El 11 de marzo, el presidente Joe Biden hizo público su presupuesto de 7.3 billones de dólares para el año fiscal 2025, que prevé importantes subidas de impuestos para los ricos y las empresas.
Incluye medidas de recorte de gastos para las familias, la construcción de viviendas asequibles y la inversión en la industria manufacturera estadounidense, en consonancia con los años anteriores. También incluye financiación para las iniciativas de equidad de la administración en todo el gobierno estadounidense.
La propuesta presupuestaria de Biden reduciría el déficit federal en casi 3 billones de dólares durante la próxima década, siguiendo la línea de reducción del déficit propuesta por el presidente el año pasado.
He aquí algunos puntos destacados de la propuesta de presupuesto para el año fiscal que comienza en octubre:
Propuestas fiscales
El presidente hace hincapié en la subida de impuestos a los ultra-ricos y a las empresas para ayudar a pagar su propuesta de gasto a partir de 2024. Pide un impuesto mínimo del 25% para las familias que ganen más de 100 millones de dólares. Además, el plan pretende derogar parcialmente los recortes fiscales del expresidente Donald Trump, elevando el tipo impositivo individual máximo del 37% al 39,6% y el tipo del impuesto de sociedades del 21% al 28%.
También propone aumentar el tipo del impuesto mínimo de sociedades del 15% al 21%. El impuesto mínimo, promulgado como parte de la Ley de Reducción de la Inflación en 2023, exige actualmente que las empresas con más de 1000 millones de dólares de ingresos paguen un impuesto federal de al menos el 15 por ciento de sus beneficios.
El presupuesto también propone «reformar el sistema fiscal internacional» elevando el tipo impositivo sobre los beneficios en el extranjero de las empresas multinacionales estadounidenses del 10.5 por ciento al 21 por ciento. De este modo, el presidente afirma que quiere «reducir los incentivos para contabilizar beneficios en jurisdicciones de baja tributación, deteniendo las inversiones empresariales en paraísos fiscales».
El anteproyecto pide que se cuadruplique el impuesto del 1% sobre la recompra de acciones que entró en vigor el año pasado, lo que, según la Casa Blanca, «abordaría la continua ventaja fiscal de las recompras y animaría a las empresas a invertir en productividad y en la economía en general».
También pide impuestos más altos para las empresas, negando las deducciones de todas las compensaciones «superiores a 1 millón de dólares pagadas a cualquier empleado de una corporación C». De este modo, el presidente quiere disuadir a las empresas de dar a sus empleados «paquetes salariales masivos».
«La mitad de nuestra subida de impuestos provendría de la subida de tasas para las empresas. La otra mitad recaería sobre el 1% más rico de este país», declaró a los periodistas la directora de Presupuestos de la Casa Blanca, Shalanda Young, durante una conferencia telefónica celebrada el 11 de marzo.
Defensa y Asuntos de los Veteranos
El presupuesto aplicaría recortes al Departamento de Asuntos de los Veteranos, al mismo tiempo que impulsaría un aumento del gasto relacionado con las guerras de Ucrania y Gaza.
El gasto discrecional de la Administración de Veteranos sufrirá un recorte de más del 4%, unos 5600 millones de dólares.
El Departamento de Defensa, por su parte, vería incrementado su gasto discrecional en más de un 4%, para combatir las amenazas en Gaza, Ucrania y el Indo-Pacífico.
El presupuesto también pide al Congreso que apruebe la versión aprobada por el Senado de la solicitud de gasto suplementario del presidente, que asignaría más de 90,000 millones de dólares en gastos relacionados con la seguridad, destinados a reforzar Israel, Ucrania y la presencia de Estados Unidos en el Pacífico.
Aunque ese proyecto de ley suplementario fue aprobado por el Senado con una fuerte mayoría bipartidista, se ha estancado en la Cámara de Representantes, donde los legisladores se han vuelto cautelosos ante la caída en picado del sentimiento interno respecto a los enredos militares en el extranjero.
El Pentágono seguiría recibiendo fondos para varios proyectos importantes independientemente del destino del complemento, incluida la modernización continuada del arsenal nuclear de la nación, la recapitalización de la flota de submarinos de ataque y dinero para invertir en investigación y desarrollo relacionados con la inteligencia artificial (IA).
Otras prioridades del presidente
El presupuesto destina 1400 millones de dólares a programas de educación STEM y desarrollo de la mano de obra en la Fundación Nacional de la Ciencia que hacen hincapié en la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad.
El presupuesto financia la educación preescolar voluntaria, universal y gratuita para los cuatro millones de niños de cuatro años del país y traza un camino para ampliar la educación preescolar a los niños de tres años.
Invierte casi 1500 millones de dólares en toda la EPA para apoyar los esfuerzos de justicia medioambiental.
El presupuesto también incluye 7800 millones de dólares para el programa Artemis, que llevaría astronautas —incluidas las primeras mujeres, las primeras personas de color y los primeros astronautas internacionales— a la superficie lunar como parte de un viaje a largo plazo de ciencia y exploración.
El presupuesto incluye 17,700 millones de dólares, lo que supone un aumento de 1100 millones por encima del nivel aprobado para 2023 y de 2600 millones por encima del nivel aprobado para 2021. El presupuesto incluye 17,700 millones de dólares, 1100 millones por encima del nivel aprobado para 2023 y 2600 millones por encima del nivel aprobado para 2021, para la aplicación de la ley del Departamento de Justicia, incluidos 2000 millones de dólares para la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos para: investigar y perseguir eficazmente los delitos con armas de fuego; ampliar las fuerzas de ataque multijurisdiccionales contra el tráfico de armas; aumentar la regulación de la industria de las armas de fuego; reforzar la balística para la resolución de delitos, los residuos de pólvora y otras tecnologías forenses, así como los analistas; y aplicar la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras.
El presupuesto destina 51 millones de dólares a la Oficina Federal de Investigación para apoyar la aplicación continuada de las comprobaciones de antecedentes mejoradas, una disposición clave de la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras.
El presupuesto propone un fondo de contingencia de 4700 millones de dólares para ayudar al DHS y a sus componentes a responder a las oleadas migratorias en la frontera suroeste.
El anteproyecto también incluye, y por tanto reitera, las necesidades no cubiertas de la petición suplementaria de octubre de 2023. Además de las necesidades urgentes, la petición incluye inversiones para crear capacidad a más largo plazo en los ámbitos de la seguridad fronteriza, la aplicación de las leyes de inmigración y la lucha contra el fentanilo, por un total de 2900 millones de dólares para el DHS.
El presupuesto invierte 65 millones de dólares en Comercio para salvaguardar, regular y promover la IA, incluida la protección del público estadounidense contra sus riesgos sociales.
El presupuesto proporciona 162 millones de dólares a la Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación, un aumento de 22 millones de dólares por encima del nivel aprobado para 2023 (significativo en medio del aumento del antisemitismo en los campus universitarios tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre y la actual guerra entre Hamás e Israel).
El presupuesto incluye 10,600 millones de dólares en programas de investigación, desarrollo, demostración y despliegue de energía limpia y climática del DOE, lo que supone un aumento del 12% respecto al nivel aprobado para 2023.
El plan presupuestario del presidente, que esboza sus prioridades financieras, tendrá un significado simbólico especial este año en que busca la reelección.
Mientras tanto, los legisladores siguen luchando por financiar el gobierno para el año fiscal 2024. Tienen que aprobar un segundo paquete de financiación de seis proyectos de ley, incluido uno de defensa, antes de la fecha límite del 22 de marzo.
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