La jueza de Nueva York Loretta Preska acordó retrasar temporalmente la ejecución de una sentencia de 16,100 millones de dólares (14,812 millones de euros) contra Argentina por la expropiación en 2012 de la petrolera YPF a Repsol, pero estableció nuevas condiciones, como aportar otros activos como garantía para evitar embargos.
Argentina, que busca la revisión del laudo del 15 de septiembre, había pedido evitar pagar esta cantidad mientras se considera el recurso de apelación presentado ante los tribunales, según apunta Bloomberg.
La jueza federal permitió el martes a Argentina retrasar el pago sin una fianza de apelación que garantice el monto total a cambio de la participación accionaria del 51 % del país en YPF y sus cuentas por cobrar ligadas a una presa y a una planta hidroeléctrica construida entre Argentina y Paraguay.
Los inversores dijeron que la participación de YPF en Argentina vale entre 2350 millones de dólares y 3050 millones de dólares (entre 2162 millones y 2806 millones de euros).
Preska suspendió la ejecución de la sentencia hasta el 5 de diciembre para permitir que Argentina dé cumplimiento a los compromisos que ha adquirido.
Después del fallo adverso por la «expropiación irregular» de la petrolera YPF impulsada por la entonces presidenta del país, Cristina Kirchner (2007-2015), Argentina había argumentado que pagar la sentencia causaría graves dificultades al pueblo argentino ya que equivale a casi una quinta parte del presupuesto de la nación.
Las acciones de la petrolera subieron con fuerza tras la victoria del libertario Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo. Milei ha anunciado que planea que la petrolera, de capital mayoritario estatal, sea privatizada, como ya lo fue en 1989 por el entonces presidente Carlos Menem.
La privatización culminó en 1999, cuando la española Repsol compró un 14.99% de las acciones de YPF, por las que pagó unos 15,000 millones de dólares (13,800 millones de euros al cambio actual).
El proceso judicial en Nueva York lleva más de ocho años y tuvo varios reveses para el país. A fines de marzo de este año, Preska dictaminó que el Estado argentino expropió mal la petrolera y lo condenó a resarcir a los demandantes.
Seis meses más tarde volvió a fallar en contra de Argentina y el fondo Burford, especializado en comprar juicios, señaló que la compensación debía rondar los 16,000 millones de dólares.
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