El Procurador General William Barr reiteró sus preocupaciones sobre los fiscales de distrito (DAs) que han prometido no aplicar categorías de delitos, y dijo que sus políticas están «empujando a varias ciudades de Estados Unidos hacia un pasado más peligroso».
Este número creciente de DAs no tradicionales, muchos de los cuales son conocidos como fiscales progresistas o DAs de reforma social, han sido criticados repetidamente por altos líderes del Departamento de Justicia (DOJ) junto con muchos expertos legales que están preocupados de que sus políticas promuevan la falta de respeto del estado de derecho, socavar la separación de poderes, aumentar el riesgo para la seguridad pública y amenazar con deshacer el progreso del Departamento de Justicia en la reducción de la delincuencia en todo el país.
Muchos de estos DAs ganaron sus oficinas buscando implementar lo que dicen ser un enfoque más equilibrado de la justicia penal en sus esfuerzos por «arreglar» el sistema. Sus políticas se alejan del enfoque tradicional de la lucha contra el crimen hacia medidas menos punitivas, comprometiéndose a aumentar la responsabilidad policial.
Barr dijo que estas políticas atacan «la raíz misma de nuestro sistema de aplicación de la ley» y conducen a una mayor criminalidad. Dijo que bajo estas políticas, las tasas de homicidios en varias ciudades han experimentado un aumento, con la tasa de asesinatos de Filadelfia alcanzando su punto más alto en más de una década, a pesar de la disminución de la tasa de criminalidad en todo el país.
Según el Departamento de Policía de Filadelfia, el conteo de homicidios en 2019 fue de 356, que es el número más alto desde 2008. La oficina del fiscal general de Filadelfia está dirigida por Larry Krasner, un notable fiscal progresista quien ha enfrentado críticas por sus planes extremos para la reforma del sistema de justicia penal. Desde que asumió el cargo en 2018, Krasner ha implementado políticas que, según él, reducirían el enjuiciamiento, chocando repetidamente con la policía. El departamento de policía informó un aumento del 5 por ciento en los delitos violentos, que incluyen homicidio, violación, robo con pistola y asalto agravado, entre 2018 y 2019.
«Estos DAs piensan que están ayudando a las personas, pero terminan lastimándolas», dijo Barr durante su discurso en la Conferencia de Invierno de Major Sheriffs of America (MCSA) el martes. Barr recibió el Premio del Presidente de MCSA durante el evento.
El fiscal general dijo que el sistema de justicia penal de los EE.UU. se basa en una respuesta gradual donde se impone un castigo basado en el historial criminal de un individuo. Dijo que esto significa que es importante recopilar historias criminales precisas para proteger la seguridad de la comunidad.
«Incluso si vamos a tratar delitos menores y anticipados con indulgencia, todavía necesitamos que sean acusados y registrados para que sepamos con quién estamos tratando a medida que pasa el tiempo», dijo. «Todo nuestro sistema se ve socavado por la práctica de ignorar categorías enteras de delitos penales».
Barr agregó que las políticas también «sabotean la efectividad» de la policía comunitaria y la Policía de Precisión, un enfoque policial iniciado por el Departamento de Policía de Nueva York que apunta a un número menor de sospechosos al centrarse en datos e información para construir investigaciones.
Dijo que las políticas de DA están socavando los enfoques policiales efectivos que «han tomado décadas de arduo trabajo para construir», refiriéndose a un caso de Nueva York en el que un hombre que iba a testificar contra MS-13 fue asesinado por uno de los miembros de la pandilla. Algunos han dicho que el testigo fue asesinado como resultado de nuevas reformas del proceso previo al descubrimiento que requiere que la fiscalía comparta información con la defensa. Los abogados de la defensa en el caso recibieron la identidad del testigo, pero negaron compartirla con el acusado, según Newsday.
«Entendimos que debido a que el crimen, particularmente el crimen violento, es cometido por un pequeño segmento de nuestra población, los delincuentes reincidentes deben ser sacados de las calles», dijo Barr.
Sus comentarios del martes se producen luego de que el fiscal general anunciara que el departamento estaba intensificando significativamente sus esfuerzos contra las jurisdicciones que implementan «políticas y leyes diseñadas para frustrar la capacidad de los oficiales federales de tomar la custodia de estos delincuentes y, por lo tanto, ayudarlos a escapar a la comunidad», comúnmente conocido como políticas de santuario.
Barr reveló varias medidas que el departamento estaba tomando para garantizar el «funcionamiento correcto y legal del sistema de inmigración federal de nuestra nación», incluida la demanda de varios estados por sus políticas de santuario, evaluar si las jurisdicciones en todo el país cumplen con las leyes penales federales y revisando las acciones de ciertos fiscales de distrito que pueden haber implementado políticas que acusan a los extranjeros de delitos menores que los protegerían de las consecuencias federales de inmigración.
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