La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega, aprobó este jueves la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual ha sido cuestionada por la oposición y organizaciones internacionales por considerar que permitirá al régimen sandinista tener mayor control de organizaciones independientes.
La legislación fue aprobada con 70 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones, en medio de una discusión en el hemiciclo que llegó hasta los insultos del diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez, quien llamó “pillos” y “delincuentes” a los grupos opositores por supuestamente recibir fondos con el presunto propósito de “desestabilizar al país”.
“Manada de delincuentes y corruptos, se robaron entre ellos. Son a los que le tiemblan las patas cuando se habla de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, expresó Gutiérrez, quien preside la Comisión Económica del Parlamento nicaragüense.
La Ley de Agentes Extranjeros según Gutiérrez “es en legítima defensa al derecho de la soberanía de la nación”, la “no intervención e injerencia extranjera en los asuntos internos”, la “transparencia de fondos”, y la lucha contra el “lavado de dinero”.
De acuerdo con la legislación, todos los ciudadanos que reciban fondos del extranjeros no podrán financiar ningún tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua.
También obliga a que las personas que reciben fondos del exterior se registren como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación y entreguen informes mensuales sobre los gastos, pagos y desembolsos “vinculados a su desempeño como agentes extranjeros”.
La nueva ley también prohíbe a cualquier nicaragüense que reciba financiamiento del exterior participar en cualquier tipo de organización política; incluso, no podrá ser candidato a ningún cargo público.
Modificaciones
Antes de la aprobación de la Ley, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional hizo algunas modificaciones, como la excepción de agentes extranjeros a organismos intergubernamentales de carácter humanitario, así como las misiones diplomáticas, organismos internacionales y agencias de cooperación internacional.
También exime a los “medios de comunicación social internacionales y sus corresponsales, y personas jurídicas de carácter religioso debidamente inscritas”.
Cambios por presión internacional
Los cambios se dieron un día después que el Parlamento Europeo aprobara una resolución en la que advirtió la posibilidad de ampliar las sanciones contra funcionarios nicaragüenses por considerar que las “medidas legislativas” arrinconan a organizaciones de la sociedad civil.
La diputada liberal Azucena Castillo relató a la Voz de América que la Cancillería de la República se reunió con cooperantes extranjeros para analizar la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y después de ese encuentro se decidió suavizar la iniciativa y crear las excepciones.
“Las sanciones de la Unión Europea y las sanciones de Estados Unidos los hicieron rectificar y modificaron la ley para no afectar la cooperación internacional”, señaló Castillo, quien participó en el análisis del nuevo marco legal en Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea.
Por otro lado, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, catalogó la ley como una “aberración jurídica”, argumentando que “viola preceptos constitucionales y pactos internacionales firmados por Nicaragua”.
“Esta iniciativa no es nada más que las pretensiones de limitar a los nicaragüenses que no compartimos un sistema, el cual ha sido considerado a nivel internacional como un sistema nocivo para los sistemas democráticos”, dijo Rodríguez.
Brooklyn Rivera, del partido indígena Yatama, explicó las implicaciones de la ley sobre los pueblos originarios.
“Siempre hemos estado indefensos, pero aún más con esta iniciativa de ley, cuando los pocos organismos que denuncian sobre las violaciones de derechos humanos estarían prácticamente atados de manos”.
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