Las autoridades de Los Ángeles advirtieron a la población sobre posibles fraudes en los precios y otras estafas, mientras dos mortíferos y destructivos incendios continuaban ardiendo en el condado el 13 de enero.
Los residentes seguían evacuados en toda la región, y miles de ellos han perdido sus hogares y negocios. A pesar de que los bomberos se juegan la vida, algunos delincuentes ven en esta situación una oportunidad, según las autoridades.
«Todavía hay personas en nuestra comunidad que, en lugar de dar las gracias, ven esta situación como una oportunidad para delinquir y aprovecharse ilegalmente de la situación», declaró el lunes Nathan Hochman, recién elegido fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, durante una rueda de prensa conjunta de la ciudad y el condado.
La fiscalía ya ha observado que los hoteles han subido los precios y que los caseros ofrecen alquileres por encima del aumento permitido del 10%. También han sido testigos de la especulación con los precios de los suministros médicos y de otro tipo, dijo Hochman.
Su oficina también es consciente de los estafadores en contacto con los residentes del condado de Los Ángeles, pretendiendo ser la recaudación de fondos para las víctimas en GoFundMe, dijo Hochman.
«Estoy aquí para decirles—esto no es una oportunidad», dijo. «Usted será arrestado. Serás procesado, y serás castigado con todo el peso de la ley».
La fiscalía cuenta con más de 170 fiscales adjuntos y está trabajando con las fuerzas del orden para investigar cualquier delito denunciado durante los incendios que han causado la muerte de al menos 24 personas y dañado o destruido 12,000 viviendas y otras estructuras en la zona de Los Ángeles.
Se espera que en los próximos meses y años el condado reciba miles de millones de dólares procedentes de ayudas públicas y reclamaciones de seguros.
Una estimación preliminar realizada por AccuWeather situaba los daños y las pérdidas económicas del incendio entre 250,000 y 275,000 millones de dólares, lo que lo convierte posiblemente en uno de los desastres naturales más costosos de la historia de Estados Unidos.
El fiscal general de California, Rob Bonta, también advirtió el sábado a las víctimas en una rueda de prensa sobre el incendio que los malos actores ven la oportunidad de aprovecharse de las familias damnificadas para hacer «dinero rápido».
«Hemos visto a empresas y propietarios… subir el precio de suministros y servicios esenciales, incluidos hoteles y alquileres a corto plazo», dijo Bonta. Se llama «price-gouging». «Es ilegal. No se puede hacer».
El castigo, si es declarado culpable, puede ser de hasta un año de cárcel y multas, dijo Bonta.
La supervisora del condado, Kathryn Barger, animó a la gente a visitar los sitios web del condado y a asistir en persona a los talleres para obtener ayuda oficial con la presentación de reclamaciones y solicitudes de prestaciones.
«Vi a personas repartiendo tarjetas», dijo Barger al visitar uno de los muchos sitios de donación de la comunidad que se han abierto desde que comenzaron los incendios la semana pasada. «No sé quiénes son, a quién representan. La gente está buscando una oportunidad».
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció que la ciudad había puesto en marcha un nuevo sistema de denuncia de precios abusivos para los residentes.
Se animó a todo aquel que quisiera denunciar un aumento ilegal de los alquileres y otros precios elevados a llamar al 311, el teléfono de información ciudadana de la ciudad.
«No tenemos tolerancia para ello», dijo Bass en una publicación en X el lunes.
Los precios abusivos son ilegales en el condado de Los Ángeles durante las emergencias, recordó el condado a los residentes el domingo.
Aumentar el precio de los bienes y servicios en un 10 por ciento o más puede considerarse un delito, según el Departamento de Asuntos Comerciales y del Consumidor del condado.
Los funcionarios del condado alentaron a los residentes a mantener registros detallados de las compras realizadas durante la emergencia.
«Los consumidores están protegidos contra subidas de precios del 10 por ciento o más durante 30 días en bienes y servicios y durante 180 días en servicios relacionados con contratistas», escribió el condado en las redes sociales el sábado.
Para denunciar posibles subidas ilegales de precios, se anima a los residentes a llamar al 800-593-8222 o enviar un correo electrónico a [email protected].
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