El presidente Joe Biden prometió el viernes utilizar una ampliación de su autoridad para cerrar la desbordada frontera sur de Estados Unidos en caso de que el Congreso apruebe un acuerdo bipartidista que vincula las medidas de seguridad de inmigración a la ayuda a Ucrania e Israel.
Esto se produjo después de que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijera el viernes que el acuerdo estaría «muerto a su llegada» a la Cámara de Representantes de Estados Unidos si las informaciones sobre sus condiciones son ciertas. Las condiciones del acuerdo aún no se han hecho públicas.
En una declaración a última hora del viernes, el presidente Biden alabó las negociaciones entre un grupo bipartidista de legisladores y su administración sobre el paquete de financiación suplementaria.
Un supuesto borrador filtrado del acuerdo, que ha sido rechazado por los negociadores republicanos, parece sugerir que las condiciones permitirían la entrada en el país de hasta 5000 inmigrantes ilegales al día, de promedio a lo largo de una semana, o hasta 8500 en un solo día, antes de que los agentes de la patrulla fronteriza deban expulsarlos. Esto supuestamente incluye el texto entre otras concesiones.
El viernes, el presidente Biden instó al Congreso a apoyar el paquete legislativo, afirmando que las condiciones serían el conjunto de reformas «más duras y justas» que jamás se hayan hecho para asegurar la frontera. La Casa Blanca no dio más detalles sobre las condiciones.
Un aspecto clave de las reformas propuestas incluye la concesión al presidente de una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea desbordada.
«Esto me daría, como Presidente, una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea desbordada», dijo el presidente Biden, según la Casa Blanca.
«Y si se me da esa autoridad, la usaría el día que firme el proyecto de ley».
El acuerdo «morirá a su llegada»
Previamente, el presidente de la Cámara de Representantes dijo a sus colegas del senado que la legislación no se aprobaría en la cámara baja si los republicanos de la Cámara consideraban que no abordaba adecuadamente la cuestión del número récord de inmigrantes ilegales que cruzan a Estados Unidos.
“Quería brindar una breve actualización sobre el suplemento y la frontera, ya que el Senado parece incapaz de llegar a ningún acuerdo. Si los rumores sobre el contenido del borrador de la propuesta son ciertos, de todos modos moriría al llegar a la Cámara”, escribió el Sr. Johnson.
“Hoy vuelvo a enfatizar que los republicanos de la Cámara de Representantes se opondrán enérgicamente a cualquier nueva propuesta política de la Casa Blanca o el Senado que incentive aún más a los extranjeros ilegales a violar nuestras leyes”, añadió el presidente de la Cámara.
En la carta, el Sr. Johnson atribuyó la crisis de la frontera sur a acciones deliberadas del presidente Biden y su administración, acusándolos de ignorar y socavar las leyes de inmigración del país.
“En lugar de aceptar la responsabilidad, el presidente Biden ahora está tratando de culpar al Congreso por lo que él mismo creó intencionalmente”, escribió a continuación.
La administración Biden negó las acusaciones de no hacer lo suficiente para reducir la afluencia de inmigración ilegal, citando fluctuaciones estacionales, un sistema de inmigración fallido y el cambio climático como factores que contribuyen al aumento.
El representante Johnson se reunió con el presidente Biden y los negociadores en la Casa Blanca la semana pasada, pero las negociaciones sobre el acuerdo parecen haberse estancado en el Senado.
Un grupo de senadores de ambos lados del espectro político han estado trabajando juntos durante varias semanas para finalizar un acuerdo de financiación que cubriría tanto la seguridad fronteriza como la ayuda exterior para Ucrania e Israel. Los senadores pretenden conseguir USD 60,000 millones en ayuda para apoyar el actual conflicto de Ucrania con Rusia.
El Departamento de Defensa ya usó los fondos designados para Ucrania sin necesidad de aprobación del Congreso.
La administración Biden está buscando más de USD 100,000 millones en financiación, de los cuales USD 14,000 millones de dólares estarían asignados para la frontera. Sin embargo, los republicanos especificaron ciertos requisitos, como limitaciones a la liberación de inmigrantes al interior, incluido el uso de la libertad condicional. Por lo tanto, los negociadores están tratando de encontrar un compromiso que satisfaga a ambas partes.
En su declaración del viernes, el presidente Biden pidió al Congreso que asigne los fondos necesarios que solicitó en octubre pasado para reforzar la seguridad fronteriza. Este financiamiento respaldaría la incorporación de 1300 agentes de la patrulla fronteriza, 375 jueces de inmigración, 1600 oficiales de asilo y más de 100 máquinas de inspección de última generación diseñadas para detectar y detener la afluencia de fentanilo en la frontera suroeste.
“Asegurar la frontera a través de estas negociaciones es una victoria para Estados Unidos. Para todos los que exigen un control fronterizo más estricto, esta es la manera de hacerlo”, añadió el presidente Biden.
Enfrentamiento en Texas
El cambio de postura del presidente Biden se produjo en medio de un enfrentamiento sobre los asuntos fronterizos entre su administración y Texas.
Ante la presión de la administración Biden, el gobernador de Texas, Greg Abbott, un republicano, reforzó la autoridad estatal bajo el Artículo I de la Constitución de Estados Unidos para detener la avalancha de inmigrantes ilegales que llegan a su estado a través de una sección de la frontera en Eagle Pass.
En un intento por disuadir a los inmigrantes ilegales, las autoridades del estado de Texas tomaron el control de un parque público en Eagle Pass y comenzaron a instalar alambre de púas como barrera. Al respecto, la Corte Suprema de Estados Unidos se inclinó a favor de la administración Biden, afirmando que las autoridades federales podrían retirar el cable, pero a pesar de ello, el estado de Texas continúa aún con la instalación de la barrera.
La administración Biden dio a Texas hasta el viernes para “cesar y desistir” de sus actividades en Shelby Park, pero el fiscal general del estado, Ken Paxton, se negó el viernes a ceder a sus demandas. El gobernador Abbott ha acusado al gobierno federal de romper “el pacto entre Estados Unidos y los estados”.
En un comunicado del 25 de enero, el Sr. Abbot afirmó que el presidente Biden no ha cumplido con su responsabilidad constitucional de hacer cumplir las leyes federales que protegen a los estados del aumento de la inmigración ilegal.
“El resultado es que ha batido récords de inmigración ilegal”, dijo el Sr. Abbott, acusando al presidente de violar su juramento de ejecutar fielmente las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso. En lugar de procesar las entradas ilegales, el Sr. Abbott afirma que el presidente Biden envió abogados federales para demandar a Texas por “tomar medidas para asegurar la frontera”.
El gobernador Abbot destacó que Texas tiene la autoridad constitucional para defenderse.
Con la contribución de Samantha Flom.
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