Un juez de Australia dejó este martes visto para sentencia el juicio sobre la petición de extradición de la chilena Adriana Rivas, presunta torturadora durante el régimen del general Augusto Pinochet, tras una vista única celebrada este martes.
El magistrado Philip Stewart, del Tribunal Local del estado de Nueva Gales del Sur, determinó el próximo 27 de julio la vista para anunciar su fallo, según informó a Efe la abogada Adriana Navarro, representante legal de un grupo de familiares de las víctimas de la exagente pinochetista.
La vista, en la que Rivas compareció por vídeo-conferencia desde un centro penitenciario en las afueras de Sídney por la pandemia del virus del PCCh, comúnmente conocido como nuevo coronavirus, se centró en asuntos «técnicos» y en las «objeciones» presentadas por la defensa de Rivas sobre la autenticidad de los documentos presentados en la solicitud de extradición y las órdenes de detención, entre otros documentos, según explicó Navarro.
Siete desaparecidos
Chile realizó su solicitud de extradición de Rivas originalmente en 2014, aunque después tuvo que ser modificado varias veces, por los casos de siete detenidos y desaparecidos afiliados al Partido Comunista de Chile en la década de los setenta.
Las víctimas forman parte de los casos «Conferencia I y II», dos operaciones clandestinas emprendidas en 1976 para eliminar la cúpula del Partido Comunista de Chile, así como el caso anexo de la muerte de Reinalda Pereira, según explicó la letrada a Efe.
En estos operativos habría participado la brigada de exterminio Lautaro de la Policía secreta de Pinochet, de la que presuntamente formaba parte de Rivas, que a la sazón recibía el apodo de la «Chany» y era secretaria de Manuel Contreras, máximo jefe la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional).
Rivas está acusada de haber participado en el «secuestro agravado» de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista de Chile, en 1976, así como los de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Veliz, y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada de su primer hijo en el momento de su detención.
Una larga espera, un proceso complicado
Desde que fuera detenida el 19 de febrero de 2019, Rivas interpuso varios recursos legales y una apelación para obtener la libertad provisional o detener el proceso tanto en la instancia de los tribunales del estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, como a nivel federal australiano, sin lograr un fallo a su favor.
Una vez que se dicte sentencia, el proceso de extradición se podría prolongar durante años si las partes decidieran apelar el fallo y llevar la batalla legal hasta la máxima instancia judicial de Australia, el Tribunal Superior.
Aún así, para los familiares de los chilenos desaparecidos, el inicio del juicio es «muy emotivo y nos causa mucho nerviosismo», dijo a Efe desde Melbourne Pilar Aguilera, representante en Australia de la Campaña por la Verdad y Justicia en Chile, que también lamentó que muchos de ellos no pudieran desplazarse a Sídney por la COVID-19.
«Es un momento histórico, muy importante y han sido cinco años de paciencia y de lucha, pero lo importante es que se haga justicia por estos crímenes de lesa humanidad», precisó la activista.
Rivas, prófuga de la justicia
Adriana Rivas vive desde hace más de tres decenios en Australia, donde ha trabajado cuidando niños y limpiando casas.
En 2006 viajó a Chile para visitar a su familia y fue arrestada, pero logró huir nuevamente al país oceánico cuando se encontraba en libertad provisional.
Según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet, unos 3200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33,000 fueron torturados y encarcelados por motivos políticos.
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