Un informe que muestra la influencia que el Partido Comunista Chino (PCCh) trata de ejercer en el mundo a través de los medios de comunicación destacó dos casos que tuvieron lugar en América Latina: Chile y Argentina.
El informe titulado “La huella mediática global de China: Respuestas democráticas a la expansión de la influencia autoritaria”, elaborado por la oenegé americana National Endowment for Democracy, señala que el régimen chino impulsó esfuerzos radicales para expandir y moldear el contenido de los medios de comunicación en todo el mundo, afectando a cada región y en múltiples idiomas.
«Aprovechar la propaganda, la desinformación, la censura y la influencia sobre los nodos clave en el flujo de información–estos esfuerzos van más allá de simplemente ‘contar la historia de China'», dice el reporte.
«Ningún país es inmune: Los objetivos incluyen naciones pobres e institucionalmente frágiles, así como poderes democráticos ricos», agregó documento.
Los primeros años de la expansión de los medios estatales chinos en el mundo tuvieron un efecto en Latinoamérica, especialmente en países como Brasil y Argentina, donde encuestas y estudios mostraron que las opiniones sobre China y Xi Jinping mejoraron, según la investigación. Sin embargo, desde 2015 las opiniones favorables de ambos países han disminuido. Especialmente luego de la propagación del virus del PCCh, conocido comúnmente como nuevo coronavirus.
En cuanto a los esfuerzos de China para difundir desinformación en la región, el informe destaca los casos de Argentina y Chile.
La campaña del PCCh, además de pretender presentar el régimen autoritario chino como «benigno, promover a China como modelo de gobernanza», busca obtener el apoyo de los funcionarios políticos extranjeros en temas clave como Taiwán, la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, el Tíbet, Hong Kong o Falun Gong, señala el informe.
En abril de 2020, un intermediario argentino que se sospecha trabajaba para el régimen chino, ofreció dinero a la prensa en Argentina a cambio de publicar información difamatoria sobre una práctica espiritual llamada Falun Gong, que ha sido gravemente perseguida en China desde 1999.
«Al menos tres medios de comunicación rechazaron la oferta de un intermediario local para que un agente chino publicara un artículo cuestionable para difamar a los practicantes locales de Falun Gong como una amenaza para la salud pública durante la pandemia de COVID-19», señala el informe. Este artículo se intentó publicar en Infobae, El Cronista Comercial, y Diario Popular.
De acuerdo a los detalles obtenidos por The Epoch Times, un editor de estos medios contactó a un periodista que practica Falun Gong, y le contó que el intermediario argentino le ofreció al editor 20,000 pesos (alrededor de USD 310) para publicar el artículo. Ningún medio accedió a publicar la propaganda.
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica de meditación con enseñanzas morales basadas en verdad, benevolencia y la tolerancia. En 1999, el régimen chino lanzó una campaña para eliminar la práctica, y hasta el día de hoy continúa dicha persecución contra las practicantes. De acuerdo con Minghui.org, un sitio web con sede en EE.UU. que rastrea la persecución a Falun Gong en China, en 2020, «al menos 615 practicantes de Falun Gong fueron condenados ilegalmente y 88 fueron torturados hasta la muerte» para que dejaran sus creencias.
En Chile, la embajada de Beijing apuntó directamente al movimiento prodemocracia de Hong Kong.
El embajador chino Xu Bu publicó un artículo de opinión en el diario El Mercurio el 9 de septiembre de 2019. En esta publicación, el funcionario «atacaba al legislador chileno Jaime Bellolio por visitar líderes del movimiento democrático en Hong Kong», de acuerdo con el informe.
Ante esto, el centro de estudios Fundación para el Progreso escribió una carta al director del periódico en el que apela a varias de las afirmaciones del funcionario chino.
«El embajador acusa con soberbia a los manifestantes de ser criminales: los trata de ‘matones’ y violentos, agitadores del orden social contra el ‘gobierno legítimo’ de la ciudad. Pero omite en su columna la reforma al sistema de elecciones en Hong Kong de 2014, que hizo obligatoria la aprobación del gobierno de Beijing a cualquier candidatura al Parlamento», señala la carta.
«Tampoco alude a la cantidad de recursos que Beijing ha invertido en atacar a manifestantes, y como afirma [Joshua] Wong, que el gobierno ha secuestrado y extraditado ilegalmente a disidentes por actos tan simples como vender y publicar libros, lo que hace casi irrelevante la aprobación de la ley de extradición», añade.
En 2019, manifestaciones masivas tuvieron lugar en la isla luego de que se tratara de aprobar un controvertido proyecto de ley de extradición el cual fue después fue desechado. Sin embargo, en junio del año pasado la ley de seguridad nacional de Beijing para Hong Kong fue aprobada por la Asamblea Popular Nacional de China en un proceso inusualmente rápido y secreto. Dicha ley de seguridad nacional impuesta por China criminaliza la subversión del poder del estado, la secesión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras, con sentencias de hasta cadena perpetua.
Bajo esta ley, diversos activistas prodemocracia como Joshua Wong, Agnes Chow, e Ivan Lam han sido condenados; y el magnate hongkonés de los medios de comunicación, Jimmy Lai, ha sido acusado.
Con información de Nicole Hao.
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