La Corte Suprema indicó el 25 de abril que emitiría un fallo estrecho que refina el alcance de la inmunidad presidencial mientras deja los detalles de las otras batallas legales del expresidente Donald Trump en manos de cortes inferiores.
El efecto más inmediato de su decisión sobre las batallas legales del expresidente Trump sería el retraso de su caso en Washington, donde se originó su apelación de inmunidad. Ese juicio estaba programado para comenzar el 4 de marzo pero, más recientemente, los observadores han estado cuestionando incluso si comenzará antes de las elecciones.
Devolver el caso a la jueza de distrito Tanya Chutkan le obligaría presumiblemente a continuar con los procedimientos previos al juicio con una capa añadida: Determinar cómo cuadrar la acusación del abogado especial Jack Smith con la nueva definición de inmunidad de la Corte Suprema.
Sobre la base de sus preguntas del 25 de abril, se espera que los jueces distingan entre actos oficiales y no oficiales, al tiempo que dictaminan que los presidentes gozan de cierta inmunidad para los actos oficiales. Pero no está claro cómo de específicos serán en su descripción y si darán suficientes instrucciones para que la corte inferior evite otra apelación que podría llegar de nuevo a la Corte Suprema.
«La Corte Suprema podría devolver el caso de inmunidad con muy poca o ninguna instrucción, dejar que la corte de distrito emita su opinión, y luego dejar que la corte de apelaciones se ocupe de nuevo», dijo a The Epoch Times John Shu, un experto en derecho constitucional que sirvió en ambas administraciones Bush. Y añadió: «Desde luego, espero que eso no ocurra, porque acabaríamos justo donde estamos hoy».
Incluso si el caso procede a juicio, es cuestionable cuán efectivo sería sin algunas de las acciones acusadas que el abogado del presidente Trump, D. John Sauer, dijo que eran privadas y, por lo tanto, fuera del alcance de la inmunidad. Michael Dreeben, que abogó por el Sr. Smith, dijo que el Departamento de Justicia estaba dispuesto a proceder con una acusación debilitada.
Tal vez adelantándose a la opinión de la corte, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se preocupó de que sin actos oficiales, la corte de primera instancia podría estar procediendo con un «banquillo de una pata». El Sr. Sauer respondió que no creía que el caso «pudiera seguir adelante».
Mark Miller, asesor principal de Pacific Legal Foundation, dijo a The Epoch Times que el juez Roberts podría requerir un formulario de veredicto de interrogatorio especial en el que se pida al jurado que distinga entre conducta oficial y no oficial al sopesar el caso del presidente Trump.
Situación de los otros casos de Trump
Es difícil predecir cómo afectará la decisión de la Corte a los otros casos penales en curso del presidente Trump. Su futuro puede depender de la terminología particular de los jueces en lugar de simplemente distinguir entre actos oficiales y no oficiales.
El caso de las elecciones de Georgia es el que tiene más probabilidades de verse afectado por la decisión, ya que las acusaciones son las más similares al juicio de Washington, que probablemente tendrá un gran peso en las deliberaciones de los jueces.
Pero, como indicó la corte, su eventual dictamen tendrá repercusiones duraderas en otros casos. «Estamos escribiendo una regla para los siglos», dijo el juez Neil Gorsuch al Sr. Dreeben. Es de suponer que el dictamen también repercutirá en múltiples niveles del sistema judicial. En un intercambio con la jueza Amy Coney Barrett, Dreeben reconoció que la inmunidad se aplicaría tanto a los procesos estatales como a los federales.
El día del argumento oral, el presidente Trump se enfrentaba a cargos estatales relacionados con su presunto intento de influir en las elecciones presidenciales de 2016 con pagos de «dinero por silencio» a la actriz de cine para adultos Stephanie Clifford. En ese caso, trató de plantear la inmunidad presidencial como una razón para excluir ciertas pruebas, ya que provenían de sus canales de comunicación oficiales como presidente.
El juez de Nueva York Juan Merchan dijo que la moción fue presentada demasiado tarde, pero sin embargo puso de relieve la complicada naturaleza de los casos del presidente Trump en lo que respecta a la inmunidad. Mientras que el supuesto pago a la Sra. Clifford, también conocida como Stormy Daniels, se realizó antes de las elecciones, la supuesta falsificación de documentos no se produjo hasta después de que él asumiera el cargo.
En teoría, el expresidente Trump podría recurrir una condena en Nueva York basándose en la decisión de la Corte Suprema. No está claro, sin embargo, si los pagos caerían bajo el tipo de inmunidad que la Corte Suprema finalmente concedió.
La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, solicitó que el juicio en Georgia comenzara en agosto, pero eso parecía cada vez más improbable después de que surgiera información sobre su romance con Nathan Wade, uno de sus principales fiscales.
«Eso ni siquiera va a… empezar antes de las elecciones», dijo a The Epoch Times el abogado principal del Proyecto del Artículo III, Will Chamberlain.
Kevin O’Brien, ex fiscal adjunto de Estados Unidos, declaró también a The Epoch Times que «nadie» sabe cuándo comenzará el juicio en Georgia. «Incluso en las mejores circunstancias, no iba a empezar hasta el año que viene», dijo.
Repercusiones postelectorales
Si el juicio de Georgia siguiera adelante, el juez del condado de Fulton, Scott McAfee, presumiblemente tendría que analizar esa acusación como lo haría el juez Chutkan con la de Washington.
Además del expresidente Trump, más de una docena de personas fueron nombradas en la acusación de Georgia. Entre ellos, antiguos ayudantes como el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows. Expertos como el Sr. Blackman y el Sr. Chamberlain sugirieron que era poco probable que la decisión de inmunidad ofreciera una protección sustancial a los acusados que no fueran el presidente Trump.
El Sr. Meadows presentó un escrito amicus en el que dijo a la Corte Suprema que la Cláusula de Supremacía de la Constitución lo hacía inmune a los cargos en el condado de Fulton porque «surgen de sus actos oficiales como Jefe de Gabinete». No está claro cómo fallará la corte o afirmará la inmunidad penal de los asesores, si es que lo hace.
«Por lo tanto, la Corte debe tener cuidado de asegurarse de que deje intacta la sólida inmunidad contra el enjuiciamiento estatal otorgada en virtud de la Cláusula de Supremacía, en particular en lo que respecta a los funcionarios federales subordinados», dijo.
El caso federal restante del presidente Trump en Florida involucra su manejo de documentos clasificados e inicialmente estaba programado para comenzar el 20 de mayo, pero eso parecía estar en el limbo. Se espera que la Corte Suprema emita una opinión en junio, lo que significa que un juicio retrasado en Florida podría ver un intento del presidente Trump de plantear argumentos legales a partir de las opiniones de los jueces.
Al igual que en el caso de Nueva York, parece que el presidente Trump podría apelar una posible condena en función del alcance de la inmunidad proporcionada por la decisión de la Corte Suprema.
«Definitivamente tendría un impacto [en los casos de Florida y Georgia] porque ambos tratan de lo que Trump y sus abogados argumentarían que son actos oficiales», dijo la abogada constitucionalista Gayle Trotter a The Epoch Times.
En febrero, el expresidente Trump pidió a la jueza de Florida Aileen Cannon que desestimara 32 cargos de su acusación basándose en la inmunidad presidencial. Aún no se ha pronunciado sobre esa petición.
Independientemente de cómo se pronuncien los jueces sobre la inmunidad, el argumento oral planteó la posibilidad de que los presidentes puedan anular los efectos de los procesamientos estatales y federales indultándose a sí mismos.
Suponiendo que alguno de sus juicios se prolongue más allá de su posible investidura, es cuestionable si podría utilizar su autoridad para indultarse a sí mismo.
El juez Gorsuch señaló que «felizmente», la cuestión del auto indulto de un presidente «nunca se nos ha presentado». El Sr. Dreeben dijo a la corte: «No creo que el Departamento de Justicia haya tomado una posición [sobre el auto indulto]. La única autoridad de la que tengo conocimiento es que un miembro de la Oficina de Asesoría Jurídica escribió en un memorando que no hay autoridad para el auto indulto. Por lo que yo sé, el Departamento no se ha ocupado más de ello».
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