La Casa Blanca anunció el viernes que el presidente Joe Biden concederá clemencia a 31 individuos que fueron condenados por delitos de drogas no violentos.
Los delitos cometidos por estas personas incluyen posesión y distribución de metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína, así como conspiración para distribuir estas drogas y posesión de un arma de fuego durante y en relación con un delito de tráfico de drogas.
La Casa Blanca dijo que la medida forma parte del plan de la administración Biden para ayudar a las personas encarceladas a reintegrarse con éxito en la sociedad, lo que incluye la reducción de las barreras para votar y otras medidas.
«Estas personas, que han cumplido con éxito sus condenas en régimen de reclusión domiciliaria, han demostrado su compromiso con la rehabilitación, entre otras cosas, consiguiendo un empleo y avanzando en su educación», declaró la Casa Blanca.
Aunque las conmutaciones no eliminan las condenas, la Casa Blanca señaló que muchos de los beneficiarios habrían recibido condenas más bajas si hubieran sido condenados hoy en día debido a las reformas de la justicia penal, incluida la Ley del Primer Paso. Esta ley fue aprobada por el Congreso y promulgada por el expresidente Donald Trump, en 2018.
Los beneficiarios de la clemencia estarán bajo confinamiento domiciliario hasta que las conmutaciones entren en vigor el 30 de junio, después de lo cual quedarán en libertad supervisada.
Según Susan Rice, principal asesora de política interior de Biden, quien dejará el cargo en mayo, las clemencias divulgadas el viernes forman parte de una iniciativa más amplia centrada en la reinserción y rehabilitación de presos.
Las sentencias deberían «reflejar la gravedad del delito» y ofrecer una oportunidad de «rehabilitación significativa» y reinserción en la sociedad, declaró Rice a la prensa.
«Los líderes de ambos partidos reconocieron que estas medidas no son solo las que hay que hacer», dijo Rice. «Son lo más inteligente que se puede hacer para que nuestras comunidades sean más seguras y más fuertes, para potenciar a las personas, las comunidades, nuestra economía y nuestra nación en su conjunto».
Plan de rehabilitación
El indulto forma parte de un plan más amplio de la administración Biden para mejorar la rehabilitación en cárceles y prisiones, apoyar el éxito de la reinserción y reforzar la seguridad pública mediante la publicación de un «Plan Estratégico de Alternativas, Rehabilitación y Reinserción».
El plan incluye más de 100 medidas políticas para mejorar el sistema de justicia penal, como ampliar el acceso a la atención sanitaria, la vivienda segura, las oportunidades educativas y las oportunidades laborales, al tiempo que se reducen los obstáculos para votar.
La Casa Blanca afirmó que la mayoría de las personas encarceladas tienen derecho a votar y señaló que el Departamento de Justicia publicó en mayo de 2022 una guía sobre las normas de voto estatales que se aplican tras las condenas penales, la que «proporcionará orientación sobre los derechos de voto específicos de cada estado para las personas encarceladas y promoverá estrategias para reducir las barreras para los votantes elegibles».
El plan más amplio también incluye disposiciones para las personas implicadas en el sistema de justicia penal, para extender el acceso a la atención sanitaria, incluida la salud mental y el tratamiento de las adicciones. También incluye medidas para aumentar la financiación de programas de vivienda asequible y proporcionar apoyo a las personas que regresan a sus comunidades tras el encarcelamiento, con el fin de ayudar a prevenir la reincidencia.
También forma parte del plan ampliar el acceso a las oportunidades educativas, incluida la educación universitaria para personas encarceladas y el aumento de la financiación para programas de formación laboral y desarrollo de la mano de obra. Según la Casa Blanca, al proporcionar a las personas la educación y los conocimientos que necesitan para conseguir empleos bien remunerados, el plan pretende reducir la probabilidad de que se involucren en actividades delictivas.
El año pasado, Biden dijo que indultaría todos los delitos federales previos de posesión simple de marihuana y pidió a los gobernadores que hicieran lo mismo con los delitos estatales.
«Hay miles de personas que fueron condenadas anteriormente por posesión simple y a las que se les pueden negar oportunidades de empleo, vivienda o educación como consecuencia de ello. Mi indulto eliminará esta carga», dijo Biden en un comunicado el 6 de octubre de 2022.
El gobierno de Biden dijo entonces que había más de 6500 personas con condenas federales desde 1992 hasta 2021 y miles de otras con condenas en virtud de la ley del Distrito de Columbia.
Un número creciente de estados han despenalizado la posesión de marihuana y otros delitos relacionados con la marihuana en los últimos años, y los funcionarios federales rara vez presentan cargos federales contra las personas que están violando la ley federal.
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