Beijing construye base de datos de ADN de amplia magnitud violando DD.HH., según expertos australianos

Por Frank Fang
18 de junio de 2020 7:25 PM Actualizado: 18 de junio de 2020 7:25 PM

Las autoridades chinas están recogiendo muestras genéticas de millones de sus ciudadanos, incluidos los alumnos de jardines infantiles y escuelas primarias, a menudo sin informe de consentimiento, lo que suscita preocupación por las violaciones a los derechos civiles y humanos.

El esfuerzo de China por crear una base de datos de ADN de sus ciudadanos se examina cuidadosamente en un informe titulado ‘Vigilancia genómica’, publicado el 17 de junio por el Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI), un centro de estudios con sede en Canberra.

«Una base de datos nacional que contenga la información genética de decenas de millones de ciudadanos chinos civiles es una clara expansión de la ya desenfrenada autoridad del gobierno chino y su Ministerio de Seguridad Pública», dice el informe.

La recopilación obligatoria de datos biométricos por parte de China está «profundizando el control del gobierno chino sobre la sociedad, al tiempo que viola las libertades humanas y civiles de millones de ciudadanos del país».

El informe revisó más de 700 documentos disponibles públicamente, incluyendo licitaciones y órdenes de compra del gobierno, posteos en redes sociales de las oficinas de la policía de China, documentos corporativos y reportes de noticias chinas.

El programa de recolección de ADN de China comenzó en 2003 y se limitó a ciertas partes del país, incluidos Tíbet y Xinjiang. Pero a partir de 2017, las colecciones para la base de datos de ADN se ampliaron en toda China, después de que el ministerio de Seguridad Pública, a cargo de la policía del país anunciara que los proyectos se dirigían a mejorar la lucha contra el delito y a «gestionar y controlar mejor la sociedad».

Esquema

A diferencia de los programas de recolección biométrica en Xinjiang y Tíbet, donde se recogieron muestras de casi toda la población local, después de 2017 las autoridades chinas adoptaron un enfoque selectivo, recogiendo únicamente muestras de ADN de ciertos ciudadanos varones, según el informe.

Esa recolección selectiva se basa en la idea de que las mujeres tienen dos cromosomas X, mientras que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Un cromosoma es una molécula de ADN que contiene los genes de una persona.

Al recoger muestras de ADN de hombres y niños, las autoridades chinas han creado una base de datos de ADN de los cromosomas Y-STR, que son repeticiones cortas en forma de tándem en los cromosomas Y. Las Y-STR se transmiten de padres a hijos, con poca variación de una generación a otra. Esto significa que conociendo las Y-STR de un hombre, uno puede fácilmente rastrear a sus parientes masculinos.

«Si una base de datos de Y-STR contiene una gran muestra representativa de perfiles de ADN y los correspondientes registros familiares, incluso los datos de un varón desconocido pueden coincidir potencialmente con un apellido e incluso con un individuo, siempre y cuando los investigadores tengan archivados los datos de Y-STR del padre, tío o incluso primo tercero de ese varón», explicó el informe de ASPI.

Los Y-STR se utilizan comúnmente en las análisis forenses y pruebas genealógicas de ADN.

En general, las autoridades chinas han lograron una mayor cobertura genética al recoger únicamente muestras de ADN de hombres y niños.

Por ejemplo, ASPI informó que las autoridades de la provincia de Henan, en el centro de China, lograron una cobertura genética del 98.71 por ciento al recolectar solamente muestras de ADN de 5,3 millones de hombres, o alrededor del 10 por ciento de la población masculina de la provincia, según dos documentos científicos locales de 2017.

En noviembre de 2017, el Ministerio de Seguridad Pública de China pidió públicamente la creación de una base de datos nacional Y-STR. En abril de 2020, ASPI documentó que había cientos de viajes de recolección de muestras de Y-STR dirigidos por la policía y realizados en 22 de las 31 regiones administrativas de China.

En junio del año pasado, el gobierno local del condado de Xia Bai Shi, situado en la provincia de Fujian, en el sur de China, informó en su cuenta de redes sociales WeChat que había recogido más de 1500 muestras de sangre de estudiantes de varias escuelas primarias y jardines infantiles locales, en su esfuerzo por crear un «sistema de inspección de la ascendencia masculina», otro nombre para la base de datos Y-STR.

ASPI advirtió sobre la intención detrás de la construcción de la base de datos. «Esto es muy preocupante. En el sistema autoritario de un solo partido en China no hay división entre vigilar el crimen y reprimir la disidencia política».

A su vez agregó que tener una base de datos policial de las genealogías de los ciudadanos «es probable que aumente la represión del Estado contra los familiares de los disidentes y socave aún más los derechos civiles y humanos de los disidentes y las comunidades minoritarias».

En el informe se señala que no se encontraron fuentes que sugierian que las autoridades chinas hubieran buscado el consentimiento de las personas antes de recoger las muestras de Y-STR. Además, las autoridades a menudo no explicaron por qué se estaban tomando las muestras.

Por ejemplo, un padre no identificado preguntó en Zhihu, el equivalente chino de la plataforma Quora, si la exigencia de las autoridades sanitarias locales de tomar la muestra de ADN de su hijo supondría una intromisión en la intimidad personal. Él relató que cuando llamó a la policía local por su preocupación, una funcionaria le amenazó con revocarle el permiso de residencia si se negaba a que le tomaran la muestra de su hijo.

«El programa de vigilancia genómica del gobierno chino no está en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos y las mejores prácticas para la manipulación de material genético humano», concluyó el informe de la ASPI.

Empresas

Empresas chinas y extranjeras, entre ellas la empresa biomédica Thermo Fisher, con sede en Estados Unidos, han proporcionado a «la policía china el equipo y la propiedad intelectual necesarios para recoger, almacenar y analizar las muestras de Y-STR», según el informe.

En el momento de la publicación, Thermo Fisher no respondió a la solicitud de comentarios.

En el documento se destaca a la empresa AGCU Scientech, una filial de Anhui Anke Bioengineering (Group) Co., como uno de los principales productores chinos de equipos de análisis de Y-STR.

Anhui Anke, una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghai, participó en el programa del régimen chino, incluido el Programa 863, que, según las autoridades estadounidenses, guía los intentos de «adquirir clandestinamente tecnología e información económica sensible de Estados Unidos».

El presidente y fundador de AGCU Scientech es Zhen Weiguo, también es vicepresidente de Anhui Anke.

Antes de que Zhen regresara a China, se graduó con un doctorado en química orgánica de la Universidad de Brandeis y trabajó en varias empresas de Estados Unidos, incluyendo como científico de plantilla en Applied Biosystems de 1997 a 2004, según su página de LinkedIn. Applied Biosystems es una marca de Thermo Fisher.

Según ASPI, Zhen regresó a China en 2006 y estableció AGCU bajo el programa estatal de reclutamiento de China, el Plan de Mil Talentos.

Beijing puso en marcha el Plan de Mil Talentos en 2008, para reclutar agresivamente a prometedores investigadores de ciencia y tecnología de países extranjeros para trabajar en China.

Muchos profesores de Estados Unidos han sido acusados de no haber revelado su participación en el Plan de Mil Talentos, entre ellos los de la Universidad de Emory, la Universidad de Kansas y Harvard. Algunos participantes del Plan de Mil Talentos han sido acusados de robo de propiedad intelectual.

Otra empresa china, Beijing Hisign Technology, fundada por un miembro del ejército chino, el Ejército Popular de Liberación, proporcionó soluciones de bases de datos Y-STR a varias oficinas policiales regionales, según ASPI.

«Las empresas de biotecnología deben asegurarse de que sus productos y servicios se adhieran a las mejores prácticas internacionales y no contribuyan a los abusos de los derechos humanos en China, y deben suspender las colaboraciones en materia de ventas, servicios e investigación con las autoridades estatales chinas si se identifican violaciones», recomendó ASPI.

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