Dos médicos y un exprofesor de la Facultad de Medicina de Harvard se adhirieron a la demanda que alega que el gobierno de Estados Unidos y las grandes empresas de tecnología se confabularon para censurar las voces disidentes.
El Dr. Jay Bhattacharya y Martin Kulldorff, autores de la Declaración de Great Barrington, se unieron el 2 de agosto a los estados de Missouri y Luisiana a la causa legal en curso que seguirá adelante con la presentación de pruebas tras una reciente sentencia.
El Dr. Aaron Kheriaty, quien fue despedido por negarse a recibir la vacuna contra COVID-19, también se unió a la acción legal.
Los tres afirman haberse visto afectados por la censura de las grandes empresas de tecnología y creen que las medidas punitivas fueron influenciadas o dirigidas por funcionarios del gobierno.
En abril de 2021, por ejemplo, YouTube, propiedad de Google, eliminó un vídeo de Bhattacharya y Kulldorff en el que se cuestionaba la eficacia de las mascarillas para detener la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19.
Kulldorff, exprofesor de la Facultad de Medicina de Harvard, quien ahora trabaja en el Instituto Brownstone, también fue suspendido por Twitter durante varias semanas tras plantear que las mascarillas dan a la población una falsa sensación de seguridad, lo que les hace más propensos a exponerse a la enfermedad. Esa es la misma teoría que había sido expuesta por altos funcionarios estadounidenses hasta que pasaron a respaldar el uso generalizado de mascarillas meses después de que comenzara la pandemia.
El Dr. Kheriaty también dijo que fue censurado por Twitter.
«Siempre he compartido los resultados de investigaciones revisadas por pares, así como mis propias opiniones y perspectivas en Twitter y LinkedIn. Sin embargo, no fue hasta que empecé a publicar información sobre COVID y nuestras políticas de respuesta a COVID que me encontré con la censura en la plataforma de Twitter», escribió Kheriaty en una declaración presentada en el nuevo caso.
A su vez, múltiples plataformas tomaron medidas contra la Declaración de Great Barrington, que exige una protección centrada en los ancianos dejando que el resto de la sociedad viva su vida con normalidad. A esta declaración se opusieron a voces altos cargos de la sanidad estadounidense, como el entonces director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins.
Los resultados de las búsquedas en Google situaron inicialmente la página web de la declaración cerca de los primeros puestos, pero pronto la situaron por debajo de los artículos que criticaban el documento, de acuerdo a las afirmaciones de Bhattacharya y Kulldorff. Reddit retiró los enlaces a la declaración y Facebook eliminó una página dedicada al documento, aunque posteriormente la restauró.
Autocensura
Los científicos afirmaron que han tenido que «autocensurarse» para intentar permanecer en las plataformas.
Esto ha significado a veces no publicar nada, y otras veces publicar utilizando «frases imaginativas», dijo Kulldorff.
El momento de las decisiones de censura apoya el argumento de que los movimientos fueron inducidos por el gobierno, incluyendo el que la censura de la declaración ocurriera poco después de que Francis Collins pidiera una «rápida y devastadora … retirada» del documento, dijeron los científicos.
«Habiendo observado y vivido la censura impulsada por el gobierno contra la Declaración de Great Barrington y sus coautores, está claro para mí que estos ataques fueron impulsados políticamente por actores del gobierno», escribió Bhattacharya.
Funcionarios del gobierno, como la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, han admitido abiertamente que marcaban los «posteos problemáticos» en Facebook y planteaban los problemas de los posteos a Twitter, señala la denuncia. A su vez algunas de las plataformas han reconocido haber consultado a los funcionarios del gobierno sobre la moderación de contenidos.
«La amplia campaña del gobierno para suprimir los puntos de vista de los demandantes y de otros como ellos, representa la abrogación más severa de la Primera Enmienda en los tiempos modernos y esperamos ver esta atrocidad constitucional rectificada en un tribunal de justicia», dijo Jenin Younes, una abogada de la Nueva Alianza de Libertades Civiles, que representa a los nuevos demandantes, a través de una declaración.
Los demandantes se añadieron a la demanda enmendada que fue presentada en respuesta a la moción de desestimación del gobierno.
Más demandados
La demanda enmendada elimina a una acusada, Jen Psaki, que ya no trabaja para el gobierno federal y añade a otros.
Carol Crawford, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC); la Oficina del Censo de EE. UU.; Jennifer Shopkorn, asesora principal de la oficina; el Departamento de Comercio; Robert Silvers y Samantha Vinograd, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional; la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras; Jen Easterly, directora de la agencia; y Gina McCarthy, asesora nacional sobre el clima de la Casa Blanca, fueron nombrados como demandados.
Ninguno de ellos había sido nombrado en la presentación original.
El Presidente Joe Biden, el Dr. Anthony Fauci y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, están entre los acusados nombrados en ambas demandas.
Las incorporaciones se produjeron después de que se diera a conocer nueva información, como correos electrónicos entre los CDC y altos ejecutivos de las grandes empresas de tecnología como Twitter.
Los mensajes demuestran que Crawford y sus colegas se reunieron y discutieron sobre la adopción de medidas contra la supuesta desinformación de COVID-19.
La Oficina del Censo participó en la coordinación, según las misivas.
Los mensajes, de acuerdo a la presentación modificada, «confirman las acusaciones de colusión entre funcionarios [del gobierno] y las plataformas de redes sociales para censurar discursos, oradores y puntos de vista desfavorables, como se alega en este documento».
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