WASHINGTON, Estados Unidos – “Cruza la frontera hacia Estados Unidos con un niño, pide asilo y estás en casa”.
Ese es el mensaje que reciben los contrabandistas y los migrantes, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.
«Los contrabandistas y traficantes entienden mejor que la mayoría nuestros vacíos legales de inmigración y saben que si una unidad familiar entra ilegalmente a Estados Unidos es probable que sea liberada en el interior»; dijo Daniel Hetledge, portavoz del DHS, en una declaración del 12 de septiembre.
«Específicamente, se requiere que el DHS libere a las familias que ingresan ilegalmente al país dentro de los 20 días del arresto».
El número de unidades familiares que cruzan ilegalmente la frontera suroeste de Estados Unidos y piden asilo aumentó un 38 por ciento en agosto con respecto al mes anterior, de acuerdo con los últimos números publicados por la Aduana y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.
Más de 12.700 personas que formaban parte de una unidad familiar (al menos un adulto y un niño) fueron capturados por la Patrulla Fronteriza después de cruzar la frontera en agosto. Eso es 3500 más que en julio.
«Es realmente revelador que las cifras hayan aumentado tanto en el período de un mes, cuando esto estaba tanto en las noticias», dijo Jessica Vaughan, directora de políticas del Centro de Estudios de Inmigración. «La política de ‘captura y liberación’ impuesta por el tribunal es una gran tentación para que la gente venga aquí».
CBP dijo que el aumento en las unidades familiares es «un claro indicador de que los flujos migratorios están respondiendo a los vacíos en el marco legal de nuestra nación».
«Sabemos que la gran mayoría de los miembros de unidades familiares que han sido liberados –a pesar de no tener derecho a permanecer en estado legal– no se van ni son expulsados”, dijo Hetledge.
Él dijo que durante el tercer trimestre fiscal de 2018, solo el 1,4 por ciento de las unidades familiares han sido repatriadas a su país de origen en países no contiguos como El Salvador, Guatemala y Honduras. Individuos de esos tres países componen casi el 98 por ciento de las unidades familiares detenidas.
Captura y liberación
Lo que está en cuestión es una sentencia judicial que data de 1997 –llamada Acuerdo Flores– que ordena a las autoridades de inmigración liberar a las unidades familiares después de 20 días bajo custodia. Además, hay una enmienda de la época de Obama que dice que los niños no pueden ser detenidos en centros de adultos, obligando a la separación o la liberación.
Eso significa que la administración no puede procesar el cruce ilegal de fronteras sin separar a los adultos y niños, que es lo que comenzó a suceder en abril, cuando se revitalizó una política de «tolerancia cero».
Se dieron varias críticas y voces de protesta cuando alrededor de 2500 niños fueron separados temporalmente de los adultos que estaban bajo custodia a la espera de sus casos.
El 20 de junio, Trump emitió una orden ejecutiva para detener las separaciones, y una orden judicial le dio al gobierno menos de un mes para reunir a las familias.
Los 2500 niños representan alrededor de un cuarto de las unidades familiares que han entrado cada mes en los últimos meses. La mayoría se han vuelto a reunir desde entonces, sin embargo se encontró que 14 de los adultos no tenían una relación familiar con el niño o eran criminales convictos por delitos que incluyen violación, abuso infantil y secuestro.
Sin la capacidad de separar a los adultos para su enjuiciamiento, las autoridades no tienen más remedio que liberarlos sin consecuencias.
«Esto es exactamente lo que los abogados del gobierno de Obama predijeron cuando el juez ordenó en 2015 que no podían detener a los hijos con sus padres», dijo Vaughan.
Ella dijo que la continuación de la captura y liberación es la «motivación principal» para la entrada ilegal.
«El alboroto por la separación de la familia no fue realmente representativa para todos los casos, y ciertamente no parece haber disuadido a mucha gente para venir», dijo Vaughan.
Enmienda denegada
La orden ejecutiva de Trump también dio como resultado que el fiscal general Jeff Sessions solicitara enmiendas del Acuerdo de Flores. Una de estas permitiría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detener a las familias juntas en sus instalaciones residenciales para familias, y la segunda permitiría al ICE detener a las familias por más de 20 días.
Las enmiendas permitirían que un caso de inmigración sea juzgado mientras los extranjeros están bajo custodia, lo que toma un promedio de 40 días, en lugar de años, como sucede cuando son liberados en el país.
También significa que quienes no califiquen para el asilo (generalmente alrededor del 80 por ciento) ni ningún otro beneficio de inmigración puedan ser repatriados fácilmente.
El 9 de julio, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Central de California que emitió la orden Flores, se negó a modificar la disposición de 20 días.
Mientras tanto, el 28 de junio, el Departamento de Defensa dijo que el Departamento de Seguridad Nacional le había pedido ayuda para alojar y cuidar a «una población de familias extranjeras de hasta 12.000 personas», dijo un portavoz de la Defensa.
El número total de unidades familiares detenidas por la Patrulla Fronteriza en el año fiscal 2018 es de casi 90.000.
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