Apocalypse now: ¿Por qué fracasan las estrategias de seguridad en México?

Opinión

El horror, es el horror…

Coronel Kurtz, Apocalypse now

Basado en El corazón de las tinieblas

de Joseph Conrad

Hace unos días apareció el cadáver del presidente municipal de Chilpancingo, la capital de Guerrero y punto de tránsito hacia Acapulco, que llegó a ser uno de los grandes sitios turísticos en México. Había sido decapitado y su cabeza estaba sobre el toldo de un automóvil. El cuerpo adentro del mismo.

Este hecho se suma a múltiples horrores que se han desatado en México y que se engloban como “un problema de inseguridad”, cuando el horror mismo apela a una oscuridad más profunda: se trata de que el crimen organizado reta ya las bases mismas de la civilización humana en el país.

Así pues, no se trata de un simple asesinato, como no es tampoco tan sólo “inseguridad” el hecho de que existan miles de desaparecidos en gran parte del territorio —incluyendo la capital del país—, uno más de los temas que el Estado mexicano ha abandonado. Una autoridad de primer nivel se le asesina y exhibe en una imagen de horror, como si nos encontráramos en una selva alejada de una sociedad civilizada.

La reacción de las más altas autoridades de la República —¿todavía lo somos?—, fue decepcionante. Al tratar de amoldar el hecho al formato de las mañaneras heredadas del anterior gobierno, pareció minimizarse el asunto.

“Vamos a ver si la Fiscalía General de la República atrae el caso (…) mañana da un informe el secretario de la Defensa (…) lo vimos en nuestra reunión de seguridad de la mañana para analizar el móvil y ver lo de las detenciones”, dijo Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina del 7 de este mes. O sea, la presidenta dice que van a ver si lo atraen… pero ya lo están viendo… pero van a informar las autoridades encargadas del caso… pero lo que dice el secretario de Seguridad es que la víctima misma es responsable de lo que le pasó, pero… peor imposible.

¿Cuándo comenzó esto? Fue antes del gobierno del presidente Felipe Calderón, a finales del sexenio de Vicente Fox, cuando el general Rafael Macedo de la Concha —no es mi pariente— fue defenestrado por razones políticas. Esto fue promovido por Santiago Creel y su asesora María Amparo Casar.

El control existente a partir de la operación judicial de la PGR con apoyo operativo del Ejército, mantenía a raya a las poderosas bandas criminales. Pero el Estado era más poderoso. Contra esto, en lo que se conoce como grilla, el secretario Creel y su asesora promovieron al frente de esta dependencia estratégica a un recomendado inepto y desconocedor de la situación, lo cual  provocó un hueco operativo y un descontrol aprovechado por las bandas criminales, lo que suscitó un caos y el comienzo de cientos de muertos regados a lo largo del país.

Luego vino la petición de ayuda del gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, ante la emergencia de un grupo criminal cuyo modus operandi consistía en infiltrar el aparato de gobierno en los municipios y utilizar actos de violencia extrema —habían regado las cabezas cortadas de rivales en la pista de baile de un centro nocturno—.

En lugar de que el presidente Calderón actuara con una estrategia precisa en la defensa de la estabilidad de Michoacán y otras zonas conflictivas, vio la oportunidad de “legitimarse” a nivel político —ante los ataques por las controvertidas elecciones— y sin ton ni son actuó con la intervención del Ejército para iniciar la “guerra del narco”.

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón cuando señala que no va a continuar con esa estrategia, que ensangrentó y desestabilizó al país, cuyas consecuencias sufrimos todavía.

Es necesario precisar en qué consiste realmente esa “guerra del narco” origen de la actual crisis de seguridad en México, a la cual por su parte el anterior gobierno de López Obrador ignoró y “enfrentó” —es un decir—  con una pasividad cómplice con su lema: “Abrazos no balazos” y sus acusaciones a “las abuelitas de los delincuentes” acostumbrados a descuartizar a muchas de sus víctimas.

Se trata de una estrategia de la DEA: “atacar al Cártel más poderoso apoyando en su contra a un Cártel enemigo”. Esto se hizo en Colombia cuando para poder acabar con Pablo Escobar se utilizó a su rival: el Cártel de Cali. En México esto significó el apoyo tácito o efectivo al Cártel de Sinaloa en contra de otros Cárteles como los Zetas. Si la politiquería había creado ya un crecimiento del problema, esta estrategia auspiciada por el presidente Calderón profundizó el caos incipiente y creó un verdadero caos con la expansión del horror.

Recuerdo cómo en una reunión en Cancún la directora de la DEA en ese entonces, felicitaba a Genaro García Luna, el secretario de seguridad del gobierno y ponía esto como ejemplo de que las cosas se estaban haciendo bien. Ahora García Luna duerme en una celda estadounidense, y de 90 zonas de control criminal cuando comenzó la guerra del narco calderonista, se terminó con 900 y ahora con un 35% del territorio controlado por criminales según el Pentágono, lo que pone a México en una ruta para convertirse en un Estado fallido, peor que Pakistán.

Durante el gobierno del presidente Enrique Peña la estrategia de seguridad también tuvo fallas políticas, desde el mal manejo de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, por proteger a los militares locales y los aliados de izquierda —debe recordarse que la esposa de José Luis Abarca era consejera del PRD y parte del grupo de Jesús Zambrano—, hasta el centrarse en acabar con las cabezas de los Cárteles y no inhibir o derruir a las estructuras criminales que ya operaban en complicidad con autoridades locales. Gasolina al fuego en lugar de apagarlo.

Abarca era presidente municipal de Iguala en 2014 —cuando se dio la desaparición de los 43 normalistas—, y jefe de la mafia local, por lo que está actualmente en la cárcel.

Si la presidenta Sheinbaum repudia la estrategia calderonista no se entiende que la repita. En la estrategia recién expuesta de su gobierno dice: “La fuerza pública dará prioridad al combate de las expresiones más violentas del crimen organizado”. De nuevo se replica la propuesta de la DEA —sin la DEA—, de enfrentar a unos y, de manera tácita o no, apoyar a otros, cuando todos, sin excepción, son “expresiones más violentas” y además el Estado debe aplicar la ley sin distingo ni discriminación.

La actual estrategia otra vez está contaminada de cuestiones políticas. La ideología: “atender las causas”. Los jóvenes pobres no son causas. De hecho, los Cárteles recurren a una especie de leva o reclutamiento forzoso. “Consolidar la Guardia Nacional dentro de Sedena”. Quién sabe que tenga que ver esto con la crisis de seguridad que vive el país, salvo “consolidar“ a una política de militarización del anterior gobierno, sin que la misma signifique nada para enfrentar el problema. Pareciera que se trata de quedar bien con el anterior sexenio, como si eso importara ahora.

“Fortalecimiento de la Inteligencia y la Investigación”. El lenguaje burocrático de siempre, ¿qué es “fortalecimiento”? García Luna creó la Plataforma México, una poderosa herramienta de inteligencia, ¿y eso qué? “Coordinación absoluta con la entidades federativas”. Tienen tiempo las reuniones de “coordinación” y hasta ahora eso no ha servido de mucho.

Una estrategia expone objetivos. ¿No lo es que el Estado recupere el control de los territorios perdidos en manos de los criminales? Se tendría que atacar también la complicidad de autoridades locales y criminales. Tampoco hay ninguna línea para aplicar una estrategia específica de prevención social, que ha demostrado en otras partes del mundo —como en Italia— ser efectiva para contener el dominio de mafias criminales. Tampoco se incorpora la acción de la FGR para judicializar, no militarizar, la acción contra el crimen organizado. Y algo de empatía no le haría mal a la estrategia gubernamental, que ignora totalmente la tragedia de los desaparecidos, que son parte de la grave crisis de seguridad.

Como hemos señalado en este texto, cuestiones políticas han determinado que las estrategias de seguridad de los distintos gobiernos sean fallidas. En el caso del munícipe decapitado, se esperaría que el Estado mexicano actuara no sólo contra las bandas criminales, sino también contra sus cómplices políticos como se sabe o existen graves indicios, es el caso de quienes están gobernando Guerrero. Aquí no se trata de partidos, o de política, sino de la vigencia del Estado. Es la responsabilidad que se añora de un presidente en este país.

Para restablecer el predominio del Estado como columna vertebral no solo de un sistema político, sino como el hecho mismo de la existencia colectiva civilizada, se debe sustentar su vigencia jurídica, ética, social, policiaca y militar en contra de los criminales que están oprimiendo y destruyendo a México.

Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí

Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times