Un nuevo y generalizado escándalo de corrupción que implica a empresarios junto a exfuncionarios de la administración Kirchner, puede tener consecuencias imprevistas para el futuro de Argentina como democracia. La reciente condena del ex vice presidente Amado Boudou a 5 años y 10 meses de prisión por delitos cometidos durante su mandato, puede todavía ofrecer alguna esperanza para el país.
La corrupción ciertamente no es algo nuevo en Argentina. Fue esculpida en el panorama político argentino desde principios del siglo XX y adquirió intensidad pandémica después de los gobiernos del general Juan Domingo Perón. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, habló de la omnipresente “enfermedad moral” de la sociedad argentina.
El engaño fue la política pública tácita en la escuela, en los impuestos y al pagar cuentas y multas. Esta conducta social infectó las raíces del sistema político del país y produjo su final más espectacular con el gobierno de los Kirchner. Néstor Kirchner fue Presidente de Argentina de 2003 a 2007 y Cristina Fernández de Kirchner de 2007 a 2015.
Sin embargo, nadie debería sorprenderse. Los gérmenes estaban allí esparciéndose en el sótano, pudriendo las estructuras, preparando el colapso final. ¿Cómo puede alguien explicar de otra manera la represión sanguinaria llevada a cabo por los militares durante la década de 1970, sin considerar su previa aceptación por los círculos políticos civiles? ¿Cómo es posible que las personas desaparecieran a plena luz del día por comandos tácticos militares, sin denuncias formales, excepto por unos pocos grupos de derechos humanos?
¿Cómo podría explicarse también que el ataque terrorista de la “Asociación Mutual Israelita Argentina” (AMIA) que mató a 85 personas en Buenos Aires en 1994 pudiera ocurrir, sin considerar la posible connivencia de funcionarios del gobierno del expresidente Carlos Menem? ¿O cómo podría explicarse también el asesinato de Alberto Nisman?
Nisman fue fiscal especial en el caso de la AMIA, y fue asesinado el día antes de ir a testificar en el Congreso para denunciar el corrupto acuerdo de la administración Kirchner con Irán. En ese acuerdo, Irán y Argentina intercambiaron petróleo por inmunidad para los iraníes sospechosos de haber participado en el ataque contra la AMIA.
Esos acontecimientos dispares fueron simplemente consecuencia de la corrupción en todos los niveles de la sociedad argentina. La política de complicidad de una década entre políticos y jueces, no solo permitió que estos eventos permanecieran impunes, sino que toleró el soborno como canal para resolver cualquier investigación de un sistema corrupto.
En el reciente escándalo se supo que el chofer de uno de los principales funcionarios del gobierno de Kirchner escribió ocho cuadernos con explicaciones detalladas de reuniones, personas involucradas, lugares y bolsas con dinero. Los cuadernos implicaban no solo a las principales autoridades del gobierno, sino también a varios empresarios importantes.
¿Existe alguna posibilidad que Argentina elimine la enfermedad crónica de la corrupción en su vida social? Después de todo, parece más fácil renunciar a cualquier resistencia, que iniciar una lucha desproporcionada contra una enfermedad que tiene cómplices en todos los niveles de la sociedad. Sin embargo, como sucede cuando nos enfrentamos a la injusticia, podemos abandonar toda esperanza o mantener nuestra resistencia creyendo que merecemos un futuro mejor.
Italia luchó con éxito contra un sistema corrupto similar con “Mani Pulite” (Manos Limpias). Esta fue una investigación judicial italiana a nivel nacional sobre la corrupción política que condujo a la desaparición de la llamada “Primera República”. Varios políticos y empresarios se suicidaron después que se descubrieran sus delitos. Brasil produjo recientemente “Lava Jato”, un enfoque similar, que muestra una oportunidad para deshacerse de la corrupción generalizada en ese país.
Ahora corresponde a los jueces argentinos aprovechar esta oportunidad para poner fin definitivamente a la corrupción endémica de Argentina. Oportunidades como ésta son raras cuando la voz desesperada de la población exige justicia.
Alberto L. Zuppi, es abogado argentino y profesor de derecho, autor de “AMIA: Un crimen en curso” (Red Penguin, 2018). César Chelala es co-ganador de un premio del Overseas Press Club of America por “Desaparecido o Muerto en Argentina: La búsqueda desesperada de miles de víctimas secuestradas”.
Los puntos de vista expresados en este artículo son las opiniones del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de La Gran Época.
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