Beijing utiliza el sistema de pensiones para castigar a disidentes y grupos religiosos

Por Haizhong Ning y Yi Ru
15 de diciembre de 2021 3:35 PM Actualizado: 15 de diciembre de 2021 3:35 PM

Análisis de noticias

Los defensores de los derechos en China suelen ser privados de sus pensiones como castigo por parte del régimen comunista chino.

Cui Xuemin, de 74 años, exprofesora de un colegio de la provincia de Heilongjiang, recibió un trato de este tipo tras defender sus derechos a practicar Falun Gong. Fue encarcelada durante tres años y se le retiró la pensión de jubilación.

Cui se jubiló en 1998. En una reciente entrevista, declaró a la edición china de The Epoch Times que el régimen canceló su fondo de jubilación en octubre de 1999.

«No he recibido ni un céntimo desde entonces», dijo. Cui ahora tiene asilo político en Canadá.

Muchos practicantes chinos de Falun Gong han relatado experiencias similares, según Minghui.org, un sitio web con sede en Estados Unidos que documenta la brutal campaña de persecución del régimen contra la práctica de Falun Gong desde julio de 1999.

Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica de meditación que incluye un conjunto de enseñanzas morales basadas en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. El régimen comenzó la persecución a Falun Gong en julio de 1999. Desde entonces, millones de personas han sido detenidas en diversos centros, y cientos de miles han sido torturadas, según el Centro de Información sobre Falun Dafa.

Utilización del sistema de pensiones

En los últimos años, muchos disidentes y defensores de los derechos chinos también han sido víctimas de la suspensión de las pensiones.

Los siguientes son ejemplos:

Sun Wenguang, profesor jubilado de la Universidad de Shandong, vio reducida su pensión de jubilación del nivel de profesor al de empleado en 2018, debido a su opinión sobre la reforma democrática en China.

A Cai Xia, profesora jubilada de la Escuela del Partido Central, se le revocó la pensión de jubilación en 2020 debido a sus comentarios que fueron acusados de ser «problemas políticos graves y que dañan la reputación del país» por el régimen.

A Yan Zhihua, historiador chino, se le canceló la pensión en 2020, debido a su libro que documenta la muerte de 1.4 millones de residentes locales en un distrito de la provincia de Sichuan durante la Gran Hambruna de 1959-1962.

«Se trata de un ahorro personal, no deberían haber abusado de él como medio político», dijo Chien-yuan Tseng, presidente de la Nueva Escuela para la Democracia.

En una entrevista concedida a la edición china de The Epoch Times, Tseng comentó que privar de la pensión personal es algo cruel e inhumano, «es un chantaje político».

Preocupación por la legalidad

Zhu Shengwu, que anteriormente había ejercido la abogacía en China, dijo a la edición china de The Epoch Times: «Las pensiones son derechos básicos y no pueden ser canceladas», lo que es cierto según la ley del Partido y el derecho internacional».

Dijo que el régimen dice una cosa, pero hace otra, «aboga por los derechos de supervivencia, pero también priva descaradamente a la gente de sus medios de supervivencia».

También dijo que ninguna de las leyes del Partido estipula la suspensión de las pensiones de jubilación durante el encarcelamiento. Sin embargo, vio que muchos ancianos practicantes de Falun Gong fueron privados de sus pensiones mientras eran sometidos a prisión por ejercer su libertad de creencia.

El portavoz del Centro de Información sobre Falun Dafa, Zhang Erping, subrayó que ha habido muchos ancianos practicantes de Falun Gong maltratados por el régimen desde que comenzó la campaña de persecución.

Dijo que solo en marzo de este año, se sabe que al menos cinco practicantes de Falun Gong mayores de 80 años fueron encarcelados.

Mencionó en particular los Principios de las Naciones Unidas para las Personas Mayores, adoptados en 1991. En ellos se afirma: «Las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales» y «recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución económica».

Sin embargo, «como Estado miembro, el régimen está tomando la iniciativa de socavar este principio de la ONU», dijo Zhang.


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