Análisis de noticia
Si los votantes eligen al candidato presidencial demócrata Joe Biden para el cargo más alto del país en noviembre, aquellos que viven en los suburbios de Estados Unidos podrían sufrir una sorpresa muy desagradable a inicios de 2021.
Dentro de la descripción del sitio web de la campaña de Biden sobre las posiciones y promesas de la política de vivienda del exvicepresidente, se encuentra esta declaración sobre «eliminar las regulaciones de vivienda locales y estatales que perpetúan la discriminación» en los suburbios de las grandes ciudades de Estados Unidos.
«La zonificación excluyente se ha utilizado estratégicamente durante décadas para mantener a las personas de color y a las familias de bajos ingresos fuera de ciertas comunidades. Como presidente, Biden promulgará una legislación que exija que cualquier estado que reciba fondos federales a través de subsidios para el desarrollo comunitario o subsidios para el desarrollo comunitario de transportación, desarrolle una estrategia para la zonificación inclusiva, según lo propuesto en la Ley HOME de 2019 por el coordinador de la mayoría en la Cámara, [James] Clyburn [D-S.C.] y el senador Cory Booker [D-N.J.]».
«Biden también invertirá USD 300 millones en Subvenciones para Vivienda Local para brindar a los estados y localidades la asistencia técnica y el apoyo de planificación que necesitan para eliminar leyes que impactan a gente de color y que contribuyen a la expansión incontrolable».
Las promesas de Biden usarían el gran garrote de retener los fondos federales a los estados que se nieguen a derogar las regulaciones de zonificación, con especial énfasis en poner fin a las viviendas unifamiliares.
Si se implementa lo que se prometió, el plan de vivienda de Biden reviviría y ampliaría la regulación de Fomento Afirmativo de Vivienda Justa (AFFH) del presidente Barack Obama, la cual fue recientemente derogada por el presidente Donald Trump y el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), Ben Carson.
Trump y Carson consideraron que la AFFH pondría fin a la zonificación local y otorgaría a los burócratas federales de HUD un poder sin precedentes para decidir dónde y cómo se construiría cada nueva casa, iglesia y negocio en Estados Unidos.
Detrás de las preocupaciones sobre la discriminación en materia de vivienda y la expansión suburbana hay una poderosa herramienta regulatoria para revivir las políticas de desarrollo de alta concentración y de estilo urbano de la AFFH, dijo Stanley Kurtz, miembro senior del Ethics and Public Policy Center, a The Epoch Times el 27 de agosto.
«El principal peligro es que si Biden es elegido, restablecerá la AFFH, lo cual ha prometido hacer, y ha prometido hacer incluso más que eso», dijo Kurtz.
«Biden reconstituirá la AFFH, y no solo eso, sino que añadirá políticas adicionales para impulsar las mismas cosas que la AFFH estaba impulsando, pero de maneras que son aún más difíciles de evitar».
Un portavoz de la campaña de Biden no respondió a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Un análisis recientemente publicado por Chase Martin, un investigador visitante del Opportunity Solutions Project (OSP) con sede en Florida, señala que el plan Biden se suma a la AFFH al aprovechar las desesperadas dificultades financieras que muchos estados enfrentan, debido al aumento de los costos del Medicaid.
«En el año 2000, el gasto de Medicaid consumió poco menos del 20 por ciento de los presupuestos estatales de todo el país. Desafortunadamente, esos gastos de asistencia social están consumiendo ahora cerca del 30 por ciento de los gastos del presupuesto estatal a nivel nacional y han llegado a casi el 40 por ciento en algunos estados, notablemente en Pensilvania y Ohio», escribió Martin en el informe de la OSP.
La implementación agresiva del plan Biden podría causar estragos sociales y económicos en los suburbios de Pensilvania y Ohio, dos de los principales campos de batalla en las elecciones presidenciales de 2020.
Pero no se trata solo de Pensilvania y Ohio, ya que los gobiernos estatales de todo el país mantienen más de 4.2 millones de millas de carreteras de infraestructura, y la financiación de las reparaciones y las nuevas construcciones están cada vez más amenazadas por el aumento de los costos del Medicaid. El mantenimiento de las carreteras representa por sí solo 150,000 puestos de trabajo en todo el país, según Martin.
«En última instancia, bajo la política de rezonificación de Biden, los estados que ya están amarrados por los costos inflados de Medicaid se verían en la difícil situación de elegir entre perder miles de millones de dólares en fondos federales y destrozar sus suburbios», según Martin.
El uso de fondos federales para carreteras, como propone Biden, para forzar las políticas nacionales en los gobiernos estatales y locales, fue raramente utilizado hasta que el presidente Richard Nixon lo utilizó para crear el límite de velocidad nacional de 55 millas por hora durante la crisis de la gasolina de 1974.
La misma táctica fue utilizada por Nixon un año después para imponer en todo el país el uso obligatorio de cascos de motocicleta y por el presidente Ronald Reagan para elevar la edad nacional de consumo de alcohol a 21 años en 1984.
A pesar de la desobediencia pública generalizada, no fue hasta 20 años después que las leyes del límite de velocidad («double nickel») y del casco fueran derogadas, en 1995, como parte de la revolución del «Contract with America» («Contrato con Estados Unidos») encabezada por el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich.
«Piensen en esto, una vez que hagan cambios, y si los demócratas arrasan con el Congreso, creo que lo harán legislativamente», dijo Kurtz. «Si eso sucede, bueno, comenzarán a construir cosas de inmediato. Veinte años después, puedes cambiar el límite de velocidad y ha cambiado, pero no vas a poder derribar esos edificios», dijo Kurtz.
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