Después de que un hombre armado matara a 18 personas en Maine, el presidente Joe Biden emitió una declaración pidiendo más medidas de control de armas, lo que llevó a un grupo defensor de la Segunda enmienda a denunciar sus comentarios como una «repulsiva politización de una tragedia».
El sospechoso de ser responsable de un tiroteo masivo la noche del miércoles, en Lewiston, es Robert Card, que al momento de la noticia seguía prófugo. Las autoridades lo han estado buscando en bosques, vías fluviales y pequeñas ciudades, mientras muchos residentes de Maine se refugiaban en su lugar de residencia.
La policía dijo que el Sr. Card, un reservista del Ejército de Estados Unidos, debe ser considerado armado y peligroso y no debe ser abordado. A la vez, emitieron órdenes de arresto en su contra por ocho cargos de asesinato.
«La razón por la que son ocho cargos es porque aún no se ha identificado a diez personas», indicó el coronel William Ross, de la Policía Estatal de Maine, en una rueda de prensa el jueves por la mañana.
Según la policía, los problemas de salud mental del sospechoso pueden haber sido un factor.
La gobernadora de Maine, Janet Mills, prometió hacer todo lo necesario para atrapar al Sr. Card y «buscar justicia plena para las víctimas y sus familias».
Por su parte, el presidente Biden ordenó que la bandera ondeara a media asta en la Casa Blanca y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, aprovechando la ocasión para abogar por un mayor control de las armas.
«Simplemente no son suficientes»
En su declaración, el presidente Biden dijo que el país estaba de luto tras otro tiroteo masivo.
Se trata del 36º asesinato masivo en Estados Unidos en lo que va de año, según una base de datos mantenida por The Associated Press y Northeastern.
«Demasiados estadounidenses han tenido ya un familiar muerto o herido como consecuencia de la violencia armada. Eso no es normal, y no podemos aceptarlo», dijo el presidente.
A continuación, se centró en las leyes de control de armas, haciendo hincapié en la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras que firmó, así como en las dos docenas de medidas ejecutivas que ha tomado para restringir la posesión de armas de fuego.
También mencionó la reciente creación de la Oficina de Prevención de la Violencia Armada de la Casa Blanca, antes de añadir que todas estas medidas «simplemente no son suficientes».
A continuación, instó a los legisladores republicanos a colaborar con los demócratas para aprobar nuevas leyes de control de armas.
«Hoy, tras otra tragedia más, insto a los legisladores republicanos del Congreso a que cumplan con su deber de proteger al pueblo estadounidense», dijo el presidente Biden.
«Trabajen con nosotros para aprobar un proyecto de ley que prohíba las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, promulgar controles universales de antecedentes, exigir el almacenamiento seguro de las armas y poner fin a la inmunidad de responsabilidad de los fabricantes de armas», añadió el mandatario.
La vicepresidenta Kamala Harris emitió una declaración por su cuenta y agregó leyes de «bandera roja» a la lista.
A continuación, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, impulsó el llamado de sus jefes a favor de leyes más estrictas sobre armas, diciendo en una conferencia de prensa que «ahora es el momento de encontrar puntos en común» para aprobar más leyes que «mantengan las armas fuera del alcance de los criminales e individuos peligrosos que no tienen por qué estar armados con un arma de guerra».
Si bien Jean-Pierre no dio más detalles sobre lo que quería decir con «armas de guerra», sus comentarios (y los de sus jefes) fueron recibidos con una reacción crítica por parte de los defensores de la Segunda enmienda.
«Otra repulsiva politización»
Gun Owners of America, un grupo de defensa de los derechos de las armas, recurrió a las redes sociales para denunciar lo que vio como la administración Biden explotando una tragedia con fines políticos.
«Otra repulsiva politización de una tragedia por parte de la administración Biden», dijo el grupo en un posteo en X.
«NINGUNA de estas medidas de control de armas detendría a un asesino que intenta cometer actos atroces de violencia pública masiva», añadió el grupo de defensa.
Las imágenes de vigilancia del pistolero muestran que llevaba lo que parece ser un rifle tipo AR, que el presidente Biden y otros han etiquetado a menudo como «arma de asalto».
Sin embargo, los datos del FBI sobre los tipos de armas utilizadas en los homicidios en Estados Unidos muestran que los rifles representan menos del 3 por ciento de los asesinatos, y los cuchillos y otros instrumentos cortantes representan más del 10 por ciento.
Los defensores del derecho a portar armas generalmente reconocen el trágico número de personas que mueren cada año con armas de fuego, que asciende aproximadamente a 10,000. Pero también argumentan que los activistas por el control de armas se centran casi exclusivamente en las trágicas cifras de muertes e ignoran las muchas más vidas salvadas por las armas.
Según la Encuesta Nacional sobre Armas de Fuego de 2021 (pdf) publicada por la Universidad de Georgetown, se estima que hubo 1.67 millones de casos en los que una persona utilizó un arma de fuego en defensa propia o de otros.
Aunque las pistolas son el tipo más común de arma de fuego utilizada para la autodefensa, los AR-15 o rifles de estilo similar han estado bajo la propiedad de más del 30 por ciento de los propietarios de armas, o alrededor de 24.6 millones de personas.
El año pasado, después de un tiroteo masivo en un Walmart en Virginia, el presidente Biden pidió «leyes de armas mucho más estrictas», diciendo que él planeaba impulsar la prohibición de las «armas de asalto». También calificó la idea de permitir que las «armas semiautomáticas» estén disponibles para ser compradas era «enfermizo».
En cuanto a la adopción de leyes de alerta (también conocidas como órdenes de protección contra riesgos extremos, o ERPO), que el presidente Biden volvió a solicitar el jueves, la evidencia de su utilidad parece en gran medida poco concluyente.
Si bien algunos estudios, como uno de la Coalición para detener la violencia armada (pdf) y otro del Instituto para la Prevención de Lesiones por Armas de Fuego de la Universidad de Michigan, afirman que las ERPO pueden ayudar a reducir los suicidios y los tiroteos masivos, una investigación de la Corporación RAND encontró que la evidencia no es concluyente.
Mientras los defensores del control de armas han promocionado las leyes de alerta como una herramienta poderosa para reducir los delitos violentos, los defensores del derecho a portar armas han argumentado que tales leyes no serán efectivas para reducir el crimen, sino que solo harán que los ciudadanos respetuosos de la ley sean más vulnerables al reducir su acceso a herramientas que pueden utilizar para defenderse a sí mismos y a sus familias.
“Le están quitando la propiedad y los medios de autodefensa a alguien”, dijo a PBS Richard Mack, un exsheriff de Arizona, que dirige la Asociación de Sheriffs Constitucionales y Oficiales de Paz pro-armas.
Otros argumentan que el problema no son las armas, sino la falta de institucionalización de los enfermos mentales.
“La realidad es que, si no se institucionaliza a las personas perturbadas, estas personas que presentan amenazas reales a la sociedad seguirán siendo una amenaza incluso después de confiscar sus armas de fuego, ya que seguirán teniendo la capacidad de utilizar un cuchillo, un vehículo motorizado o innumerables otros elementos potencialmente letales para matar, para cometer asesinatos en masa”, escribieron unas dos docenas de legisladores conservadores de Dakota del Sur en una carta de 2019 abogando en contra las leyes de bandera roja.
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