Un árbitro dictaminó el 4 de agosto que el Departamento de Policía de Massachusetts suspendió erróneamente a ocho policías estatales por negarse a cumplir la orden de vacunación contra COVID-19.
Los policías solicitaron exenciones del mandato debido a sus creencias religiosas, pero los funcionarios rechazaron las solicitudes, lo que dio lugar a las suspensiones.
El Departamento de Policía del Estado violó los derechos de los policías al denegar sus solicitudes de exención, dictaminó el árbitro, según el sindicato Asociación de Policía del Estado de Massachusetts y la abogada Leah Marie Barrault.
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El árbitro consideró que los policías «mantienen una creencia religiosa sincera que entra en conflicto con la vacuna y que se les debería haber dado la oportunidad de que se revisaran sus solicitudes individuales de adaptación y no se descartaran sumariamente», dijo a través de una declaración la abogada Barrault, que representó a los policías.
El departamento de Policía no respondió a la petición de comentarios de The Epoch Times. En una declaración a los medios de comunicación locales, un portavoz dijo que «estamos revisando la sentencia de hoy para determinar los pasos administrativos y legales necesarios para su ejecución».
El sindicato declaró que el árbitro ordenó a los funcionarios que se pusieran en contacto con los policías para ofrecerles la reincorporación, así como el pago íntegro de los atrasos correspondientes al período de suspensión.
Siete de los policías están suspendidos desde el año 2021. El octavo ya se reincorporó al servicio tras un período de suspensión.
«Hoy temprano, yo tuve el gran honor y privilegio de informar a siete de nuestros policías, que habían sido suspendidos sin goce de sueldo debido a la Orden Ejecutiva 595, que ellos podrían regresar al trabajo», dijo Patrick McNamara, presidente de la asociación policial, en una declaración.
El exgobernador de Massachusetts, el republicano Charlie Baker, emitió la orden, que exigía a todos los trabajadores del poder ejecutivo demostrar que se habían vacunado antes de octubre de 2021.
El Sr. Baker dijo que la vacunación era «la herramienta más eficaz» para combatir el COVID-19 y que «la vacunación generalizada es el único medio que tiene la Mancomunidad a largo plazo para garantizar la protección contra COVID-19 en todas sus variantes y poner fin a las muchas consecuencias negativas que COVID-19 produce en nuestra vida cotidiana». La orden no incluía citas de respaldo para sus afirmaciones.
A los trabajadores que no cumplieran el mandato se les dijo que se enfrentarían a sanciones, incluido el despido. Pero la orden establecía que las agencias tenían que permitir exenciones a los trabajadores «incapaces de recibir la vacuna COVID-19 debido a una discapacidad médica» y a los trabajadores «no dispuestos a recibir la vacuna COVID-19 debido a una creencia religiosa sinceramente sostenida».
La gobernadora de Massachusetts, la demócrata Maura Healey, que sucedió a Baker, revocó la orden en mayo. Ella dijo que la orden «redujo y mitigó con éxito innumerables infecciones, hospitalizaciones y muertes resultantes de COVID-19», pero no proporcionó ninguna cita de respaldo a sus afirmaciones.
La policía estatal también despidió a otros 13 agentes a causa de la orden. La nueva decisión no les afecta.
«Aunque hoy es un día para alegrarse y celebrar una victoria de los trabajadores organizados, nuestra lucha no ha terminado. Trece de nuestros miembros siguen sin trabajo, despedidos injustamente por la administración Baker, y con las cicatrices de una designación rencorosa e infundada de despido deshonroso», dijo el Sr. McNamara. «Para aquellos que dudaron de nuestro compromiso y criticaron nuestra lucha, hoy se reafirma lo que he dicho desde el primer día: la Asociación de Policía Estatal de Massachusetts siempre defenderá los derechos de nuestros miembros».
En otro caso resuelto recientemente, un juez dictaminó que la Universidad de Virginia, financiada con fondos públicos, despidió indebidamente a una citotecnóloga tras denegarle su solicitud de exención por motivos religiosos. La escuela aplicó erróneamente una prueba destinada a determinar la sinceridad de las creencias, dijo el juez, lo que «viola la doctrina de separación de la Iglesia y el Estado consagrada tanto en la constitución de Virginia como en la federal».
Otro juez dictaminó en otro caso de Massachusetts, relacionado con Beth Israel Lahey Health, que la imposición de una orden de vacunación no constituía agresión, denegando la mayoría de las demandas de un grupo de extrabajadores que habían sido despedidos por negarse a ser vacunados. El juez permitió que el caso siguiera adelante alegando que la instrucción sanitaria al despedir a los trabajadores estaba motivada por «animadversión de represalia».
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