Un extranjero ilegal bajo una orden de deportación no tiene derecho a una audiencia de fianza después de seis meses de detención, dijo la administración Biden a la Corte Suprema esta mañana.
En una audiencia de fianza, un juez de inmigración decide si una persona detenida debe permanecer detenida; si hay riesgo de fuga o es un peligro para la comunidad, se supone que debe permanecer detenido. La cuestión aquí es si el fallo de la Corte Suprema, Zadvydas v. Davis (2001), según el cual la ley federal establece un límite de tiempo implícito de seis meses para la detención migratoria de no ciudadanos cuando su expulsión no es “razonablemente previsible”, se aplica a los detenidos que han recibido una orden de expulsión del país.
El caso es Johnson v. Arteaga-Martinez, expediente judicial 19-896. Tae D. Johnson es el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU.
El demandado, el ciudadano mexicano Antonio Arteaga-Martínez, ingresó a Estados Unidos repetidamente sin autorización. El gobierno de Estados Unidos lo deportó a México una vez. Regresó por última vez después de 2012. Afirma que una banda criminal en México lo atacó a él y a su familia y que lo golpearon y le robaron su automóvil de forma violenta. Afirma que volvió a entrar a Estados Unidos para estar a salvo de la violencia en México.
Fue arrestado por agentes de inmigración en 2018 y se restableció una orden de deportación previa en su contra. Mientras estuvo detenido, dijo que tenía miedo de regresar a México, y un oficial de asilo determinó que tenía un “temor razonable” de ser perseguido en el futuro en México. Permaneció detenido mientras se tramitaba su demanda, que puede tardar años en resolverse. Después de varios meses, presentó una impugnación legal a su detención, según un resumen del blog SCOTUS.
Durante los argumentos orales ante el Tribunal Supremo el 11 de enero, el abogado del Departamento de Justicia Austin Raynor dijo que el artículo 1231 del Código de Estados Unidos establece que «ciertas categorías de no ciudadanos, incluidos los no ciudadanos inadmisibles como el demandado aquí, ‘pueden ser detenidos más allá del período de expulsión'».
Este caso se trata de “si ese lenguaje requiere que los no ciudadanos… reciban una audiencia de fianza ante un juez de inmigración después de seis meses de detención, en la cual el gobierno tiene la carga de probar con evidencia clara y convincente que el no ciudadano es un riesgo o peligro para la comunidad”.
“Esa pregunta se responde sola”, dijo Raynor. Esta es la razón por la que el demandado “se enfoca en una cuestión completamente diferente, a saber, si tiene derecho a la libertad absoluta en virtud de la decisión de este tribunal en Zadvydas porque su expulsión no es razonablemente previsible”.
Debido a que no planteó este argumento, que no deja de ser erróneo, al principio del litigio, no tiene derecho a plantearlo ahora ante el Tribunal Supremo, añadió Raynor.
La jueza Sonia Sotomayor le dijo a Raynor: “El punto básico de Zadvydas es que realmente no puedes mantener a alguien indefinidamente sin una razón, básicamente… [eso] no puede ser solo un capricho. No nos gusta esta persona porque es fácil señalar una razón racial, pero podría ser algo tan simple como que simplemente no nos gusta”.
El sistema parece sesgado contra los posibles inmigrantes, dijo Sotomayor. “Es difícil ver cómo la gente empobrecida, que no está familiarizada con el funcionamiento de este gobierno, de este país, va a encontrar abogados”.
El abogado del demandado, Pratik A. Shah, dijo que los funcionarios federales determinaron que su cliente «había demostrado un miedo razonable a la tortura si era expulsado a su país de origen, un estándar de umbral que sólo el 13 por ciento de los solicitantes satisfacen».
Esa determinación le dio derecho a una adjudicación de la corte de inmigración de su reclamo de reparación, “que a menudo toma un año o, como en este caso, mucho más tiempo, tiempo durante el cual no puede ser expulsado”, dijo Shah.
“Ahora, tres años después, el gobierno todavía busca el poder para encarcelarlo, a pesar de sus importantes lazos familiares y la falta de antecedentes penales, en espera de su demanda de suspensión de expulsión modificada pero aún no adjudicada”.
Esta es una historia en desarrollo. Se actualizará.
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