Opinión
La investigación en curso del Departamento de Justicia sobre los orígenes de la investigación del FBI sobre Rusia, encabezada por el fiscal general William Barr, con la asistencia de fiscales estadounidenses de integridad intachable, incluidos John Durham de Connecticut y John Bash, del Distrito Oeste de Texas, está llegando a un momento crítico.
El proceso (a medida que los señalamientos se están convirtiendo en acusaciones y posiblemente en cargos sustantivos de actividad criminal) se ha retrasado y obstaculizado, principalmente por los efectos de la pandemia en la convocatoria y en los protocolos que atañen a la realización de las investigaciones del gran jurado. La presentación de pruebas a un gran jurado va seguida de deliberaciones y votaciones sobre si se deben presentar o no cargos penales específicos.
De particular importancia, e indicativa del progreso que se está logrando, fue la declaración de culpabilidad del exfuncionario de la sede del FBI, Kevin Clinesmith. El exfuncionario se responsabilizó por un cargo federal de falsificación de un documento, el cual se utilizó para justificar la vigilancia a un exasesor de campaña de Trump.
Cabe señalar que The Washington Post, Politico, The Associated Press, CNN y otros medios de comunicación dominantes se refirieron repetidamente a Clinesmith como un «exabogado del FBI» en lugar de como un abogado principal del FBI con acceso a materiales de máxima confidencialidad y altamente sensibles, con lo que aparentemente trataron de restar importancia a su importancia y a su papel dentro de la agencia. Eso ocurrió de la misma manera en que los medios inicialmente se refirieron repetidamente a Peter Strzok como un “agente especial del FBI” común y corriente, y no como un subdirector adjunto del FBI.
Dichos acuerdos para las declaraciones de culpabilidad suelen ser el primer paso en un acuerdo de cooperación, en el que el FBI primero cosecha los frutos más fáciles, con el propósito de lograr posteriormente objetivos de mayor valor.
En este caso, los objetivos eran antiguos trabajadores del séptimo piso del edificio J. Edgar Hoover del FBI, altos directivos responsables de la operación «Crossfire Hurricane», que fue nombrada así por los funcionarios de alto nivel de la sede, responsables de su inicio y ejecución. Un título de caso demasiado dramático que fue ridiculizado por los verdaderos agentes de campo.
Es notable por su ausencia cualquier participación relevante del director del FBI, Christopher Wray, en las investigaciones en curso. Después de una carrera de puertas giratorias, Wray ha trabajado, entre períodos en el Departamento de Justicia (DOJ) y en el bufete de abogados King and Spalding, donde, según Reuters, ganó USD 9.2 millones en el año anterior de su regreso al servicio público.
En periodos anteriores en el Departamento de Justicia, formó parte de la misma camarilla que su predecesor del FBI, James Comey, y parece no estar preparado para participar en una investigación, justa y objetiva, de malversación en la oficina que actualmente dirige.
En el curso de una entrevista televisada con Wolf Blitzer de CNN el 2 de agosto, Barr declaró que, de acuerdo con la política existente, el Departamento de Justicia no presentaría cargos «por razones políticas».
Sin embargo, eso no significa que no se presenten cargos por razones consistentes con la actividad delictiva, independientemente de si hay consecuencias políticas. Barr también se negó a descartar la presentación de una acusación formal o la presentación de cargos penales antes de las elecciones.
El tono de Blitzer fue inusualmente áspero y podría decirse que refleja una hostilidad que surge en los principales medios de comunicación y en el Partido Demócrata, por temor a los efectos de los cargos inminentes, junto con un esfuerzo por desacreditar al fiscal general a través de una variedad de ataques a su credibilidad.
En este sentido, Blitzer se centró en la opinión de Barr sobre el voto por correo, aplicando el engaño de los principales medios de comunicación, el cual se centra en decir que las preocupaciones de los republicanos, con un posible fraude electoral, son un intento de supresión de votantes.
Sorprendentemente, el representante Adam Schiff (D-Calif.), cuando fue entrevistado en CNN el 6 de septiembre, acusó expresamente al fiscal general —en varias ocasiones— de mentirle al pueblo estadounidense.
Barr había declarado en la entrevista de Blitzer que China, en comparación con Rusia, es una amenaza más significativa para la exitosa ejecución de las elecciones presidenciales de noviembre. Como ambos países tienen un extenso historial de intromisión en las elecciones estadounidenses, el problema es de grado.
La exageración de Schiff evidencia hasta qué punto los oponentes de Barr deben agarrarse de inconsistencias, en su intento de desacreditar a un servidor público cuya integridad es intachable.
Este es el mismo congresista que declaró públicamente en repetidas ocasiones que tenía evidencia concluyente de connivencia entre Trump y los rusos, evidencia que, hasta la fecha, no ha visto la luz del día ni ha sido revelada al público estadounidense.
Evidencia que, de haber existido, sin duda se habría sentido obligado a revelar antes de la publicación y divulgación del informe por parte del fiscal especial Robert Mueller, quien no pudo encontrar ninguna evidencia de tal conexión.
Los repetidos ataques sin fundamento de Schiff a Barr, reflejan el pánico y la hostilidad del Partido Demócrata con respecto a los cargos criminales esperados. Schiff, entre otras personas, aparentemente busca socavar la credibilidad de Barr, a fin de mitigar el impacto que las investigaciones tendrán cuando concluyan.
El dilema de Barr, en cuanto al momento oportuno, es significativo. Incluso con un cambio a una administración demócrata, aún se podrían presentar cargos hasta el final del mandato actual del presidente Donald Trump, momento en el que Barr, sin duda, volvería a la vida civil, junto con Durham y Bash.
Sin embargo, la probabilidad de que estos cargos sean procesados enérgicamente por un fiscal general demócrata es mínima. Si bien no necesariamente serían descartados por completo, más bien se dejarían marchitar lentamente por falta de atención.
Marc Ruskin, un veterano que trabajó 27 años para el FBI, es colaborador habitual y autor de «The Pretender: My Life Undercover for the FBI» (El aspirante: mi vida encubierta para el FBI). Se desempeñó en el personal legislativo del senador estadounidense Daniel Patrick Moynihan y como asistente del fiscal de distrito en Brooklyn, Nueva York. Siga a Marc en Twitter @mhruskin.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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