Comentario
«Yo, Agnes Chow-ting, anuncio que me voy de Hong Kong hoy» comenzó una declaración.
«Por la presente me retiro de Demosisto», se lee en otra.
Esto continuó durante todo el día, ya que uno a uno, destacados activistas pro-democracia de Hong Kong anunciaron su intención de retirarse de la política o dejar la ciudad por completo. La largamente temida ley de seguridad nacional, que ha estado rondando Hong Kong durante décadas, ha llegado finalmente.
Publicada y promulgada justo después de las 11 p.m., hora local, el 30 de junio, la legislación criminaliza cuatro categorías de delitos: secesión, subversión del poder del Estado, terrorismo y colusión con «fuerzas extranjeras» que ponen en peligro la seguridad nacional. La cadena perpetua es posible en las cuatro.
«Hong Kong se ha convertido en Shenzhen del Sur», comentó un usuario en un foro de internet pro-democracia, refiriéndose a la ciudad de China continental que abraza la frontera norte de Hong Kong. Lo que es seguro es que la ley es un golpe mortal a la libertad de expresión, el derecho a la protesta, y el marco de un país, dos sistemas bajo el cual se supone que Hong Kong goza de un alto grado de autonomía.
Entre las disposiciones más preocupantes de la legislación se encuentra el artículo que establece que los juicios se celebrarán en el continente para los delitos más graves. La ley enumera tres situaciones en las que Beijing tiene jurisdicción: cuando Hong Kong «no puede ejecutar» la ley, cuando hay «complicadas interferencias extranjeras fuera del control de Hong Kong» o cuando se juzgan casos que ponen en grave peligro la seguridad nacional, de modo que las autoridades de Hong Kong «no pueden hacer cumplir la ley de manera efectiva».
Incluso después de los acontecimientos del año pasado, Hong Kong conserva un sistema jurídico que figura entre los más respetados de Asia, lo que contrasta fuertemente con el sistema jurídico de China continental, un caos deliberadamente vago y turbio en el que la única autoridad verdadera es la voluntad del partido.
Objetivos
Entre los objetivos más probables de un juicio en el continente se encuentra el propietario de medios de comunicación pro-democracia Jimmy Lai, que durante mucho tiempo ha sido una figura de odio tanto para los partidarios de Beijing como para las autoridades. Descrito como una cucaracha en los medios de comunicación estatales, Lai y sus publicaciones han sido durante mucho tiempo una espina clavada para el Partido Comunista Chino (PCCh), y en los últimos días se ha informado que Lai sería arrestado el 1 de julio, el primer día en que la ley entrara en vigor.
Es muy probable que la ley se dirija a activistas pro-democracia de alto perfil, que en gran medida están en paz con su destino, con Joshua Wong diciendo en un foro la semana pasada, «No es una exageración decir que hoy podría ser mi última oportunidad de hablar en público como un hombre libre».
Mientras tanto, la organización Demosisto de Wong, un grupo activista internacionalmente conocido por estar al frente del esfuerzo de cabildeo global del movimiento pro-democracia ha anunciado que se está desmantelando. Sus dirigentes serían probablemente un blanco clave de la cuarta categoría de delitos, «colusión con fuerzas extranjeras», debido a sus reuniones periódicas y muy publicitadas con destacados políticos de EE.UU., entre ellos la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-California), y los senadores Josh Hawley (R-Mo.) y Ted Cruz (R-Texas).
Las acusaciones de «fuerzas extranjeras» que se inmiscuyen en los asuntos de Hong Kong son una farsa en el mejor de los casos y una verdadera ilusión en el peor. Beijing tiene la firme opinión de que fuerzas extranjeras hostiles están orquestando las protestas, con acusaciones de que a los manifestantes se les paga con «dinero de la CIA», apareciendo en los medios de comunicación estatales. La mejor prueba de ello que ha podido reunir el PCCh son las fotografías de caucásicos en el lugar de las protestas, acusándolos de ser espías de la CIA, como si la CIA no empleara a ningún miembro del personal de origen chino que pudiera estar presente si así lo desearan.
Se hace aún más ridículo cuando uno recuerda que según la propia constitución del Partido, el marxismo-leninismo sigue siendo la principal «guía de acción» del PCCh— y es en sí mismo una importación puramente europea.
Atmósfera de terror
Sin embargo, aunque la ley está claramente dirigida a atrapar a muchas de las grandes bestias del campo pro-democracia de Hong Kong, el propósito principal de la legislación no es encarcelar a los Jimmy Lais o Joshua Wongs.
En su lugar, es crear una atmósfera de terror entre cualquier persona de la población que contemple la resistencia y sofocar la disidencia en el proceso. Como me explicó un amigo que fue elegido como consejero de distrito en la aplastante victoria electoral del campo pro-democracia el pasado noviembre: «Encerrarán a los peces gordos, no cabe duda. Pero también perseguirán a muchos de los peces pequeños. Quieren que todos los que apoyan el movimiento democrático en Hong Kong piensen, ‘Podría ser yo'».
Crear esa sensación de miedo entre los partidarios de la democracia es la mejor esperanza de Beijing para derrotar al floreciente movimiento prodemocrático por cualquier medio que no sea la declaración de la ley marcial— una posibilidad definitiva si los manifestantes de primera línea se radicalizan aún más y comienzan a volver la ciudad ingobernable.
Otro objetivo clave de la legislación es crear un estado generalizado de autocensura que impregne toda la sociedad de Hong Kong. Por ejemplo, es más probable que los periodistas y reporteros se lo piensen dos veces cuando escriban sobre temas políticamente sensibles cuando una posible cadena perpetua cuelgue sobre su cabeza.
En sus 18 páginas, la legislación incluye una sola mención pasajera a la protección de la libertad de prensa; una simple promesa de que la libertad de prensa será «protegida en conformidad con la ley».
Sin embargo, cualquier efecto de la ley que sientan los miembros de la prensa será probablemente eclipsado por el que sientan los propios activistas. El medio de comunicación local HK01, citando fuentes, informa de que cualquiera que renuncie a las banderas proindependencia o cante eslóganes proindependencia en futuras protestas estará cometiendo un delito en virtud de la ley de seguridad nacional, probablemente un delito de secesión.
Aniversario de la entrega
El 1 de julio se celebra el aniversario de la entrega de Hong Kong, una fecha fundamental en el calendario político de la ciudad y tradicionalmente marcada por una gran marcha de protesta en favor de la democracia. Es posible que los arrestos y cargos bajo la nueva ley puedan comenzar en las próximas 24 horas. Ciertamente no es un accidente que las autoridades se apresuraran a promulgar la legislación solo una hora antes de que comenzara el aniversario.
Todas las miradas en Beijing estarán ahora en la respuesta de la comunidad internacional. Citando el riesgo de que «la tecnología sensible de EE.UU. se desvíe al Ejército de Liberación Popular o al Ministerio de Seguridad del Estado», el secretario de comercio de EE.UU. Wilbur Ross anunció el 30 de junio que el estatus comercial especial de Hong Kong había sido revocado. El secretario de Estado Mike Pompeo probablemente también tratará de esbozar medidas de represalia en un futuro próximo.
Mientras tanto, en Londres, se espera que el secretario de Relaciones Exteriores Dominic Raab haga una declaración. Cuando Raab anunció que el Reino Unido ofrecía a alrededor de dos tercios de la población de Hong Kong un camino hacia la ciudadanía británica, prometió «más medidas» si Beijing seguía adelante con la aprobación de la ley de seguridad nacional. Un número creciente de halcones chinos del partido conservador—sin mencionar a la gente de Hong Kong—estarán atentos para ver si será fiel a su palabra.
Pero sobre el terreno en Hong Kong, estas medidas no cambiarían mucho el predicamento en el que se encuentra el movimiento pro-democracia de la ciudad. Mientras que el apoyo internacional y las posibles sanciones futuras podrían alterar el comportamiento de Beijing, la realidad es que las jóvenes multitudes de activistas pro-democracia de Hong Kong se encuentran luchando solos con una superpotencia.
No se hacen ilusiones al respecto. Como me dijo un viejo amigo y manifestante hace unos días, «No habrá marines de EE.UU. que se nos unan en la bahía de Causeway la próxima semana», refiriéndose a un popular distrito comercial y el punto de encuentro para el inicio de muchas marchas masivas.
Con la temida ley ahora en el libro de leyes, la pelota está firmemente en la cancha de los manifestantes. La forma en que respondan en las próximas semanas puede determinar el destino del levantamiento democrático de Hong Kong.
Jack Hazlewood es un estudiante y activista con sede en Londres. Anteriormente trabajó para un partido político localista en Hong Kong y se desempeñó como productor de campo para el documental «Add Oil» de la emisora de periodismo de conflicto Frente Popular, que seguía a los manifestantes de primera línea en Hong Kong durante el período previo al día nacional de China en 2019.
Apoye nuestro periodismo independiente donando un «café» para el equipo.
A continuación
Hong Kong se preocupa por su futuro tras aprobación de ley china
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
