El presidente Joe Biden defendió el jueves la decisión de emitir ordenes de vacunación generales para contratistas federales, trabajadores de la salud y empleados del sector privado.
El Departamento de Trabajo emitió un requisito de vacuna o prueba para decenas de millones de empleados del sector privado en lugares de trabajo con 100 o más trabajadores con una fecha límite del 4 de enero, generando preocupaciones de escasez de trabajadores en industrias clave en medio de los cuellos de botella en las cadenas de suministros. Los contratistas federales y la mayoría de los trabajadores de la salud tienen una fecha límite del 4 de enero para vacunarse sin la opción de someterse a pruebas semanales según la norma.
«Como hemos visto con las empresas—grandes y pequeñas—en todos los sectores de nuestra economía, la inmensa mayoría de los estadounidenses optan por vacunarse», dijo Biden en un comunicado, retomando las declaraciones hechas la semana pasada por su asesor de COVID-19, Jeff. Zients. “No ha habido ‘despidos masivos’ ni escasez de trabajadores a causa de los requisitos de vacunación. A pesar de lo que algunos predijeron y afirman falsamente, los requisitos de vacunación cuentan con un amplio apoyo público».
A continuación, Biden afirmó que las vacunas son la mejor «vía de escape de esta pandemia», aunque varios estudios han demostrado que las personas completamente vacunadas aún transmiten COVID-19 a otras personas vacunadas. Hace varias semanas, los funcionarios de salud federales aprobaron las dosis de refuerzo para la vacuna contra COVID-19 de Pfizer.
“Si bien hubiera preferido que los requisitos no fueran necesarios, hay demasiada gente que sigue sin vacunarse para que salgamos de esta pandemia definitivamente», dijo Biden. «Así que instituí requisitos—y están funcionando».
En septiembre, cuando anunció la norma, Biden dijo que la tasa de vacunación de EE. UU. estaba por detrás de la de otras naciones. Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron a inicios de esta semana que el 80 % de los adultos han recibido al menos una vacuna, mientras que el 70 % se encuentran completamente vacunados.
A diferencia de la orden que afecta a los lugares de trabajo con 100 o más empleados, los contratistas federales y el personal de atención médica no pueden optar por solicitar pruebas semanales a sus trabajadores. Antes de que la norma se retrasara el jueves, varias asociaciones industriales importantes advirtieron que la orden crearía una escasez masiva de personal y provocaría una temporada caótica de celebraciones.
Sin embargo, la norma ya ha sido objetada por funcionarios estatales republicanos pocas horas después de su publicación. Los fiscales generales de Ohio, Tennessee y Kentucky demandaron a la administración Biden por la orden para los contratistas federales.
«A menos que intervengamos, los contratistas federales en Tennessee se verán obligados a dar sentido a las muchas inconsistencias de la orden que requiere que toda su plantilla sea vacunada o se enfrentarán una posible inclusión en la lista negra y a la pérdida de futuros contratos federales», dijo el fiscal general de Tennessee, Herbert H. Slatery III, en un declaración anunciando la demanda.
Los congresistas también pueden tomar medidas. El jueves por la tarde, el representante James Comer (R-Ky.), el miembro de mayor rango del Comité de Reforma y Supervisión de la Cámara de Representantes, instó a la administración a considerar la posibilidad de eximir de las sanciones a las empresas que han sufrido debido a los cuellos de botella en la cadena de suministro.
«Penalizar a los contratistas, muchos de los cuales licitaron y recibieron contratos antes del colapso de la cadena de suministro, perturbará aún más la economía», escribió Comer en su carta a la Oficina de Política Federal de Adquisiciones, la Administración de Servicios Generales, la NASA y el Pentagono. «Los contratistas de pequeñas empresas pueden verse particularmente afectados por las multas y los recargos por mora—lo que hace poco probable que sobrevivan».
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