Los fiscales generales de Arizona y Montana le han solicitado a un juez que le ordene a la administración Biden quitar las pautas que limitan el número de inmigrantes ilegales que deben ser deportados, pautas que llevaron a una disminución drástica de deportaciones en abril.
En una guía provisional emitida en febrero, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Tae Johnson, les ordenó a los agentes que se concentren solo en deportar a los inmigrantes ilegales que amenazan la seguridad nacional, la seguridad fronteriza o la seguridad pública.
Eso significa que los inmigrantes ilegales condenados por conducir drogados o bajo los efectos del alcohol o que fueron condenados por asalto no serían deportados, dijo la Casa Blanca.
Después de que la orden se emitiera, y de la puesta en marcha de orientaciones similares, el número de inmigrantes ilegales fichados por el ICE al mes disminuyó abruptamente, de más de 5000 a unos 2000, según un documento judicial presentado por el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, y por el fiscal general de Montana, Austin Knudsen.
El número de deportaciones también se redujo, de 5732 en la mayor parte de enero, a menos de 3000 en abril.
El ICE está realizando una media de una detención en el interior del país cada 2,5 meses por agente, dijeron Brnovich y Knudsen, ambos republicanos.
Argumentaron que la guía viola la Ley de Procedimiento Administrativo porque es «arbitraria» y «caprichosa», y ICE no proporcionó un análisis razonado para el cambio en la política. También dijeron que la guía choca con 8 U.S. Code § 1231, norma que dicta los detalles para la expulsión de inmigrantes ilegales.
Si el tribunal no bloquea las pautas de deportación de Biden, los demandantes creen que sufrirán un daño irreparable a través de los costos crecientes que deben asumir debido a la disminución de las deportaciones, así como el costo monetario que generan los delitos «dada la certeza estadística de la reincidencia», dijeron.
“Es ilegal e inconcebible que el gobierno federal fuerce la liberación de criminales peligrosos en las comunidades de Arizona cuando están obligados a ser deportados por ley”, dijo Brnovich en un comunicado. «La defensa del estado de derecho y la preservación de la seguridad pública siempre deben estar antes que las agendas de los grupos políticos o de intereses especiales».
La presentación de los fiscales se hizo en el caso Arizona, State of et al v. United States Department of Homeland Security et al, (Estado de Arizona vs Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.) que se originó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Arizona, a principios de este año.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a una solicitud de comentarios. ICE no proporcionó una declaración de inmediato.
En una presentación separada, los abogados del gobierno le pidieron a la jueza de distrito, Susan Bolton, nominada por Clinton, que desestimara la demanda.
Afirmaron que el Congreso le ha otorgado al secretario de Seguridad Nacional una autoridad amplia y que Montana y Arizona buscan desplazar la «discreción de aplicación del poder ejecutivo al dictar efectivamente qué inmigrantes deben ser expulsados, en qué orden y cuándo».
Los estados carecen de legitimación y no superan los umbrales establecidos para las acciones de impugnación a políticas sobre la base de la Ley de Procedimiento Administrativo, agregaron los demandados.
La corte negó previamente la moción de los demandantes para detener la pausa de deportación de 100 días de la administración Biden, porque un juez federal en Texas ya la detuvo por ahora. Pero Bolton dijo durante una audiencia el mes pasado que las pautas de ICE podrían abordarse por separado.
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