El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su primer día en el cargo emitió una orden ejecutiva que obliga a la Oficina del Censo a incluir a los inmigrantes ilegales en su escrutinio.
El expresidente Donald Trump pretendía excluir a los extranjeros.
El secretario de Comercio «informará la contabilización de la población total por estado que refleje el número entero de personas cuya residencia habitual estaba en cada estado en la fecha designada del censo en la sección 141(a) del título 13 del Código de Estados Unidos, sin tener en cuenta su estatus migratorio», declara la orden.
«Además, el secretario utilizará contabilizaciones de la población que reflejan el número total de personas cuya residencia habitual se encontraba en cada estado en la fecha del censo, sin tener en cuenta la situación de inmigración, en los informes que se faciliten al gobernador y a los funcionarios u organismos públicos que tengan la responsabilidad de los prorrateos o reparticiones de distritos legislativos de cada estado», añade.
El prorrateo o repartición de derechos es la forma en que se establece el número de representantes de Estados Unidos. Los estados con mayor población obtienen un número mayor. Excluir a los inmigrantes ilegales avivó el temor de que varios estados perdieran escaños, entre ellos California.
A través de dos órdenes ejecutivas, Trump ordenó a las agencias ejecutivas que dieran a la Oficina del Censo datos sobre la ciudadanía y que la oficina utilice los datos para determinar quién está en el país ilegalmente y luego excluirlos del informe de prorrateo. Las órdenes fueron confirmadas como legales por la Corte Suprema.
La Oficina del Censo debió entregar el informe antes del 31 de diciembre de 2020, pero no cumplió el plazo legal. Poco después, la oficina dejó de cumplir las órdenes de Trump. El director de la Oficina, Steven Dillingham, nombrado por Trump, dimitió el 18 de enero.
Prácticamente todos los demócratas del Congreso se opusieron a las órdenes de Trump. «Los esfuerzos del gobierno de Trump para excluir del censo a los no ciudadanos fueron tanto ilegales como arraigados en el odio. Me enorgullece ver que @POTUS está actuando de manera decisiva para revertir esa decisión y asegurar que los recursos federales puedan ser distribuidos de manera justa y precisa en la próxima década», escribió el miércoles el presidente de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler ( D-N.Y.), aplaudiendo el mandato de Biden.
La orden de Biden afirma que en ningún momento de la historia de Estados Unidos «el estatus migratorio de una persona sirvió por sí solo como base para excluir a esa persona del recuento total de la población utilizado en el prorrateo».
La política de Trump «rompió con esta larga tradición», añade la orden. «Pretendía producir una base de prorrateo diferente, una que excluya en la mayor medida posible a las personas que no tienen un estatus migratorio legal. Esta política entraba en conflicto con el principio de igualdad de representación consagrado en nuestra Constitución, los estatutos del censo y la tradición histórica. Además, la política obligaba a la Oficina del Censo a basarse indebidamente en registros relacionados con el estatus migratorio, que probablemente fueran incompletos e inexactos».
En la nueva orden no se establece ningún plazo y aún no está claro cuándo la oficina tendrá listos los datos del prorrateo.
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