Estados Unidos está trabajando con las autoridades mexicanas para detener la inmigración ilegal, dijo el presidente Joe Biden el 20 de septiembre.
«Estamos trabajando con México y otros países para detener el flujo», dijo Biden tras un discurso en Washington.
Respondía así a una pregunta sobre el aumento de los cruces ilegales de la frontera durante su primer mandato.
Ya se han realizado más de dos millones de detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México en el año fiscal 2022, la mayor cantidad en la historia de Estados Unidos. La Administración Biden ya ha establecido los récords de mayor número de aprehensiones en un año fiscal y en un año natural.
Los funcionarios de la administración se han esforzado por destacar un aumento de los inmigrantes procedentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba que cruzan la frontera, y Biden retomó la narrativa.
«Hay menos inmigrantes procedentes de Centroamérica y de México. Esta es una circunstancia totalmente diferente. Lo que hay ahora es Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y la capacidad de enviarlos de vuelta a esos estados no es racional», dijo, antes de afirmar que su administración estaba trabajando con México. «Pero esa es la diferencia».
Según las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), de los 157,291 inmigrantes ilegales «únicos» detenidos en agosto, el 35 por ciento eran de Veneuzela, Cuba o Nicaragua. Esto supuso un aumento del 175% con respecto a agosto de 2021.
Los inmigrantes ilegales únicos son aquellos que no han sido detenidos en la frontera en los últimos 12 meses.
Numéricamente, se capturaron más inmigrantes de México y el norte de Centroamérica, es decir, 56,979 frente a 55,333. Ese grupo constituyó el 36 por ciento de los encuentros únicos, pero el número se redujo en un 43 por ciento desde agosto de 2021.
«Los regímenes comunistas en decadencia en Venezuela, Nicaragua y Cuba están impulsando una nueva ola migratoria a través del hemisferio occidental, incluyendo el reciente aumento de encuentros en la frontera suroeste de Estados Unidos», dijo Chris Magnus, el comisionado de la CBP, en un comunicado.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas en Washington que los funcionarios de la administración están «haciendo lo posible para trabajar con nuestros socios regionales para hacer frente a este nuevo desafío y procesar a las personas de una manera segura, ordenada y humana».
Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, dijo que el gobierno de Biden no está aplicando la autoridad del Título 42, que permite la rápida expulsión de inmigrantes ilegales, a las personas que proceden de Venezuela, Nicaragua y Cuba. La CBP no quiso responder a las preguntas sobre las exenciones, a las que aludió Biden.
En el Senado, el jefe de la minoría del Senado, John Thune (R-S.D.), dijo que el fuerte aumento de la inmigración ilegal ha «dado lugar a escenas de casi caos en la frontera sur» y pidió al gobierno de Biden que detenga lo que describió como «políticas de fronteras abiertas de facto».
Thune señaló que un inmigrante dijo a un medio de comunicación que «entramos libremente, sin problemas».
«Ese es el mensaje que han transmitido las políticas de inmigración del presidente Biden, y cuanto más continúe con sus políticas fronterizas abiertas de facto», dijo Thune, «más individuos se van a animar a intentar el peligroso viaje a través de nuestra frontera sur».
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