El Congreso ha aprobado definitivamente la ley que crea la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, dieciséis años después del siniestro del avión de Spanair en Madrid en el que murieron 154 personas.
La creación de esta Autoridad es una demanda histórica de las asociaciones de víctimas, entre ellas las del accidente de Spanair y las del tren Alvia que descarriló en Santiago de Compostela hará mañana once años con el resultado de 80 personas fallecidas y 114 heridas.
En su paso por el Senado, los grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo para incluir en la nueva ley la creación de una Unidad de Asistencia Familiar que dependerá de la persona que presida la Autoridad, como llevaban también tiempo reclamando las asociaciones de familiares de las víctimas para recibir apoyo médico y sicológico.
Autoridad para la investigación de accidentes ejercerá las funciones que actualmente desarrollan tres comisiones adscritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y tanto su presidente, que deberá ser una persona de reconocido prestigio y cualificación en seguridad del transporte, como los consejeros que la formen tendrán dedicación exclusiva.
El objetivo es reforzar la independencia del organismo de investigación, ya que, a la independencia funcional actual, se sumarán la orgánica, al poseer personalidad jurídica diferenciada, y la financiera, dado que obtendrá sus ingresos a través de la participación en la recaudación de determinadas tasas.
Entre ellas figuran la tasa de seguridad aérea, la de prestación de servicios y realización de actividades en materia de seguridad ferroviaria y la de ayudas a la navegación.
Su mandato consiste en investigar y aclarar las causas de los accidentes, y para ello colaborará con otras entidades tanto dentro como fuera de España, e incluye un régimen de información específico para las víctimas, familiares y asociaciones de afectados.
Endeudamiento de Adif
Durante la tramitación de esta ley, el PSOE aprovechó para incluir en ella una disposición adicional que autoriza a Adif Alta Velocidad a incrementar su endeudamiento en 2024 hasta 1.750 millones de euros y a Renfe Operadora hasta 880 millones, un 41 % y 47 % más, respectivamente, de lo que estaba previsto para este año, pese a que los presupuestos generales están prorrogados.
Aunque el PP eliminó del texto esa disposición en el Senado gracias a su mayoría absoluta en esa cámara, la ley aprobada definitivamente hoy en el pleno del Congreso la vuelve a incluir, con el rechazo de los ‘populares’, que la considera «ilegal».
Por su parte, Vox se ha quejado de que el Gobierno de Pedro Sánchez no garantiza la independencia de la nueva Autoridad.
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