La máxima corte de las Naciones Unidas declaró el viernes que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este son ilegales y deben retirarse inmediatamente. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el dictamen de la corte.
En una opinión consultiva no vinculante, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró que Israel «tiene la obligación de poner fin lo antes posible a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado», y añadió que los asentamientos israelíes en Jerusalén Oriental y Cisjordania «se han establecido y se mantienen en violación del derecho internacional».
El dictamen, emitido por un panel de 15 jueces de todo el mundo, incluido Estados Unidos, contó con 11 votos a favor y cuatro en contra para declarar ilegales los asentamientos.
Entre los jueces a favor se encuentran el presidente de la corte, de Líbano, y jueces de Somalia, China, India, Japón, Alemania, Australia, Brasil, México, Estados Unidos y Sudáfrica. Los cuatro jueces disidentes son el vicepresidente de la corte, de Uganda, y jueces de Eslovaquia, Francia y Rumanía.
En otra votación por 14 votos a 1, el panel de la CIJ pidió la paralización inmediata de la construcción de nuevos asentamientos y la «evacuación de todos los colonos» de lo que los jueces describieron como «territorio palestino ocupado», en referencia a Jerusalén Este y Cisjordania. La única magistrada discrepante en este caso fue la vicepresidenta Julia Sebutinde, de Uganda.
El dictamen de la CIJ también establece que el Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General de la ONU y todos los Estados miembros tienen la obligación de no reconocer los asentamientos como legales y no deben «prestar ayuda o asistencia» para mantener la presencia de Israel en los territorios.
El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino calificó el dictamen de «histórico» e instó a los Estados de la ONU a adherirse a él. «Nada de ayuda. Nada de asistencia. Ninguna complicidad. Ni dinero, ni armas, ni comercio… ni acciones de ningún tipo para apoyar la ocupación ilegal de Israel», dijo el ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, a las puertas del tribunal de La Haya.
El caso tiene su origen en una petición de 2022 de un dictamen jurídico de la Asamblea General de la ONU, anterior a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza que comenzó el pasado octubre. Israel se apoderó de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este durante el conflicto de Medio Oriente de 1967, conocido como la Guerra de los Seis Días, que enfrentó a Israel con Egipto, Siria, Jordania y varias otras naciones árabes.
En una rápida respuesta el viernes, Netanyahu rechazó las conclusiones de la corte.
«El pueblo judío no es ocupante en su propia tierra, ni en Jerusalén, nuestra capital eterna, ni en Judea y Samaria, nuestra patria histórica. Ninguna opinión absurda en La Haya puede negar esta verdad histórica o el derecho legal de los israelíes a vivir en sus propias comunidades en nuestro hogar [ancestral]», escribió en X.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel también rechazó el dictamen, que calificó de «fundamentalmente erróneo» y parcial, y reiteró su postura de que solo se puede llegar a un acuerdo político en la región mediante negociaciones.
El dictamen también enfureció a los colonos de Cisjordania y a políticos como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, cuyo partido es cercano al movimiento de colonos y que vive en un asentamiento de Cisjordania.
«La respuesta a La Haya – Soberanía ahora», escribió en un posteo en X, en un aparente llamamiento a anexionarse formalmente Cisjordania.
Israel Gantz, jefe del Consejo Regional de Binyamin, uno de los mayores consejos de colonos, también dijo que el dictamen de la CIJ era «contrario a la Biblia, la moral y el derecho internacional».
Estados Unidos, que no ha emitido ningún comentario público sobre el dictamen de la CIJ del viernes, había pedido a la corte que no ordenara la retirada incondicional de las fuerzas israelíes de los territorios palestinos. La postura estadounidense era que la corte no debía emitir ninguna decisión que pudiera perjudicar las negociaciones hacia una solución de dos Estados basada en el principio de «tierra por paz».
La decisión de la CIJ se produce meses después de que la Corte Penal Internacional emitiera una declaración en la que afirmaba que tramitaría una orden de detención contra Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y varios dirigentes de Hamás por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto entre Israel y Hamás que estalló tras los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre, que dejaron 1200 civiles muertos y 250 secuestrados, entre ellos ciudadanos estadounidenses.
Con información de Reuters.
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