Argentina extendió por otros seis meses el congelamiento de bienes y activos financieros de la organización islámica libanesa Hezbolá, a la que la Justicia del país atribuye el atentado contra la mutua judía AMIA de 1994, que dejó 85 muertos, confirmaron este martes a Efe fuentes oficiales.
Así lo decidió la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo dentro de la órbita del Ministerio de Economía, que ya el pasado 18 de julio ordenó el «congelamiento de activos de la organización terrorista Hezbolá, entidades específicas del ala militar que integran la misma, y líderes de la organización».
También en esa fecha, la UIF solicitó la inscripción de este hecho en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), convirtiendo a Argentina en el primer país de Latinoamérica en considerar a Hezbolá como una organización terrorista.
El asesinato de Soleimani, clave en la prórroga de las sanciones
Según la resolución 1/2020, aprobada por el titular de la UIF, Mariano Federici, esta prórroga de seis meses tiene por objetivo «mitigar los riesgos a la seguridad nacional y a la integridad del orden económico financiero derivadas de sospechas detectadas de financiación del terrorismo».
En ese sentido, la UIF incluyó entre las razones de esta extensión el reciente asesinato por parte de Estados Unidos del líder de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani.
Para el organismo argentino, las «represalias» anunciadas por parte del régimen iraní, al que pertenecieron los funcionarios con pedidos de captura internacional ordenados por la Justicia del país austral, resultaron «cuestiones centrales» en la toma de esta decisión.
Asimismo, la UIF justifica esta iniciativa con los mismos motivos esgrimidos en julio del 2019, como son los «múltiples atentados» perpretados por Hezbolá a nivel global o la presunta responsabilidad de la organización en los atentados contra la Embajada israelí en Buenos Aires de 1992 y de la AMIA en 1994.
También se fundamenta en la presencia de «elementos vinculados» a Hezbolá en la zona de la Triple Frontera -formada por Brasil, Argentina y Paraguay- y el «riesgo de financiación del terrorismo» que estos representan, además de los vínculos entre Hezbolá y la República islámica de Irán.
Por otra parte, la decisión fue tomada apenas unos días antes de que Federici, nombrado por el anterior jefe de Estado argentino, Mauricio Macri, ceda los mandos de la UIF al abogado penalista Carlos Cruz, un traspaso previsto para el próximo 28 de enero.
Una extensión que llega antes de la visita de Fernández a Israel
Esta prórroga se produce justo antes del viaje a Israel del presidente argentino, Alberto Fernández, que participará el próximo 23 de enero en el «Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo».
Se trata de su primera visita al exterior desde que asumió la Jefatura de Estado el pasado 10 de diciembre; un viaje que se suma la reunión con el papa Francisco el 31 de enero en el Vaticano.
La visita a Israel, un enemigo declarado de Irán, tiene lugar poco después de la conmemoración en Argentina del quinto aniversario de la muerte del fiscal judío argentino Alberto Nisman, que el 18 de enero de 2015 apareció tendido en el suelo de su apartamento de Buenos Aires, con un tiro en la cabeza, apenas cuatro días después de haber acusado a la entonces presidente Fernández de encubrir a sospechosos de terrorismo.
En concreto, Nisman -cuya muerte aún no se ha esclarecido- denunció que la mandataria y algunos de sus colaboradores habían tratado de encubrir, a través de un acuerdo bilateral con Irán, a los iraníes imputados por el ataque a la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994 y también sigue impune.
La resolución de la UIF coincide, además, con el transcurso de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, celebrada este lunes en Bogotá, en la que Estados Unidos y sus principales aliados en América se comprometieron a reforzar su lucha contra el terrorismo y alertaron de la presencia de células de Hezbolá en Venezuela.
En la declaración final de la cita, más de veinte países del continente, entre ellos Argentina, expresaron su preocupación «por las actividades que redes de (el grupo chií libanés) Hezbolá continúan realizando en algunas áreas del hemisferio occidental».
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