El Presidente Joe Biden promulgó el 10 de abril una medida que pone fin a la emergencia nacional COVID-19 más de tres años después de su promulgación, anunció la Casa Blanca.
El proyecto HJ Res 7 fue aprobado por el Senado el 29 de marzo con un resultado de 68-23 votos, en el que 21 demócratas que se unieron a los 47 republicanos para apoyar la medida.
Cuatro republicanos y cinco demócratas no emitieron su voto y 23 demócratas votaron en contra de la breve resolución que fue introducida por el representante Paul Gosar (R-Ariz) y aprobada en la Cámara el 1 de febrero con 229-197 votos .
Once demócratas votaron en contra de la medida de la Cámara.
La legislación incluía una simple descripción de una línea declarando que la emergencia nacional pandémica «se daba por terminada».
Antes de la votación de la resolución en el Senado. El senador Roger Marshall (R-Kansas) animó a sus colegas legisladores a «poner fin a este capítulo y dejar que los estadounidenses vuelvan a sus vidas».
«Pido a mis colegas que se unan a mí de nuevo de una manera bipartidista fuerte para enviar esta resolución al escritorio del presidente para poner fin a la declaración de emergencia nacional para COVID-19 de una vez por todas hoy», dijo Marshall.
El presidente Donald Trump promulgó la emergencia nacional por COVID el 13 de marzo de 2020, después de establecer la emergencia de salud pública por COVID el 31 de enero de 2020.
Originalmente, la Casa Blanca planeaba poner fin a ambas emergencias el 11 de mayo.
En una entrevista con 60 Minutes el pasado septiembre, Biden dijo que «la pandemia había terminado».
«Todavía tenemos un problema con COVID. Todavía estamos trabajando mucho en ello. Pero la pandemia terminó», dijo Biden.
«Si se fijan, nadie lleva mascarillas. Todo el mundo parece estar en buena forma y por eso creo que está cambiando».
La administración Biden escribió una carta al Congreso el 30 de enero en la que destacaba el razonamiento en el que se basaba la decisión de poner fin a la emergencia nacional de COVID y a la emergencia de salud pública, el 11 de mayo.
«En la actualidad, el plan de la administración es extender las declaraciones de emergencia hasta el 11 de mayo, y luego poner fin a ambas emergencias en esa fecha.
«Esta extensión estaría en consonancia con los compromisos anteriores de la administración de notificar con al menos 60 días de antelación la finalización de la emergencia sanitaria nacional», se lee en la carta.
«Para ser claros, [la] continuación de estas declaraciones de emergencia hasta el 11 de mayo no impone ninguna restricción en absoluto sobre la conducta individual con respecto a COVID-19», continúa la carta.
«No imponen mandatos de mascarillas ni de vacunas. No restringen el funcionamiento de escuelas o empresas. No exigen el uso de ningún medicamento o prueba en respuesta a casos de COVID-19».
En ese momento, la Casa Blanca dijo en una declaración que «un final abrupto de las declaraciones de emergencia crearía un caos de gran alcance y la incertidumbre en todo el sistema de salud —para los estados, para los hospitales y consultorios médicos, y lo más importante, para decenas de millones de estadounidenses».
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. emitió exenciones generales en el marco de la emergencia nacional para los requisitos relacionados con la inscripción de proveedores de Medicare, las reuniones en persona entre proveedores y pacientes, y las directrices para proveedores de Medicare y Medicaid de otros estados que exigían que estuvieran autorizados en el estado en el que prestan servicios.
También se dio flexibilidad a los estados y territorios para administrar servicios en instalaciones sin licencia, y se permitió a los proveedores inscritos temporalmente evitar el pago de tasas de solicitud y la realización de comprobaciones de antecedentes penales.
Las exenciones se anunciaron en torno al inicio de la pandemia, cuando se ordenaron cierres y se flexibilizaron varias normas para minimizar el número de personas que salían de sus casas en busca de servicios médicos.
Múltiples exenciones para Medicare, Medicaid y CHIP terminarán como resultado de la resolución. Muchos de los cambios se habían vuelto irrelevantes durante el año pasado, a medida que se relajaban las medidas contra la pandemia.
Biden animó inicialmente a los legisladores a dejar que las emergencias expiraran el 11 de mayo y dijo que «una transición ordenada es crítica para la salud y la seguridad de la nación».
El 29 de marzo, un portavoz de la Casa Blanca confirmó que Biden no vetaría la HJ Res. 7.
Durante una rueda de prensa celebrada el 30 de marzo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, explicó por qué el presidente dio marcha atrás de su carta del 30 de enero.
«Si el Presidente hubiera pensado vetar esta ley, el SAP [Statement of Administrative Policy-Statement of Administrative Policy] se habría manifestado así», dijo Jean-Pierre.
«Sin duda los miembros del Congreso lo saben. Entienden cómo funciona, y cómo funciona también ese proceso».
«Estamos en un lugar y un momento diferentes al que estábamos en enero. Eso es algo que todos ustedes saben y de lo que han informado», añadió Jean-Pierre.
«Nosotros hemos estado reduciendo las medidas durante los dos últimos meses, y el levantamiento de la emergencia nacional, pocas semanas antes de la de salud pública, no afectará a nuestros esfuerzos por hacerlo de forma ordenada».
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