El gigante farmacéutico AstraZeneca confirmó el jueves que “un pequeño número” de sus empleados están siendo investigados por las autoridades chinas.
En una declaración por correo electrónico a The Epoch Times, un portavoz de AstraZeneca dijo que la compañía es consciente de que “un pequeño número de nuestros empleados en China están bajo investigación” y que no tiene “más información que compartir en este momento”.
Los medios de comunicación informaron a primera hora del jueves que las autoridades chinas habían detenido a empleados de AstraZeneca por presunta infracción de la ley china de datos y por importar medicamentos que no contaban con aprobación. Bloomberg, que dio la noticia basándose en fuentes anónimas, dijo que los empleados detenidos son ciudadanos chinos, y que la policía de la ciudad meridional china de Shenzhen dirigió la investigación.
Según su sitio web, la farmacéutica británica estableció oficinas en varias ciudades chinas, entre ellas Shanghái, Beijing y Guangzhou, el centro de exportación del sur, desde que entró en el mercado chino en 1993.
AstraZeneca ha empleado a más de 16,000 personas en China en diferentes sectores, como investigación y desarrollo, producción y marketing, según David Fredrickson, Vicepresidente Ejecutivo de AstraZeneca. La farmacéutica británico-sueca cuenta con 90,000 empleados en todo el mundo.
La investigación sobre AstraZeneca se produce tras una serie de redadas y detenciones a empleados de empresas extranjeras, detenciones que han tenido un efecto disuasorio sobre los inversores extranjeros.
En agosto, la farmacéutica japonesa Astellas Pharma comunicó que uno de sus empleados, detenido en China desde marzo de 2023 bajo sospecha de espionaje, había sido acusado por la fiscalía china. La farmacéutica japonesa no identificó al individuo ni reveló los cargos.
La policía china hizo una redada en la oficina de Mintz Group en Beijing en mayo de 2023 y detuvo a 5 de sus empleados locales. Más tarde, las autoridades de Beijing multaron a la empresa estadounidense de diligencia debida con 1.5 millones de dólares por llevar a cabo lo que denominaron “investigaciones estadísticas relacionadas con el extranjero” sin aprobación.
Asimismo, en mayo del año pasado, los medios de comunicación estatales confirmaron que agentes del Ministerio de Seguridad del Estado, la principal agencia de inteligencia exterior de China, allanaron las oficinas de Capvision en Beijing, Shanghái y en otras ciudades chinas.
En abril de 2023, las autoridades chinas interrogaron a empleados de la consultora estadounidense Bain & Co. en Shanghái.
En los últimos años, el régimen chino cambió una serie de leyes y reglamentos para reforzar su control a los flujos de información hacia Estados Unidos y otros países. Estos esfuerzos incluyen exigir a las empresas que operan en China que almacenen los datos recopilados en servidores locales y prohibir la transferencia de información que el régimen considere relacionada con la seguridad nacional.
En uno de sus últimos movimientos, Beijing amplió en febrero su ya estricta ley de secretos de Estado, incluyendo el concepto de “secretos de trabajo”, información que no es secreto de Estado pero que causaría “cierto impacto adverso si se filtrara”.
Este mes entraron en vigor nuevas normas para aplicar la ley de seguridad estatal actualizada. La normativa, que se centra en la seguridad de los datos, se suma a la preocupación de las empresas por la posibilidad de que se las tome como objetivo por participar habitualmente en actividades de recopilación de información.
La nueva investigación se produce también cuando disminuye la confianza de los inversores extranjeros en la segunda economía mundial. En el segundo trimestre de este año, se retiraron de China cantidades récord de fondos, y la inversión extranjera directa en el país se desplomó hasta los 14,800 millones de dólares, según datos primarios de la Administración Estatal de Divisas de China.
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