BUENOS AIRES, Argentina —El sonido de decenas de bocinas de coches inundó el ambiente mientras miles de manifestantes de sindicatos socialistas bloqueaban tres avenidas principales de Buenos Aires cerca de la Plaza de Mayo frente a la oficina del presidente Alberto Fernández el 4 de agosto.
Se ha convertido en parte del ruido de fondo de la ciudad en los últimos meses, una más en la cadena de manifestaciones masivas desde que el gobierno empezó a recortar los generosos programas de subsidios de la nación en junio.
En medio de la inflación y la pobreza crecientes del país, los organizadores de las manifestaciones —conocidos localmente como piqueteros— amenazan constantemente con cerrar negocios y calles hasta que el gobierno ceda y aumente los subsidios sociales.
El 4 de agosto, los manifestantes se plantaron frente a las oficinas del gobierno en el gélido aire invernal blandiendo carteles con lemas como «políticas públicas para todos» e «igualdad social».
En las calles se escuchan con frecuencia peticiones de más subsidios alimentarios y de alivio de la creciente inflación del país, que oficialmente ha alcanzado el 64%.
Tres días después, más grupos sociales sindicales cerraron la avenida más ancha de la ciudad, la 9 de Julio, durante seis horas como parte de una manifestación para mostrar su apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, una ávida defensora de los programas de beneficios sociales del país.
Acusada de fraude en 2016, Kirchner está siendo juzgada por «administración infiel» y por colusión con el banco central de Argentina para vender miles de millones en futuros de divisas a tipos de cambio por debajo del mercado en 2015.
Su juicio ejemplifica lo que está en el corazón de la crisis argentina: la corrupción y los problemas de gestión del dinero.
El gasto público desbocado, la impresión de dinero y la creciente incapacidad de generar ingresos han asolado al país, en otro tiempo próspero.
Y muchos ciudadanos culpan directamente a la presidencia de Fernández.
«Todo en Argentina está empezando a romperse», dijo a The Epoch Times el analista económico Chris, presentador del exitoso programa online Mate con Mote.
Debido a la preocupación por las posibles listas negras del gobierno por hablar con los medios de comunicación extranjeros sobre la crisis del país, Chris prefirió que se publicara solo su nombre de pila.
Es un residente de Buenos Aires y defensor de un cambio en la economía del país, que se está desmoronando. El economista y activista afirma que la inflación de Argentina tiene una fuente principal.
«El gobierno sigue gastando más de lo que gana», dijo.
Los funcionarios señalan la pandemia y el conflicto ruso en Ucrania como los principales motores del reciente repunte de la inflación. Sin embargo, Chris señala que algunos países vecinos —como Bolivia y Uruguay— no están siendo tan afectados como Argentina.
«Si ves el boliviano a partir de 2019, sigue valiendo lo mismo. Lo mismo con el peso uruguayo. Pero en Argentina no, la economía no era la misma», dijo.
En la noche del 3 de agosto, el nuevo ministro de Economía Sergio Massa anunció su plan de recuperación económica.
«Tenemos un enorme desafío por delante, pero también la enorme oportunidad de transformar la realidad en que vivimos», dijo.
Aunque algunos habitantes de la zona sacuden la cabeza y sienten que el ímpetu de Massa es demasiado poco y demasiado tarde.
«No estábamos preparados para esto», dijo Lucilla Martínez a The Epoch Times.
Martínez trabaja en el sector de la hostelería en el histórico barrio de Monserrat. Dice que muchos campos profesionales en Argentina están respaldados por sindicatos que ofrecen beneficios específicos, lo que resulta útil cuando la inflación sigue subiendo.
Uno de ellos es un aumento salarial que ayuda a compensar los efectos de la caída del peso.
Al igual que Chris, Martínez cree que los problemas económicos de su país están directamente relacionados con los malos hábitos de gasto de los políticos. Pero también cree que el fácil acceso y el uso excesivo de los programas de subvenciones del país no han ayudado.
«Lo que el gobierno ofrece en subsidios era demasiado bueno, y la gente simplemente se aprovechó durante años», dijo Martínez.
Al otro lado de la ciudad está Albertina Pérez, una conductora del transporte público que sueña con jubilarse en los próximos dos años. Aunque duda de que sea posible ahora, diciendo que la extrema inflación del país hace difícil que la mayoría de los asalariados de clase media puedan planificar el futuro.
«La situación [aquí] es un desastre. Todo el mundo lo sabe», dijo Pérez a The Epoch Times.
El 1 de agosto, el Ministro de Transporte argentino subió las tarifas del metro en un 40% en Buenos Aires, lo que avivó aún más la rabia de los habitantes de la ciudad, que carecen de dinero. Las tarifas del transporte público se han mantenido estables en la capital durante los últimos tres años, a pesar de la fluctuación de la inflación durante la pandemia.
Para personas como Pérez, los exagerados programas de prestaciones estatales son una espina clavada en el costado de muchos argentinos.
«Los planeros [beneficiarios de ayudas sociales] creen que todo su dinero viene del gobierno, pero viene de gente que trabaja. Yo estoy pagando para que esa gente se quede en casa y no trabaje», afirmó.
Dólares ilegales
Caminando por la calle Florida, en el centro de la ciudad, no es raro oír a los ciudadanos susurrar «dólares» a los que pasan.
Es la tarjeta de presentación verbal de los dólares del mercado negro, una industria floreciente en Argentina que los residentes utilizan para amortiguar sus ahorros e ingresos frente a la caída libre del peso argentino.
En la actualidad, existen al menos 11 tipos de cambio diferentes para el dólar estadounidense en Argentina, de los cuales solo uno se considera el tipo de cambio oficial del gobierno.
El cambio estatal e internacional para el peso argentino era de 133 por 1 dólar el 7 de agosto. Esto representa una caída de dos puntos desde el 4 de agosto, cuando el cambio oficial estaba en 131 pesos por 1 dólar.
Pero la gente no se preocupa por el devaluado tipo de cambio oficial.
En su lugar, los argentinos más avispados cambian hasta 290 pesos por 1 dólar en el mercado negro, que se puede encontrar en todo el país.
La gente cambia pesos por dólares al tipo de cambio oficial más alto desde sus casas, escaparates, restaurantes o incluso desde sus bolsillos, cada vez que pueden.
El gobierno argentino los llama «dólares ilegales», pero se conoce popularmente como la tasa del «dólar blue».
«El gobierno está imprimiendo dinero, lo cual es un problema porque nadie quiere pesos. Aquí todo el mundo quiere dólares», explica Chris.
La excesiva impresión de dinero en los últimos meses también ha alimentado la creciente inflación del país.
En julio de 2021, el banco central de Argentina imprimió 180,000 millones de pesos antes de las elecciones legislativas de noviembre. Al no tener acceso al crédito externo debido a los impagos, la presidencia de Fernández recurrió a la impresión de dinero para financiar el gasto social durante la pandemia.
Como parte de su nuevo plan, Massa se comprometió a detener la impresión de dinero como parte de la nueva estrategia económica del país para frenar la inflación.
Sin embargo, los argentinos no pierden el tiempo para hacerse con dólares estadounidenses donde puedan porque, literalmente, ya han estado aquí antes.
Entre 1989 y 1990, Argentina vio cómo la inflación alcanzaba un récord invicto de 2600%, durante el cual, el sistema bancario nacional «prácticamente desapareció», según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y muchos ciudadanos temen que el país se dirija hacia un desastre similar.
«Todos los analistas dicen lo mismo. Llegaremos a una inflación de entre el 80 y el 90 por ciento este año», dijo Chris.
Debido a la creciente demanda de dólares estadounidenses y a un tipo de cambio superior en el mercado negro, el gobierno ha promulgado protocolos en un intento de limitar el número de dólares que los argentinos pueden comprar al mes.
Chris explicó que los residentes pueden comprar legalmente 200 dólares al mes, que el gobierno trata de rastrear a través del gasto de las tarjetas de crédito. En las calles, la policía intenta reprimir a los cambistas callejeros.
A pesar de ello, los habitantes saben que comprar dólares puede ser tan sencillo como ir al supermercado o hacer una llamada telefónica.
Los grupos de Telegram y What’s App son formas populares de comprar dólares. Tras un breve intercambio, un conductor de reparto le llevará a su casa la cantidad que desee comprar en dólares.
Es tan fácil como pedir comida para llevar.
Imposible vivir
Juan Hernández es un extrabajador portuario y artista aficionado que vende joyas caseras en el barrio de Monserrat. También está entre la mayoría de los residentes que buscan amortiguar sus ingresos con dólares estadounidenses.
«No es difícil, es casi imposible ganarse la vida aquí», dijo Hernández a The Epoch Times.
Abriendo su cartera para sacar un billete naranja brillante de 1000 pesos, Hernández lo utilizó para ilustrar la importancia de tener dólares estadounidenses en Argentina.
«¿Ves esto? Hoy vale 1000 en mi cartera. Mañana puede valer solo 900», dijo.
Hernández dice que el gobierno está «[improperio] todo» en su país. Y aunque está orgulloso de ser argentino, también dice que podría viajar al extranjero, a un país vecino, para encontrar alivio a la agobiante inflación de su país.
La creciente inflación provocó protestas generalizadas en todo el país antes de que comenzara el recorte gubernamental de los subsidios en junio. Esto se debe a que antes las prestaciones sociales para los salarios eran suficientes para salir adelante.
Sin embargo, ahora que los precios de los productos básicos cambian y suben a diario, incluso por horas en algunas tiendas, las personas que dependen de los subsidios sociales ya no pueden subsistir solo con las prestaciones sociales.
Además, algunos alimentos de precio regulado, como la pasta, han empezado a agotarse en las estanterías.
«En enero, pagaba 80 pesos por un litro de leche. Ahora cuesta alrededor de 200 pesos», señaló Chris.
El aumento de los precios de los alimentos se produce en un momento en el que se calcula que el 40% del país vive en la pobreza.
Aproximadamente 2800 personas caen por debajo de ese umbral cada día, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Pérez dijo: «Amo a mi país, pero tenemos muchos problemas que arreglar».
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