Las detenciones de inmigrantes ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México se dispararon en marzo un 23 % respecto al mes anterior, según las estadísticas recién publicadas.
Las autoridades estadounidenses llevaron a cabo 191,899 aprehensiones, una cifra muy por encima de las 156,100 de febrero, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.
El aumento se debió al mayor número de adultos solos, unidades familiares y menores sin adultos responsables.
Las detenciones se han disparado durante la administración del presidente Joe Biden y no han mostrado signos de desaceleración. Los 2.3 millones de aprehensiones registradas en el año fiscal 2022 supusieron un récord. Si las aprehensiones continúan con las tendencias actuales, se establecerá un nuevo récord para cuando finalice el actual año fiscal el 1 de octubre.
«Joe Biden se niega a abordar la crisis que su agenda de fronteras abiertas ha creado», dijo la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel en una declaración. «Los cárteles de la droga y los contrabandistas de personas prosperan bajo la mirada de Joe Biden mientras el fentanilo mortal y los traficantes se vierten en nuestras comunidades».
Funcionarios del gobierno de Biden reconocieron el aumento con respecto al mes anterior, pero señalaron que las cifras eran inferiores a las de marzo de 2022, cuando se registraron más de 222,000 aprehensiones. Si bien las detenciones de personas que ingresan ilegalmente al país suelen aumentar a medida que el clima se hace más cálido, los funcionarios también destacaron que el incremento fue menor que el de los últimos años.
«La CBP trabaja día y noche para llevar a cabo nuestras misiones vitales, incluido el mantenimiento de la seguridad fronteriza. En general, en marzo, los encuentros de personas en la frontera suroeste entre los puertos de entrada se redujeron (…) con respecto al año anterior, ya que seguimos respondiendo a los desafíos que presenta el aumento de la migración mundial», dijo Troy Miller, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en una declaración.
Las nuevas cifras no incluyen a los nacionales de cuatro países, entre ellos Cuba, a los que se concedió la libertad condicional y se les permitió entrar en Estados Unidos para vivir y trabajar. La administración Biden ha recurrido cada vez más a la libertad condicional, tradicionalmente utilizada en casos seleccionados. En marzo se concedió la libertad condicional a 27,783 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Veinte estados de Estados Unidos han interpuesto demandas contra el programa, solicitando una medida cautelar contra la concesión generalizada de la libertad condicional. El juez que supervisa el caso aún no se ha pronunciado sobre la moción.
Funcionarios del gobierno de Biden han declarado que el programa es una de las medidas que se están tomando para hacer frente al aumento de la inmigración ilegal. Otros esfuerzos incluyen la asociación con Panamá y Colombia para reprimir la migración a través del paso Darién, que conecta Norteamérica con Sudamérica, y la planificación para restringir el asilo a los inmigrantes ilegales que no busquen protección en los países por los que pasan de camino a Estados Unidos.
Fin del Título 42
La crisis podría ser peor, dicen algunos, si el Título 42 no siguiera vigente.
Introducido por primera vez durante la administración Trump, el Título 42 permite a los funcionarios expulsar rápidamente a algunos inmigrantes ilegales debido a la preocupación de que puedan portar COVID-19. Aproximadamente 1.1 millones de expulsiones se realizaron a través del Título 42 en el año fiscal 2022.
El gobierno de Biden primero redujo el uso del Título 42 y luego trató de poner fin a la orden, pero la Corte Suprema de Estados Unidos a finales de 2022 ordenó al gobierno que lo mantuviera en vigor.
El Título 42, sin embargo, se basa en la declaración de emergencia de salud pública por COVID-19. Eso significa que terminará cuando se permita que la declaración expire en mayo, según la Oficina de Presupuesto y Gestión de la Casa Blanca.
«El fin de la emergencia de salud pública pondrá fin a la política del Título 42 en la frontera», dijo la oficina de presupuesto en una declaración reciente.
Los funcionarios han dicho que esperan que las detenciones de inmigrantes ilegales se disparen tras el fin de la norma.
Es probable que el número de detenciones «se duplique o aumente, poniendo a prueba las operaciones de la Patrulla Fronteriza», según un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. El organismo de control indicó que no veía «planes viables» para las autoridades fronterizas para prepararse para el final del Título 42.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, declaró en diciembre de 2022 que el sistema de inmigración «está bajo presión», al tiempo que instaba al Congreso a actuar. Un aumento significativo de las detenciones «tensará aún más nuestro sistema».
Los funcionarios estadounidenses dicen que una vez que expire el Título 42, utilizarán aún más el Título 8, que permite la expulsión de los no solicitantes de asilo, y que liberarán a un mayor número de inmigrantes ilegales en el interior de Estados Unidos bajo un programa llamado Alternativas a la Detención, aunque un juez en marzo anuló el programa porque probablemente sea ilegal.
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