La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ve con preocupación el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) recientemente acordado entre el Gobierno y sindicatos, calificándolo como una medida “inasumible” para el sector agrario.
El pasado 12 de enero el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, anunció la decisión del Gobierno de establecer un incremento en el Salario Mínimo Interpersonal (SMI) en un 5% para el 2024.
A través de un comunicado, ASAJA aclaró que no rechazan la decisión sobre el aumento salarial, pero piden garantías para que se establezcan bonificaciones al empleo para los empresarios agrarios.
La organización expone que debido al impacto que las temporadas de sequías han causado en los cultivos, así como el encarecimiento de los bienes de producción (semillas, pienso, abono, combustibles) y los bajos precios de venta, el aumento salarial es “inasumible”.
«En 2023, solo en el tercer trimestre el número de ocupados en agricultura y ganadería bajó en 34.000 personas respecto al año anterior. Esta última subida agravará, inexcusablemente, la tendencia de reducción de empleo en el sector», señaló la organización.
El salario mínimo ha pasado de unos 1.080 euros al mes a unos 1.134 euros mensuales en 14 pagas. La subida se aplicó con efectos retroactivos desde el primero de enero, de acuerdo a lo informado por El Diario.
El acuerdo alcanzado entre el Ministerio del Trabajo y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT supondrá un sobrecoste para las empresas de unos 1.260 euros anuales por trabajador. La medida podría afectar a millones de asalariados.
CEOE y Cepyme no entraron dentro del acuerdo luego de que se ignoraran sus peticiones para indexar el SMI a los contratos públicos y establecer bonificaciones para el sector agrario.
En un comunicado, CEOE afirmó que la medida impactó el tejido empresarial, afectando el empleo y el conjunto de los salarios, en el ámbito de la contratación con las administraciones públicas y en el sector agrario.
«En primer lugar, se trata de ámbitos concretos en los que la subida del SMI puede hacer incurrir en pérdidas o incluso en la quiebra a muchas empresas de determinados sectores y territorios, con especial afectación a pymes y autónomos, que, entre otras cosas, no pueden planificar de un año para otro cuál será el aumento de los costes derivado del salario mínimo».
«Cuando la España vaciada y el espacio rural están en el centro del debate, también lamentamos que se haya desatendido nuestra petición de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para los agricultores, que no soportan ya este ritmo de incrementos del SMI. Por no olvidarnos de cómo están sufriendo los pequeños negocios de barrio, comercios, hostelería, emprendedores que dan empleo, etc.», agregó la CEOE.
Finalmente el Ministerio del Trabajo junto con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT acordaron el incremento salarial representado en unos 54 euros al mes como resultado de las conversaciones que se han mantenido desde diciembre.
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