un panel de la corte de apelaciones falló el 9 de agosto a favor del mexicano debido a la asesoría del abogado mexicano Juan Salvador Pimentel.
“La transcripción del interrogatorio muestra que el asesoramiento de Pimentel fue tan inadecuado que obviamente le negó a Osorio el derecho de la Sexta Enmienda a la asistencia efectiva de un abogado”, escribió para la mayoría el juez del Circuito de EE.UU., Michael Daly Hawkins.
Pimental dijo en parte: “¿Cómo es posible que usted le robe a alguien… que estaba realizando una actividad ilegal… no hay delito por otro delito, ¿no? Entonces, como están alegando que usted está afectando… el negocio del narcotraficante… no le afectará si usted se lo cuenta”.
A Hawkins se unió la jueza de circuito Roopali Desai.
La mayoría subrayó que el caso no está necesariamente cerrado.
“Nuestra postura no decide la responsabilidad última de Osorio por sus acciones. El gobierno todavía puede volver a juzgar este caso”, escribió Hawkins. “Sin embargo, su apelación directa reafirma la potencia de las protecciones procesales de nuestra Constitución para los acusados de delitos, que ‘se conceden a los inocentes y a los culpables por igual’”.
El juez de circuito de EE.UU. Andrew D. Hurwitz señaló en un voto particular cómo los agentes de EE.UU. antes de la confesión de Osorio-Arellanes advirtieron al hombre de que tenía derecho a permanecer en silencio y que podía hablar con un abogado de EE.UU. antes de responder a las preguntas.
Hurwitz añadió más tarde que mantendría el fallo del tribunal de distrito en este momento, aunque finalmente podría ponerse del lado del condenado.
“Incluso si la transcripción se considera adecuadamente, no contiene ninguna declaración de Osorio de que el consejo del abogado mexicano le hiciera hacer las admisiones pertinentes. Aunque esa es una inferencia razonable de la transcripción, es sólo una inferencia; ni Osorio ni su abogado mexicano lo declararon nunca, ni en la transcripción ni en ningún otro lugar bajo juramento en este procedimiento y los argumentos de su actual abogado no son pruebas”, escribió. “En mi opinión, nos beneficiaríamos del desarrollo fáctico del expediente (y de las conclusiones de un tribunal de hábeas) antes de llegar a esta conclusión”.
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